Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó que durante el 2013 las agresiones en contra del derecho a la libertad de expresión se hayan elevado a 424 en todo el país, más del doble de las que se dieron en 2012, cuando se registraron 184.
Asimismo denunció que la Ciudad de México, gobernada por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, sea la entidad que más agresiones registró contra periodistas y personas que ejercen este derecho.
De acuerdo con el organismo capitalino, hasta el 2013 se registraron 424 atentados en contra de la libertad de expresión, en donde se atacó a periodistas, medios de comunicación y personas que ejercen este derecho al publicar, documentar, manifestarse o realizar otros actos protegidos.
“En 2013, la entidad federativa que más agresiones registró fue el Distrito Federal con 123 contra la libertad de expresión, mientras que las entidades que le siguieron fueron Oaxaca con 50, y Veracruz con 43”, denunció la CDHDF en un comunicado de prensa.
Señaló que aunque el Distrito Federal es el lugar con el número más elevado de agresiones, éstas no son las más graves y generalmente se trata de ataques físicos y materiales en contextos de manifestaciones sociales en la Ciudad de México.
Sin embargo dijo que esto es también de alta preocupación pues puede constituir el inicio de una política de criminalización de la protesta social y el derecho a informar, a la libre reunión y a la manifestación.
“En comparación con el Distrito Federal se encuentra el caso del estado de Michoacán, donde se registran menos de 10 ataques en contra de la libertad de expresión, pero incluye casos graves como el de la muerte de al menos cinco personas que ejercían su libertad de expresión al protestar por la violencia”, precisó el organismo.
Recordó que –en virtud de las obligaciones de los artículos 1º de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos– las autoridades del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
“Esto debe traducirse en acciones positivas para garantizar que las agresiones cesen, pero también en que las autoridades no realicen acciones que en el futuro puedan lesionar la libertad de expresión, tal como resultaría de los distintos intentos de regular las manifestaciones sociales, tal como fue expuesto en la ‘Propuesta General 01/2013′”.
