Activistas de derechos humanos denuncian el vínculo entre el Partido Verde Ecologista de México y grupos paramilitares de Chiapas. Una problemática que agrava la falta de institucionalidad en el estado, aseguran.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que el partido Verde Ecologista de México (PVEM) está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en los municipios de Tila y Sabanilla en el norte de Chiapas.

“Nosotros que hemos trabajado la zona desde hace muchísimos años conocemos perfectamente la presencia de este grupo de Paz y Justicia, y su vínculo que tienen con los partidos políticos, sobre todo en este momento con el Partido Verde Ecologista”, dijo Jorge Luis Hernández, coordinador del área de incidencia en la organización.

El partido ganó ambos municipios en las elecciones de junio en coalición con Nueva Alianza. Esta acusación respaldaría la también hecha por parte de ejidatarios de Tila, quienes el 26 de diciembre, acusaron al apoderado legal del ayuntamiento de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de amedrentar a los locales a través del grupo paramilitar Paz y Justicia.

“Digamos que desde la última elección que fue en julio, en donde el Partido Verde Ecologista hace una elección de estado [en referencia al respaldo del Gobierno estatal a los candidatos del PVEM], y se da una situación de violencia y de temor, obligando a la gente a votar por este partido. Pues los ejidatarios en realidad se molestaron mucho”, dijo Hernández.

El centro refirió que desde entonces el cargo de la Presidencia Municipal no se ha podido ejercer desde las oficinas del Ayuntamiento en la cabecera municipal, sino de manera itinerante.

Lo que también obedece, de acuerdo con Hernández, a la disputa que mantienen los ejidatarios de Tila para que las autoridades les devuelvan 130 hectáreas, que de acuerdo con una resolución presidencial de 1934 les pertenecen, y de las cuales la cabecera municipal ocupa 52 hectáreas.

Los ejidatarios, que toman decisiones bajo un gobierno comunitario de asambleas, llevan esperando cinco años la resolución de un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impidió una resolución de un tribunal agrario en el 2008, el cual había fallado a favor de devolver las tierras a los ejidatarios.

Además del apoderado legal del ayuntamiento de Tila, en el comunicado del 26 de diciembre, los ejidatarios señalaron de tener vínculos con los grupos paramilitares a cuatro personas más, de la zona baja de Tila, identificadas como: Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque, a Mateo Guzmán, de Agua Fría, a “don Pascual” de el Lima.

“El grupo Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los 90 hasta el 2000 fue cuando realizaron sus acciones mucho más ofensivas. Pero a partir de ahí la estructura como tal nunca fue desarmada, ni desmantelada”, detalló Hernández.

Además, descartó que la presencia de este grupo paramilitar se tratase de uno distinto a Paz y Justicia “porque el control territorial lo mantienen ellos, y está bastante focalizado en la zona norte de Chiapas”.

Un informe del Frayba titulado “La paramilitarización en la Zona Norte de Chiapas. El desarrollo de Paz y Justicia, de acuerdo a Paz y Justicia“ del 2004 refirió que dicho grupo paramilitar surgió en 1995 a raíz de la necesidad del Gobierno federal a través del Ejército mexicano de llevar acabo ”estrategias de Guerra Irregular [sic] para lo cual fue necesaria la creación de grupos paramilitares”.

Con especial presencia en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, para mantener una guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

CAUSAS DE PERMANENCIA

Por su parte el especialista en seguridad, Pablo Monzalvo, refirió que el fenómeno de los grupos paramilitares en la actualidad no está relacionado con la pérdida de protagonismo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Esto está relacionado con la debilidad del Estado local, y nada tiene que ver con el EZLN, que es una quimera política social, que efectivamente en los tiempos de Salinas tuvo una preponderancia”.

“Sin embargo, la pobreza y la ignorancia siguen siendo un caldo de cultivo, de los grupos del poder fáctico. Y no sólo en Chiapas sino en Guerrero, y otros, donde vemos que la gente toma la justicia por su mano”, agregó.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del 2014, en Chiapas el 76 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, de las cuales el 44.4 por ciento se ubica en “moderada” y el 32.2 por ciento en “extrema”.

Además, los datos oficiales reflejan que el 30.7 por ciento de la población padece de rezago educativo, el 82.8 por ciento seguridad social y el 78.7 por ciento vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Monzalvo refirió que estos grupos también han surgido en otros estados como Guerrero y Michoacán, donde el Estado es débil y la corrupción hace que las autoridades se confabulen con las fuerzas fácticas.

“Ese es un error jurídico no se puede establecer una diferencia [entre paramilitar y autodefensa]. Y desde el punto de vista social, tampoco, porque los paramilitares siguen una tendencia policiaca. Son grupos que están al margen del derecho”, explicó.

No obstante, diversos líderes de opinión han advertido de las repercusiones que ambos representan.

“El fenómeno de autodefensas es el inicio del paramilitarismo. Así empezaron en Colombia los grupos de civiles en 1990, para defenderse de la guerrilla de las FARC. Los pobladores fueron armados por ganaderos, empresarios, políticos, militares […]. Se convirtió en una organización paramilitar, responsable de miles de asesinatos de civiles y campesinos”, opinó en una columna publicada en SinEmbargo en el 2013, Sanjuana Martínez.

PARAMILITARES DE RETORNO

Otra de las razones, de acuerdo con el Frayba, para que aumente la presencia de paramilitares en el norte de Chiapas es el retorno de algunos miembros de Paz y Justicia después de que la SCJN se abstuviera de castigar a los responsables de la masacre de Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó.

El 22 de diciembre se cumplieron 18 años de la masacre de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños – en Acteal. Sin embargo, a la fecha las autoridades federales niegan haber tenido algún vínculo con los paramilitares de la zona que los familiares acusan de estar involucrados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a todos las personas involucradas, además de eliminar la sentencia que tenían. En 2009 el máximo tribunal liberó a 20. Y luego, con el pasó de los años todos los demás.

En 2013 los 86 acusados por la matanza habían sido liberados porque la SCJN determinó que no se cumplió el debido proceso, no había pruebas en su contra, además que hubo con inconsistencias en las acusaciones.

“La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente municipal Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices”, dijeron hace 10 días.

El Frayba advirtió que el papel de la SCJN afectó la seguridad de la percepción de seguridad que tiene la gente en la zona norte de Chiapas,

“Los que estuvieron en otras regiones de Chiapas, en la selva, en realidad tampoco fueron desmantelados porque estaban muy vinculados con los partidos políticos que gobernaban ahí, que era el PRI, ahora se han mimetizado hacia el Verde. En ese sentido yo creo que al menos en los altos del Chiapas tiene que ver con aquellos que Suprema Corte de Justicia liberó. En especial en el municipio de Chenalhó [donde se registró la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997]”.