Víctimas de desaparición, familias y organizaciones que las acompañan se pronunciaron en la Cámara de Senadores en contra de la Ley de Seguridad Interior durante la mesa “A diez años: ¡qué hablen las víctimas!”. Los participantes coincidieron en que aprobar dicha ley sería propiciar y hacer legales los abusos de las Fuerzas Armadas en contra de la sociedad civil.
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Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Víctimas y familiares de desaparecidos dieron sus testimonios ante senadores durante el Segundo Conservatorio “Ley de Seguridad Interior, Riegos y Alternativas”. Los ponentes de pronunciaron en contra de la iniciativa de ley que, acusaron, sería violatoria de los derechos humanos.
Una de las participantes en la mesa fue Tita Radilla, habitante de la Costa Grande, Guerrero, quien denunció la desaparición de su padre Rosendo Radilla hace 43 años, a manos de militares, por lo que se manifestó en contra de que se apruebe una ley que ayude a perpetuar “la impunidad de la que han gozado”.
En el mismo tenor, Guadalupe Muñoz, de Jalisco, quien sufrió la desaparición forzada de su hermano, aseguró que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior representaría darle una “carta abierta” a las Fuerzas Armadas para atentar en contra de los derechos de las personas.
Claudia Medina Tamariz, habitante de Veracruz, quien es sobreviviente de tortura de elementos de la Marina Armada de México señaló que dicha ley sería un riesgo para los ciudadanos, porque las labores del Ejército en las calles se están saliendo de control, y no es viable cederles el mando.
Asimismo lo expresó Yolanda Morán, de Coahuila, quien aseveró que el Ejército no está capacitado para brindar seguridad en las calles: “no saben desempeñar esas labores”, dijo y refirió que entre más militares hay en la calles, “más evidente el fracaso del Ejército en temas y tareas de seguridad pública”. Yolanda relató que sus hijo fue desaparecido por militares.
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En la mesa “A diez años: ¡qué hablen las víctimas!”, también participaron representantes de las organizaciones en defensa de derechos humanos, Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro-DH) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Las organizaciones coinciden en que legalizar el uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública, se reduce el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente deben asumirlas.
Asimismo, pidieron a los senadores salir del “paradigma militarista” y buscar otras opciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los senadores, Mario Delgado Carrillo, de Morena [quien encabezó el conversatorio]; Armando Ríos Piter, del PRD y Martha Tagle Martínez también estuvieron presentes.
Delgado Carrillo dijo que aprobar la Ley de Seguridad Interior sería rendirse a tener un sistema profesional de policías, a trabajar en la prevención y el fortalecimiento del tejido social; “el Ejército y la policía no son intercambiables”, aseguró.
