Quiroz comentó a Efe la carta enviada hoy por Méndez a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en la que rechaza categóricamente el “ataque personal” en su contra por parte de funcionarios mexicanos.

En la misiva, Méndez se refirió a las declaraciones hechas el 26 de marzo por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

En esa ocasión, Gómez Robledo consideró que el Relator no fue “profesional y ético” al apuntar en su reporte presentado el 9 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en México la tortura “es generalizada” y “ocurre en un contexto de impunidad”.

Un día más tarde, el canciller José Antonio Meade secundó las palabras de su subsecretario. “Suscribo todos y cada uno de sus términos”, dijo.

“Nos preocupa mucho esta actitud de descalificación del Gobierno mexicano, no solamente hacia el Relator sino hacia cualquier organismo internacional u organización no gubernamental que señala las fallas que tiene el sistema mexicano en cuanto a política de derechos humanos”, dijo al respecto Quiroz.

Señaló que las autoridades mexicanas han mostrado esa misma actitud hacia el equipo forense argentino que apoya las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y hacia el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, si bien se ha acentuado en el caso de Méndez.

Por otro lado, dijo, “con este tipo de declaraciones México pierde mucha credibilidad y mucho del reconocimiento que tenía ante la comunidad internacional como país que buscaba el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de derechos humanos, que tenía una fuerte convicción por estos temas”.

Asimismo, consideró preocupante que este tipo de declaraciones vengan principalmente de cancillería, “que debe de tener entre sus principios el uso de la diplomacia”. Por el contrario, apuntó, el Gobierno “está siendo bastante confrontativo”.

Quiroz refirió que según la reforma constitucional de 2011, la diplomacia mexicana “debe tener entre sus principios rectores el respeto y promoción de los derechos humanos”, por lo que la reacción gubernamental al reporte de Méndez “entra en contradicción con lo que dice la Constitución”.

Defendió igualmente el historial del Relator, quien “ha sido una persona que lleva muchas décadas en la defensa de los derechos humanos, no solamente en el sistema de Naciones Unidas”, y que es “una persona con toda la legitimidad para decir lo que ha dicho”.

Finalmente, dijo que “otra cosa preocupante es que se está desviando la atención del tema, pues la tortura es una problema muy grave en México, todo por un adjetivo que desde la perspectiva de Amnistía esta bien utilizado”.

Las declaraciones de Quiroz se suman a un pronunciamiento que la víspera divulgaron decenas de organizaciones de derechos humanos que expresaron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, su “rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones emitidas por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Se refirieron en especial a los comentarios de Gómez Robledo y el apoyo a los mismos por el canciller Meade, así como a los formulados por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad sobre las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada.

Por su parte, el Gobierno de México manifestó en un carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Joachim Rücker, el representante Permanente de México ante Organismos Internacionales, Jorge Lomónaco, resaltó que el país valora positivamente la visita, así como las recomendaciones que contiene el informe, “convencido de que un diálogo constructivo con el Relator no puede sino contribuir al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de México”.

Sin embargo, dijo, el Gobierno de México desea expresar su decepción, inconformidad y total desacuerdo con la aseveración contenida en el informe, según la cual la “tortura y los malos tratos son generalizados en México”.

Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento, pues supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos, anotó.

Lomónaco resaltó la preocupación de México por el hecho de que esta afirmación se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica.

Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, pidieron a Peña Nieto rectificar las respuestas del Estado mexicano a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada y al informe del Relator sobre la tortura.

También le solicitaron que “atienda las recomendaciones presentadas en sendos informes a la brevedad”. EFE