Expertos: Sí hay evidencia de “evento de fuego” en Cocula para quemar 17 cuerpos

01/04/2016 - 1:23 pm

Expertos convocados por la PGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinaron que aunque hay evidencia de un evento de fuego masivo controlado, no la hay para determinar que en el basurero de Cocula se quemaron los cuerpos de los 43 normalistas desparecidos.

Elementos del Ministerio Público Federal en peritaje en tiradero perteneciente al municipio de Cocula. Foto: Cuartoscuro.
El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala y Cocula, y posteriormente entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) y el Vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego convocado por la dependencia y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, determinó que sí hubo un evento de fuego a gran escala y controlado en el basurero de Cocula, como apuntaba la llamada “verdad histórica”, pero no se sabe si allí se quemaron o no 43 cuerpos. Eso lo podría determinar una investigación mayor.

El vocero señaló que de acuerdo con los primeros resultados, se establece que:

1. Derivado de los diversos análisis se concluye que sí existió un evento de fuego controlado en el basurero de Cocula.
2. La recolección de restos óseos, dice que al menos 17 adultos fueron quemados en el lugar.
3. Las condiciones de tiempo y circunstancias indican que existe la posibilidad de que hayan sido quemados 43 cuerpos, sin embargo, sólo con una prueba a gran escala podrá confirmarse esa posibilidad.

Esta evidencia podría apuntalar la versión difundida por el Gobierno de México, en el sentido de que los jóvenes normalistas fueron secuestrados por policías, entregados a criminales y luego quemados allí, en el basurero de Cocula.

Esta versión oficial del Caso Iguala, conocida como “verdad histórica”, es rechazada por los padres de los 43 y por distintas organizaciones civiles.

El Caso Iguala se conoce a una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Agentes de la policía municipal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los hechos dejaron un saldo de al menos nueve personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos.

Conferencia de prensa del GIEI. Foto: Especial
Conferencia de prensa del GIEI y la PGR sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Especial

Hace unas semanas, la PGR anunció el comienzo de un nuevo estudio de fuego en el basurero del municipio de Cocula, aledaño a Iguala y donde los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel Guerreros Unidos, según la versión de oficial que presentó la dependencia.

En la elaboración de dicho peritaje participaron “especialistas internacionales y de México, con una reconocida trayectoria académica y profesional en la materia”, indicó entonces la Procuraduría.

La necesidad de elaborar este estudio surgió después de que el GIEI concluyera, a partir de un peritaje realizado por el experto en incendios José Torero, que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero.

Asimismo, un peritaje realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) destapó en febrero pasado la falta de consistencia “entre la evidencia científica y testimonial”, por lo que se determinó que la incineración no se pudo producir.

En Cocula no se rescató ninguna evidencia “biológica ni no biológica” que probara que hubiera una incineración en masa de la magnitud y la duración requerida, afirmaron entonces los expertos, contradiciendo la “verdad histórica” sobre el caso proclamada por el Gobierno a principios de 2015.

En enero de 2015, el entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos permitieron confirmar “a plenitud” que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero y los restos arrojados al río San Juan.

Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) a la de Derechos Humanos.

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