El pasado 27 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Germán Larrea Mota Velasco, director de Grupo México, de incumplir con sus obligaciones con las 24 mil personas afectadas por el desastre ecológico que su mina causó en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– A tres años del “desastre ambiental más grande en la historia de la minería en México”, el Río Sonora sigue contaminado a pesar de que lo niegue el gobierno estatal y la empresa responsable del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aseguró el abogado del caso, Luis Miguel Cano.

El Juzgado Primero de Distrito de Sonora sentenció que el agua del río sigue contaminada. De acuerdo al monitoreo de los pozos, se detectaron dos pozos contaminados: el de la comunidad Sinoquipe con arsénico y en La Labor con manganeso, lo cual viola el derecho humano al agua para los alrededor de 500 habitantes de ambos poblados.

Estos dos pozos con arsénico y manganeso en niveles superiores a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud representan la mitad del Río Sonora.

Ante ello, se solicitó un diagnóstico médico al ISSTE Sonora, IMSS y a la Secretaría de Salud sobre los efectos por consumir agua de un río aún contaminado.

“Las autoridades dijeron que el río ya estaba bien y el agua se empezó a usar [incluyendo en bebederos de escuelas públicas de nivel básico]”, aseguró el abogado. “La empresa ha dado por cerrado el caso y el gobierno avala que el río no está contaminado”.

El derrame de tóxicos registrado en agosto de 2014 afectó directamente a 22 mil personas e indirectamente a 250 mil personas de siete municipios de Sonora, así como la calidad del agua y suelos para cultivo.

Reina Castro muestra unas fotografías de un afectado en su salud por los desechos tóxicos en el Río Sonora durante una protesta en 2015. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Pero la compañía minera solo fue sancionada con 24 millones de pesos, “lo cual no es nada para la empresa; un 0.00016 por ciento de sus ingresos brutos en 2014”, destacó el litigante Cano. También se definió el reparto de 2 mil millones de pesos para reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos, solo el 0.013 por ciento de esos ingresos brutos.

Integrantes de dos de los ochos Comités de Cuenca Río Sonora, directamente afectados, acusaron que les prometieron 36 purificadoras para que la población afectada no tuviera que comprar agua limpia (entre 18 y 24 pesos la botella), así como una clínica de salud especializada para las 381 personas afectadas con daños a la salud por los metales. Pero no cumplieron.

Solo han colocado nueve purificadoras, pero la de Bacanuchi -comunidad cercana al río- no funciona, afirmó Ramón Miranda Córdova, del CCR-Aconchi.

La empresa argumentó que la reducción en el número de purificadoras fue porque “sería irresponsable hacerlas” ya que las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.

Mario Alberto Salcido Romo, integrante del CCR-Ures, recordó que antes tomaban agua de la llave sin preocupación, pero ya no pueden.

“El gobierno no ha puesto todas sus fuerzas para castigar a la empresa […]. Limpió con carretillas 30 kilómetros de los 270 kilómetros del río en Bacanuchi, pero sigue contaminado”, dijo Salcido.

El agricultor recibió 20 mil pesos por sus dos hectáreas de cultivo, lo cual consideró “irrisorio” porque lo que necesita y demanda es agua limpia y salud.

Carlos Iván Samayoa, campañista de tóxicos de Greenpeace, concluyó que este caso se suma a un largo historial de falta de acción gubernamental ante desastres ambientales.

“Esto da cabida a que las empresas sigan viniendo, dañen recursos y solo deban pagar una indemnización. Las reformas estructurales han abierto la puertas al modelo extractivo de recursos naturales. Mientras se sigan privilegiando las ganancias económicas sobre los derechos humanos, seguirán los abusos y la impunidad”, afirmó.