El aumento de la violencia durante este año es una amenaza contra la tranquilidad de las familias lo mismo que para la actividad productiva, ha dicho reiteradamente el sector empresarial.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y el Semáforo Delictivo prevén que este 2017 sea el año con más homicidios en la historia moderna [desde 1997 que se tienen registros oficiales]. Serían unos 24 mil asesinatos, de los cuales entre 17 y 18 mil estarán relacionados con el crimen organizado, cuyas disputas se han expandido al centro del país.
Ante este escenario, los especialistas en economía y finanzas consultados por el Banco de México ven a la inseguridad pública como el principal factor para que el crecimiento económico pueda desacelerarse aún más respecto a las cifras del año pasado.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) calculan que el país crecerá este año un 1.99 por ciento, menos que el 2.3 por ciento del año pasado. Los principales factores que pueden afectar la expansión para la segunda mitad del año son los problemas de inseguridad pública, la incertidumbre por política interna, y la plataforma petrolera.
De acuerdo con el porcentaje de respuestas de los especialistas, la preocupación por la inseguridad en el país aumentó el doble al pasar de 6 por ciento en julio de 2016 a 16 por ciento en julio de 2017, el mes reportado este martes por el banco central.
La violencia ha aumentado y se ha expandido por áreas relativamente pacíficas del país a la par de los conflictos entre cárteles, los cuales han diversificado sus actividades ilícitas incluyendo el robo de hidrocarburos. El sector empresarial ha alertado que la inseguridad no solo afecta al tejido social, sino a la actividad económica al debilitar la confianza en las instituciones y con ello la inversión.
“Tanto la tranquilidad de las familias, como el ingreso de los trabajadores y la productividad de las empresas exigen que se combata la delincuencia y la impunidad en el país”, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en uno de sus mensajes semanales. “El incremento de la violencia es una amenaza contra la tranquilidad de las familias lo mismo que para la actividad productiva”.
Delitos como el secuestro y la extorsión –de la que son víctimas los negocios– han aumentado 190 y 450 por ciento respectivamente en los últimos 16 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que el costo total del delito representó 1.25 por ciento del PIB del país y un 35.5 por ciento de las Unidades Económicas fue víctima de algún delito durante 2015, principalmente de robo, asalto o extorsión, reveló su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016. Paras las unidades grandes el costo promedio fue por 1.4 millones de pesos y para las pequeñas de 228 mil pesos por cada negocio.
Pero tanto el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) como la organización Semáforo Delictivo han alertado que este año puede ser el más sangriento de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto e incluso desde que comenzó el registro oficial de homicidios en 1997, por lo que superará a 2011, la época del clímax de la guerra contra el narcotráfico declarada por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hace más de una década.
MÁS VIOLENCIA, MENOS ESTABILIDAD
Con base en los datos oficiales de carpetas de investigación reportados por las procuradurías y fiscalía estatales ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Observatorio reportó que si se compara el primer cuatrimestre de 2017 con el mismo periodo de 2016, se detecta el incremento de 28 por ciento de la tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso; de 14.2 por ciento de homicidio culposo; de 10.7 por ciento de secuestro, de 23.4 por ciento de extorsión; de 27.4 por ciento de robo con violencia; de 11.5 por ciento de robo de vehículo; de 1.3 por ciento de robo a casa habitación; de 41.4 por ciento de robo a negocio y de 25 por ciento de robo a transeúnte.
“El primer cuatrimestre de 2017 es el más violento de la historia reciente de México, al tener el mayor registro de homicidios dolosos desde que se tienen registros oficiales de averiguaciones previas o carpetas de investigación, es decir, desde enero de 1997. Esto sucede pese a que en la actual administración federal han sido capturados 106 de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, quienes han sido identificados como algunos de los principales responsables de la violencia en el país”, destacó el Observatorio Nacional en su último reporte.
De acuerdo con Francisco Rivas, director de esta organización civil, la violencia no cesará si únicamente se opta por la detención de los líderes de grupos delincuenciales, ya que también hay que debilitar sus recursos económicas y con ello su capacidad de operación.
Respecto a homicidios dolosos, en abril se abrieron más carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en Guerrero, Colima, Baja California, Sinaloa, Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán y Sonora, más que el promedio nacional.
“Cada 22 minutos y 11 segundos se promedió una carpeta de investigación por homicidio doloso en abril de 2017 en todo el país”, reportó el Observatorio Nacional.
Este año cerrará por encima de los 24 mil homicidios, calculó el Semáforo Delictivo. “Entre 17 mil y 18 mil [homicidios] estarán relacionados al mercado negro de las drogas”, dijo su director Santiago Roel.
El Consejo Coordinador Empresarial atribuye el ambiente actual a la debilidad de las instituciones de seguridad pública. Más de 60 por ciento de los policías en el país, documentó, sólo cuentan con educación básica. Además, las carencias en la procuración e impartición de justicia han ocasionado que 94 por ciento de los delitos no sean denunciados ni perseguidos.
“Necesitamos instituciones sólidas, fuertes y corporaciones limpias y profesionales, coordinadas. Necesitamos más y mejor capacitación policial. Necesitamos un mayor grado de corresponsabilidad de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad en todos los ámbitos”, evaluó el sector privado.
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