Por Shaila Rosagel, y Antonio Cruz en las fotos. Enviados
Cananea, Sonora, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El Sindicato Minero Sección 65 advirtió que un represo que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México está a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora.
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero de Cananea, Sonora, indicó que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.
Navarrete Aguirre explicó que el represo mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.
Mencionó que fue el Sindicato Minero quien avisó a las autoridades federales y estatales en 2008 que el represo que derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado en el Río Bacanuchi y Sonora la madrugada del 6 de agosto pasado, colapsaría.
“Nosotros tenemos en nuestro pliego petitorio cuando arrancamos la huelga que los represos de la mina no tenían mantenimiento y que había peligro de un desastre ecológico como el que ya ocurrió”, comentó.
Navarrete, uno de los comisionados del sindicato, afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico, como asegura la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, quien ya sabía de los problemas del represo y no solucionó el problema de mantenimiento.
Al interior de la mina, dijo, hay 11 represos más que constituyen una amenaza latente para el Río Sonora.
Este viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las oficinas de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, como parte de las diligencias que realiza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con el fin de resguardar documentos y evidencia que ayude a deslindar responsabilidades.
La semana pasada Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, dio el banderazo para iniciar la campaña “Vamos a organizarnos. Salvemos al Río”.
“Estoy seguro que [la empresa] se va a defender, pero de que tienen implicaciones, pues tienen implicaciones y tienen la necesidad de responder, ahí no hay vuelta de hoja, tienen que adoptar medidas resarcitorias para eliminar esa contaminación y vi al ingeniero García de Quevedo en muy buena intención de poder hacer todo lo necesario”, dijo durante el anuncio el mandatario.
También aseguró que los derrames en esa zona –de donde es oriundo– son “normales”.
”Yo soy de Cananea y siempre hemos vivido con esas aguas residuales de la empresa. El ojo de agua no está ni a un kilómetro del represo de jales [residuos de la extracción del cobre] ni a un kilómetro de los pozos que abastecen a Cananea. Siempre que hay fuertes llovidas, ahí en Cananea, tenemos ese tipo de derrames hacia el Río San Pedro, hacia el Río Bacanuchi, como también al Río Sonora, entonces hay que esperar a que se limpie y esperar que todo pueda volver a la normalidad”, afirmó.
En contraparte, Jorge Tadeo Vargas, integrante de la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), aseguró que el gobierno estatal “está en números rojos y que está casi en quiebra y ahora ellos son los que se tienen que gastar el dinero porque no tienen el valor o las agallas de pedirle a Grupo México que haga su trabajo y luego de remediar la Cuenca deben trabajar en el cierre”.
De acuerdo con el activista, el gobierno de Guillermo Padrés tiene “la característica del gobierno panista [que] es estar con los empresarios, a pesar del daño que causen e ignorando todas las demandas de las comunidades”.
Desde que se dio a conocer el desastre, la empresa ha insistido en que el derrame fue consecuencia de las lluvias. Sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) niegan lo dicho, y por el contrario, Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que se debió a un “mal diseño que se hizo” de un tubo.
Guerra Abu afirmó que el derrame ‘‘es el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’. El funcionario atribuyó a un “descuido” de la empresa Buenavista del Cobre el incidente. Sin embargo, aseguró que ésta no puede ser clausurada, pues sólo la Secretaría de Economía (SE) es la única que puede retirar la concesión y hasta el momento no se ha planteado esa posibilidad.
El 6 de agosto, se detectó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado, en el Río Bacanuchi y Sonora, proveniente de la mina de Cananea, a cargo de la empresa Buenavista del Cobre, que forma parte de Grupo México.
A través de un comunicado, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) explicó que el derrame fue de uno de los llamados represos de jales que contenían la sustancia y escurrió “hasta llegar a los afluentes del Río Bacanuchi y posteriormente al Río Sonora, afectando con ello además de Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures”.
Inmediatamente se instaló el Protocolo de Contingencia del Comité de Operaciones de Atención a Emergencias Ambientales (Coatea) en el que participaron la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las unidades municipales y estatal de Protección Civil, así como cuerpos de rescate y de la misma empresa responsable.
Guillermo Padrés aseguró nueve días después del incidente, cuando la contaminación ya había llegado a la presa El Molinito y que se ordenó el trasvase de agua desde ese punto a Hermosillo, que los habitantes capitalinos del esta o “pueden estar tranquilos porque el Acueducto Independencia continúa funcionando para abastecer a la ciudad del vital líquido”.
El 18 de agosto, la Profepa presentó ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal en contra de las empresas Buena Vista del Cobre y/o Minera México por “presunta responsabilidad” en la que se les imputa “la probable comisión de delitos contra el ambiente”.
Ambos delitos se encuentran previstos y sancionados por Artículo 414 del Código Penal Federal, el cual señala penas hasta por nueve años de prisión y 300 mil días de salarios mínimos. Posteriormente, el 22 de agosto pasado, Guillermo Haro Bélchez, titular de la dependencia, realizó un recorrido a pie y un sobrevoló en un helicóptero propiedad de la Conagua, a fin de conocer el estado que guarda el avance de las acciones de remediación y monitoreo.
También ordenó a la empresa Buenavista del Cobre suspender la actividad de riego en los patios de lixiviación y recoger el producto del derrame a lo largo del cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora, en los sitios donde pudo haber quedado atrapado, además de que deberá realizar el monitoreo de la calidad del agua en los próximos cinco años.
El 23 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (SEDESSON) entregó el primer pago a cuadrillas de trabajadores del programa de Empleo Temporal Urgente para mitigar un poco la crisis que se vive tras el derrame químico. El fondo inmediato de empleo temporal es de un millón de pesos distribuido entre los siete municipios afectados: Arizpe, Banámichi, San Felipe, Baviácora, Ures, Aconchi y Huépac y se podría extender hasta por tres semanas el apoyo en algunos puntos. Esta semana, el Ayuntamiento de Hermosillo dijo que no se sumaría a una demanda colectiva junto con las demás comunidades afectadas, pues “cada localidad presenta daños diferentes”.
El Alcalde Alejandro López Caballero no descartó la posibilidad de unirse en un futuro, pero hasta que se terminen de cuantificar las afectaciones y exista afinidad con las de los pueblos demandantes.
