Montevideo, 1 septimbre (dpa) – Los sindicatos de la enseñanza pública primaria y secundaria de Uruguay decidieron el lunes mantener la huelga por lo menos hasta hoy, a pesar de que el gobierno dejó sin efecto el decreto de esencialidad dictado el lunes 24 contra el derecho de huelga.
Más temprano, delegados de los sindicatos estuvieron tres horas reunidos con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y varios de sus asesores y se firmó un acta de entendimiento, que debía someterse a las asambleas sindicales.
En el interior, el gobierno ingresó al Congreso el presupuesto general de gastos para los próximos dos años, en el que se dispone un aumento salarial y fondos adicionales para la enseñanza pública.
El Ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que “no está pensado ningún mensaje complementario” para mejorar esas cifras que están en el presupuesto, de manera que prácticamente se mantiene lo mismo que antes de la huelga general de la educación que hoy completó una semana.
El Ministro Murro, a su vez, vaticinó que si las asambleas docentes no aceptaban ese principio de acuerdo, igual se destinaría el dinero del presupuesto para la educación, pero no para mejoras salariales.
Ante ese panorama, los profesores de Secundaria primero y los maestros de primaria después, en multitudinarias asambleas, cuestionaron duramente la posición del gobierno y decidieron continuar la huelga, al menos hasta este martes, cuando habrá nuevas reuniones en busca de una salida.
Las clases están paralizadas desde el lunes 24, día en que el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez aprobó un decreto declarando esencial los servicios de educación pública bajo la amenaza de sancionar a los docentes.
Ese decreto fue rechazado por los sindicatos por considerar que viola el derecho de huelga e incluso generó críticas dentro del propio partido gobernante, el Frente Amplio (FA), integrado por fuerzas mayoritariamente de izquierda.
Ayer el gobierno dio marcha atrás y mediante un comunicado oficial informó del levantamiento del polémico decreto porque, explicó, “la esencialidad se dispuso, en su momento, ante la situación provocada por las medidas adoptadas por las organizaciones sindicales del sector”.
Voceros sindicales recordaron que el conflicto no es solamente por la esencialidad, sino por aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y para exigir que el gobierno cumpla su promesa electoral de destinar a la enseñanza el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Astori precisó que “se hará lo posible” por llegar al 6 por ciento al final del período, en el año 2020, aunque dentro de dos años de evaluará la situación económica y financiera interna e internacional, de la que mucho depende la economía del país sudamericano.
