Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La organización internacional Artículo 19 dijo hoy en un reporte que el Presidente Enrique Peña Nieto, quien este miércoles rindió su Tercer Informe de Gobierno, no ha cumplido con sus compromisos en cuanto a libertad de expresión.
Como candidato, Peña Nieto se comprometió a generar una Presidencia democrática que atendiera las críticas y no trabajar por los intereses de un partido, sino a los de la Nación. “Sin embargo, a casi tres años de que iniciara su mandato, se han presentado iniciativas de legislaciones –estatales y federales– que inhiben el derecho a la protesta. Por otra parte, las cifras de violencia contra la prensa van en aumento y las agresiones permanecen impunes”, dice la organización.
Una de las principales promesas de campaña fue la regulación de publicidad oficial. No obstante, Peña Nieto ha gastado más que sus antecesores, comparado con los dos primeros años de Felipe Calderón y Vicente Fox. “En lugar de abonar a la pluralidad mediática, el gasto genera la institucionalización del silencio, al mantener los medios una relación económica con el gobierno”, agrega.
La crisis de derechos humanos que se vive en el país “ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión. A pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos se caracterizan por la omisión del Gobierno federal. La falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México”.
En el primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan sólo 99 por debajo de las 326 registradas en todo el año pasado. En el mismo periodo, el promedio anual de agresiones durante el Gobierno de Felipe Calderón era de 182; tan sólo el primer semestre de 2015 supera por 45 agresiones ese promedio anual.
La organización enumeró los compromisos no cumplidos del mandatario a tres años de Gobierno.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Presidente se comprometió: “Como Presidente protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional y fomentaré una cultura de respeto y tolerancia a todas las expresiones políticas”.
Sin embargo, al contrario de garantizarla, se han creado leyes que buscan inhibir la protesta. “El Gobierno federal no escucha las exigencias de la sociedad mexicana. En México el derecho a la protesta es reprimido de manera sistemática”, detalla.
LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN
El Presidente se comprometió: “Las críticas al Presidente, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una Presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”.
Pero tampoco se ha garantizado la libertad de manifestación, pues se han registrado un incremento en la violencia contra la prensa.
RELACIÓN CON LOS MEDIOS
El Presidente se comprometió: “Como Presidente impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información”.
Sin embargo, agrega la organización internacional, ha habido una omisión en la regulación de la publicidad oficial. “No existe una regulación para estos gastos públicos y todos quedan a discrecionalidad del Presidente”, agrega.
DERECHOS HUMANOS
El Presidente se comprometió: “Promoveré las reformas constitucionales y legales necesarias para asegurar la vigencia de protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas y las policías de todo el país. significativamente más activo en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos”.
Pero a tres años de Gobierno, recuerda Artículo 19, se han registrados además graves violaciones a los derechos humanos.
RENDICIÓN DE CUENTAS
El Presidente se comprometió: “Impulsaré la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como una instancia autónoma con capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en el nivel federal, estatal y municipal a partir de denuncias ciudadanas”.
Pero el Gobierno federal ha sido juez y parte en la rendición de cuentas, finaliza la organización.
