Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la firma de los acuerdos sobre los beneficios y compromisos que tendrá la comunidad zapoteca de Juchitán con la construcción de un nuevo parque eólico, es un paso significativo para el sector energético y la comunidad; sin embargo, pobladores acusan que el proceso de aprobación del proyecto estuvo amañado, por lo que ya se ampararon.

En un comunicado de prensa la dependencia dio a conocer que este martes el Secretario Coldwell, el Subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava; el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; y el Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, “asistieron a la firma del acta de acuerdos relativa a la participación de los beneficios de la construcción de un parque eólico para la comunidad indígena de Juchitán y los compromisos que asumen los gobiernos Federal, Estatal y la empresa Energía Eólica del Sur en el marco del proceso de consulta previa, libre e informada”.

En el evento fue llevado a cabo hoy en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

El titular de la dependencia indicó que con esto, el municipio oaxaqueño podrá ser visto como un modelo de eficiencia energética, ya que contará con alumbrado público con tecnología LED, equipo de bombeo alimentado con energía fotovoltaica y un parque eólico, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Asimismo, Coldwell subrayó que el proyecto de Energía Eólica del Sur tendrá 132 aerogeneradores para una capacidad total de 396 megawatts y una inversión de más de 14 mil millones de pesos.

Para el subsecretario de Gobierno, Luis Miranda, la Secretaría de Gobernación (Segob) actuó como mediador en la consulta, que calificó como un proceso de diálogo, concertación e intercambio de ideas que llegó a acuerdos que beneficiarán a la comunidad juchiteca y permitirán la llegada de empresas.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, resaltó el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y la compañía durante el proceso de consulta, lo que dará confianza a los empresarios.

El pasado 21 de agosto, habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza contrarios a la construcción del parque eólico, anunciaron que interpusieron un amparo en contra del proceso de consulta con el que, según la Secretaría de Energía (Sener), la población dio su consentimiento al proyecto.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, los opositores al proyecto, sus representantes legales y las organizaciones civiles que los acompañan denunciaron que la consulta violó los cuatro principios que deben regir dicho ejercicio conforme a estándares nacionales e internacionales: que la consulta sea previa, libre, informada y de buena fe.

Las organizaciones, que también participaron en la Misión de Observación de la consulta, señalaron además que menos del 1 por ciento de los habitantes de Juchitán consintió la construcción del parque eólico, en una comunidad de 100 mil habitantes.

El proyecto en cuestión es un parque eólico de la empresa Eólica del Sur, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que produciría 396 megawatts y se sumaría a los 21 proyectos eólicos que actualmente existen en la región.

Ninguno de ellos fue consultado con las comunidades donde fueron construidos.

En el caso de Juchitán, la población ha rechazado el proyecto desde 2013. Pese a que consiguieron que las autoridades respetaran su derecho a la consulta, han denunciado que ésta estuvo llena de vicios desde el principio.

El proceso de consulta concluyó el pasado 31 de julio y cuatro días después la Sener informó en un boletín de prensa que la comunidad había otorgado su aval a partir de una consulta libre e informada.

Pero los juchitecos y las organizaciones que acompañaron el proceso de consulta, han refutado esa afirmación. Y ahora llevaron el asunto ante una instancia jurídica con la interposición de una demanda de amparo.

El amparo fue presentado por la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que representa legalmente a la comunidad, con el respaldo de 160 firmas de pobladores de Juchitán.

El proceso de consulta -llevado a cabo entre noviembre de 2014 y julio pasado- es el primero que se realiza en el país a una comunidad indígena respecto al desarrollo de un megaproyecto, derivado de la reforma energética.

“Este fue su piloto”, dijo el abogado de ProDesc Juan Antonio López al hablar sobre la relevancia que tiene dicha consulta como modelo para siguientes, previsibles con la puesta en marcha de la reforma energética de 2014.

“Si aplican una consulta en este sentido, así como lo están haciendo en Juchitán hoy, la van a aplicar igual en todas las demás comunidades. Entonces, nada más decir que se está aplicando la consulta por cumplir con el requisito, pero no realizando una consulta real, apegado a los más altos estándares en derechos humanos, se va a dar una violación sistemática y repetitiva de los derechos de las comunidades indígenas”, advirtió.

“Sería un atropello al país, porque sería el ejemplo a seguir para despojarnos a todas las comunidades de nuestro territorio mexicano”, dijo Mariano López,  habitante de Juchitán e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ).

De ahí también la importancia, agregó el abogado de ProDesc, de cómo resolverá el amparo el Juez Séptimo de Distrito de Oaxaca, a quien fue enviado.

El amparo solicita la suspensión de la obra y la reposición de la consulta, por una que esté apegada a los más altos estándares en derechos humanos e indígenas, así como a los lineamientos internacionales existentes respecto a la consulta indígena.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas cuando se pretende impulsar un proyecto de desarrollo que afecte sus recursos naturales. El abogado de ProDesc señaló que hay toda una jurisprudencia nacional e internacional que respalda estos principios, e incluso el protocolo del Comité Técnico para la consulta creó un protocolo para su implementación.

El Comité Técnico está integrado por instancias de los tres niveles de gobierno: las Secretarías de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el gobierno de Oaxaca y la presidencia y cabildo municipales de Juchitán.

Pero ninguno de esos estándares fue respetado, de acuerdo con los pobladores inconformes y las organizaciones civiles que los acompañan.

-Con información de Notimex