Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien con un amparo salió de prisión en agosto pasado, envió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto en la que asegura que “lo que tenía que pagar, ya lo pagué” y pide a las autoridades no dejarse presionar por “el ánimo de revanchismo” de Estados Unidos, que busca una nueva aprehensión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, por el que estuvo preso 28 años.
La misiva, que también está dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, reaitera: “Lo que tenía que pagar ya lo saldé”.
El capo, quien fue detenido en abril de 1985 en Costa Rica y condenado en México a la pena máxima de 40 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato de Camarena y su piloto ese año, así como por cultivo y tráfico de marihuana, acusa una “absurda persecución” en su contra.
La carta, de la que también mandó una copia a la revista Proceso, fue enviada por los abogados de Caro Quintero el pasado 19 de noviembre a la Secretaría Particular de la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República.
“A raíz de mi salida de prisión resurgió con gran notoriedad una una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por los Estados Unidos de Norteamérica que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera su decisión”, expresó en la misiva escrita a máquina y firmada por el ex líder del Cártel de Guadalajara.
Caro Quintero se vio beneficiado por un amparo que le otorgó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco el pasado 9 de agosto, lo que le permitió quedar en libertad tras purgar 28 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA.
Sin embargo, desde el 6 de noviembre fue declarado prófugo cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtieron el amparo mediante el cual había sido liberado, poco después de que el Departamento de Estado de EU anunció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que lleve a su “arresto o condena”.
“Mi única petición es que mi expediente sea revisado con justicia… una valoración donde no pese más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo… Que no ceda a presiones políticas ni que por es avía se resuelva un asunto que compete únicamente al Poder Judicial”, expuso Caro Quintero.
Añade: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”.
“Y la justicia que reclama Estados Unidos para su connacional ya fue pagada en México, en las condiciones que se me impusieron”, dice el capo y hace referencia a que a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito por lo que se queja de que ahora “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí, sino también a mi madre, a mi esposa y a mis hijos”, que según él, “ninguno de ellos nunca ha tenido nada que ver con delito alguno, siendo ellos gente de sobada probidad y decencia”.
Además de la carta, Proceso tuvo acceso a una queja que presentó la defensa de Caro Quintero la semana pasada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la “persecución” que consideran han sido objeto el ex capo y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”.
“Esta infernal pesadilla contra mis sers queridos y contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones paegadas a derecho, sino… del resentimiento y deseo de venganza de quienes allende nuestra fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi familia… quiene sdeban pagar por mí”, expone.
En su queja acusa a la PGR, al Ejército, la Marina, la Interpol y a la Oficina de la DEA en México de haber agredido físicamente a quienes tienen relación con él durante cateos en sus domicilios y hace referencia a tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos y argumenta que “independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad, ya la he pagado”.
