La violencia en México no es el único impedimento para ejercer la labor del periodismo. Otro obstáculo que impide ejercer una labor informativa objetiva y veraz lo representan funcionarios y políticos que operan las instituciones del Estado. Y es que aceptar críticas no es cosa fácil. Las autoridades no están listas para ser sometidas al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, optan por la censura y el hostigamiento a esas voces disidentes.

Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Sinaloa saben mucho del tema. Periodistas de las cuatro entidades coinciden en que ejercer su labor como informadores es complicado con los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo, Rafael Moreno Valle Rosas y Mario López Valdez. Represión, cárcel, amenazas, asesinatos y privación de acceso a la información son algunas de las consecuencias que han sufrido reporteros y medios de información en esas entidades, por haber cumplido con su obligación de investigar y evidenciar los errores de los gobernadores y de sus colaboradores cercanos.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– En 2012, la organización internacional Artículo 19 ubicó a Veracruz como la entidad más peligrosa del país para ejercer el periodismo. Ese año fue particularmente peligroso para la prensa de dicha entidad, pues entre el 28 de abril y el 14 de junio cinco periodistas fueron asesinados.

Muchas de las denuncias interpuestas por los periodistas van directamente en contra de funcionarios públicos y esto lo corrobora Sayda Chiñas Córdova, reportera de La Jornada de Veracruz, quien en entrevista con SinEmbargo asegura que “mucha de la presión viene por parte del Estado”.

“Las líneas editoriales son dictadas desde el gobierno estatal y no hay ninguna zona o margen para los periodistas para que podamos manejar información crítica al estado”, añade.

La reportera comenta que los dueños de algunos medios tienen tratos con el gobierno y bloquean mucha información. Principalmente la que critica a las autoridades.

Sayda también expone que el hostigamiento también ya se extendió a la vida personal, a través de las redes sociales, pues el gobierno sigue a todos los periodistas: “Si trabajas en un medio crítico y criticas algo del gobierno en tus redes sociales, enseguida [el gobierno] se lo comunica a tu jefe. Él te habla y te dice que lo bajes”.

“Si saco algún comentario sobre alguna nota en Facebook, a los 10 o 15 minutos me habla mi jefe para decirme: ‘oye bájalo porque ya te tienen monitoreada y me vas a generar un problema’. Ni siquiera ese tipo de libertades nos permiten. Yo peleaba antes porque decía: ‘son mis redes sociales, puedo tuitear lo que sea, yo pago mi teléfono, no utilizo el teléfono del periódico’. Aun así nos están monitoreando y nos están hostigando”, relata la reportera.

En octubre pasado, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa afirmó que la prensa local debe hablar positivo del estado porque de lo contrario, destacó, “es como escupir para arriba”.

“La situación de inseguridad es un tema que les encanta a ustedes [la prensa] hablar y yo aquí diría que es como escupir para arriba, al revés. Yo creo que debemos de hablar de las cosas positivas de Veracruz, debemos promover Veracruz”, contestó el mandatario cuando fue cuestionado por una reportera sobre la inseguridad de la entidad.

Sin embargo, la presión en contra del trabajo crítico de los periodistas en Veracruz ya no sólo es por parte del gobierno, sino que entre los mismos reporteros que son afines a las autoridades comienzan a desacreditar. “Es una estrategia que tienen para tratar de callar el mayor número de voces”, menciona.

Otra forma que usa el gobierno como censura, dice, es acreditar sólo a los medios aliados. “Si eres crítico te ponen muchas trabas para acreditarte. Si documentas una información que ellos consideran que es en contra de ellos, automáticamente te mandan a la lista negra, eso no es saludable para la profesión. Estamos totalmente hostigados”, afirma.

Desde 2010, año en que Javier Duarte  de Ochoa llegó al poder, y hasta este inicio de 2015 en Veracruz se han documentado 140 agresiones a periodistas, incluidas 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 10 asesinatos, 18 amenazas y 15 actos de intimidación o presión, seis desplazamientos forzados, cuatro desapariciones y tres secuestros.

“Cuando empezaron a caer los compañeros, todos estábamos apanicados. Trabajamos con mucho miedo de que nos fueran a levantar. Vivíamos con muchos miedos”, dice Sayda Chiñas.

Sin embargo, desde los últimos ataques los periodistas de la región han tomado otras medidas. “Aprendimos por lo menos a voltear a los lados, a tener esquemas de seguridad para nuestras casas, para nuestro trabajo, pero creo que después de tantas cosas hemos vencido el miedo”, explica.

Una de las fuentes más complicadas para cubrir en Veracruz es la policiaca y es que en el estado gobernado por Javier Duarte se encuentran elementos del Mando Único, y los uniformados bloquean constantemente el ejercicio del periodismo. “Nos toman fotografías, nos impiden que nos acerquemos, e incluso a algunos compañeros los golpean. Las agresiones que más hemos tenido vienen del Mando Único y de la Policía Estatal”, dice Sayda.

En Veracruz el apoyo que tienen los periodistas es de organizaciones civiles. “Nada del gobierno, a pesar de tener la la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Para nosotros es un elefante blanco que solamente tiene a consejeros que cobran por no hacer nada. Hubo un cambio en la dirigencia que sabemos no va a servir absolutamente para nada”, denuncia la reportera.

Periodistas a Pie, otra organización civil, trabaja constantemente con los reporteros veracruzanos, al igual que organizaciones extranjeras. Pero su principal apoyo, son las redes que han creado entre ellos mismos.

AGRESIONES A LOS MEDIOS

En el último informe sobre agresiones a la prensa, la organización Artículo 19 planteó que Quintana Roo, la entidad gobernada por el priista Roberto Borge Angulo, se ubicó en el primer lugar en agresiones a periodistas.

Documentó 15 ataques a la prensa, de los cuales 11 fueron dirigidos a Luces del Siglo, cuyo medio fue clonado semanalmente en varios meses. La organización reportó 10 clonaciones de forma digital y una más de manera impresa. Esta última se documentó durante la presentación del Tercer Informe de Gobierno, el 9 de septiembre, cuando se repartió entre los asistentes del evento una versión falsa de la revista en la que se hablaba de los supuestos logros del Gobernador Borge Ángulo.

Norma Madero Jiménez, presidenta de la revista, relata que septiembre de este año el Juez Cuarto de Distrito en Quintana Roo, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, ordenó al gobierno del priista Roberto Borge Angulo no elaborar, difundir, distribuir o poner en circulación portadas y ejemplares apócrifos del semanario Luces del Siglo.

Luego de dar a conocer esta situación fue que inició una campaña de difamación en medios locales que están del lado del gobierno de Roberto Borge. “No fue sólo contra el medio de comunicación, sino contra los directivos en la parte personal de la familia”, afirma Madero.

La directiva de la revista asegura que en Quintana Roo “pensar diferente al gobernante en turno eres víctima de una campaña de difamación inmediatamente”. Lo mismo ocurre con activistas o quien quiera decir algo contrario al gobierno.

Artículo 19 también reportó cuatro agresiones más contra el corresponsal de la revista Proceso, Sergio Caballero, difamado en redes sociales, y tres más contra el comunicador y activista Pedro Canché, acusado y encarcelado por el delito de “sabotaje” tras informar de un violento desalojo contra un grupo de indígenas mayas en el municipio de Felipe Carillo Puerto.

EL CASO CANCHÉ

A principios de agosto, decenas de habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto tomaron las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en protesta por los altos costos que la dependencia estatal les aplicaba por el servicio.

Tras dos días del inicio de la manifestación fueron encarcelados dos líderes del movimiento. Una semana después, elementos municipales y estatales recuperaron las instalaciones de manera violenta, deteniendo  a diversas personas. Pedro Canché difundió videos, fotografías e información durante toda la movilización. Un día antes de su detención, a través de su cuenta de Facebook retó al Gobernador Roberto Borge a debatir sobre la situación que se vivía en ese municipio.

Incluso el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) envió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto con copia al Gobernador Roberto Borge para solicitar su liberación inmediata, “porque se encuentra detenido por ejercer el periodismo y no por actos delincuenciales como se le pretende hacer parecer”.

“Es una represión en todos los sentidos a la libertad de expresión porque además hay evidencia y como ya lo dijo la Comisión de Derechos Humanos, lo han torturado, lo han golpeado injustamente”, advierte sobre este caso la periodista Norma Madero.

“Es un riesgo en el estado de Quintan Roo decir o pensar diferente o publicar artículos de investigación donde se denuncia corrupción en todos los ámbitos gubernamentales, tanto estatales como municipales. Es un riesgo en todos los sentidos por algunas campañas de difamación de algunos medios locales, que son afines al gobierno”, destaca.

EL NARCOTRÁFICO, UN PELIGRO

En el primer trimestre del año, Sinaloa ocupó el quinto lugar como el estado con más agresiones a la prensa con cinco casos documentados, todas contra el diario Noroeste.

Los responsables de las  agresiones cometidas contra comunicadores fueron policías estatales y municipales.

“En los cinco casos, los comunicadores del medio fueron agredidos y amenazados cuando daban seguimiento noticioso  a la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, y la supuesta red policiaca que lo protegía”, explicó el documento de Artículo 19.

Francisco Cuamea, director de información del diario Noroeste sabe que es peligroso ejercer el periodismo en Sinaloa porque el narcotráfico está en toda la estructura social. “Te puedes meter en un tema que no se relaciona con el narcotráfico, pero en algún punto de la investigación te vas a topar con que sí tiene vínculo”, expone.

Sin embargo, Cuamea sabe que el narcotráfico no es lo único que los priva de trabajar libremente. El gobierno de Mario López Valdez, Malova, es una de las principales trabas.

Realizar periodismo libre en Sinaloa, en lo que va del sexenio ha sido muy complicado. “Hay servidores públicos que se toman las cosa de manera personal piensan que uno publica cosas para afectarlos a su persona y no relacionan que son funcionarios públicos, que están bajo el escrutinio público. El trabajo del periodista es precisamente fiscalizar al poder”, dice.

Francisco Cuamea explica que en una democracia, los medios tienen una responsabilidad y es convertirse en fiscalizadores del ejercicio público. Ponerle límites al poder y tener una balanza más equilibrada ante la sociedad.

Ejercer el periodismo libre en Sinaloa es complicado, sobre todo cuando en el ambiente se nota un control sutil de algunos medios de comunicación, explica Francisco.

“Muchos temas que son polémicos y que son de afectación pública al erario no lo abordan. Lo ignoran o si acaso sólo lo publican en un párrafo en interiores o una mención muy breve en la radio o de plano lo ignoran. Ese cerco informativo se debe al control que ejerce el poder público en los medios de comunicación”, menciona.

Noroeste es un medio crítico y por ello no han sido obligados a publicar con una línea editorial, “pero sí es notorio que hay control del estado sobre algunos medios”, dice Cuamea.

ESTRATEGIAS SUTILES 

El diario Noroeste trabaja en un reportaje sobre hospitales públicos en el estado, pero las trabas que se han encontrado en la investigación cada vez son más sutiles.

“¿Porque retienen información y te la hacen cansada? Porque tienen algo que ocultar”, asegura Cuamea.

La inversión a esos trabajos es el doble o triple a un reportaje común. Se requiere “más energía a esos temas para lograrlos y es un desgaste emocional, físico, mental muy fuerte”, destaca.

Otro de los impedimentos que han tenido se desprende de otra investigación en la que solicitaron documentos: el excesivo cobro para la entrega de los papeles. El equipo Noroeste pidió la nómina del municipio de Culiacán, pero el costo de las copias de esa información era de casi medio millón de pesos.

Cuamea asegura que cada vez “la presión o la represión los gobiernos ejercen estrategias más sutiles de manera cotidiana para inhibir acceso a al información, incluso en alguna entrevista, en una rueda de prensa te pueden contestar violentamente para asustarte”.

“Esos detalles son cotidianos, son el pan de cada día”, finaliza.

CONTRA LAS VOCES DISIDENTES 

En su último informe, Artículo 19 consideró a Puebla como el segundo estado donde más agresiones han sufrido los periodistas.

Documentó 10 agresiones: dos de ellas fueron robos a las casas de tres periodistas, de las que se sustrajeron computadoras personales, mientras que en otros dos casos se trató de ataques cibernéticos a las páginas de dos medios de comunicación locales.

Reportó, además, tres ataques físicos a periodistas, la incautación de equipo de trasmisión a una radio comunitaria y un acto de intimidación a un periódico local. Por ninguna de las agresiones hay castigo para los responsables. En cuatro casos los responsables son servidores públicos.

Ernesto Aroche, director del sitio LadoB, sabe que es complicado hacer periodismo en Puebla porque el gobierno del panista Rafael Moreno Valle no está interesado en tener una voz disidente, una voz crítica.

“En el sexenio de Mario Marín, con todo lo que implicó Marín había por lo menos pequeños espacios para poder hacer críticas y en el sexenio con Rafael Moreno Valle se cerró toda posibilidad”, explicó.

Al inicio de la administración de Moreno Valle hubo un discurso donde se aseguró y prometió un cambio. Que se daría una relación sin exclusión a la prensa, “una relación moderna”, pero no fue así.

“Los medios que el sexenio pasado que fueron beneficiados por el poder ahora se volvieron incómodos, a menos que asumieran o aceptaron el nuevo orden político. La nueva clase política asumiendo que ya no estaba el PRI [Partido Revolucionario Institucional], y que ya estaba el PAN [Partido Acción Nacional], cambiaron los que estaban pero al final todo cambio para lo mismo”.

PELIGROSO NO, DIFÍCIL SÍ

Ernesto Aroche sabe que es complicado ejercer el periodismo de manera crítica e independiente porque no da espacios para la disidencia o las voces críticas.

En octubre pasado, el director general de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles, demandó a Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y a Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, por daño moral “al abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos”.

Sergio Ramírez afirmó que ambos “sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática y, fuera de contexto, insultar a funcionarios del gobierno de Puebla”.

El director de LadoB asegura que es muy claro que se busca reprimir a las voces disidentes, pero ya no sólo en el ámbito del periodismo. También opositores sociales que se han vuelto una piedra en el zapato para la administración de Moreno Valle “se vuelven objeto de posible encarcelamiento, o de represión”.

“Es muy preocupante y muy grave como se utiliza el aparato de justicia en este estado porque todo está al servicio del Gobernador. El Poder Judicial, El Poder Legislativo, órganos autónomos y la prensa también la tienen controlada”.

“No hay espacios de disidencia más bien hay asfixia a las voces críticas en todos lados”, concluye.