El 2018 será un año en el que las elecciones -las más grandes de la historia- serán el foco de atención en el país, pero habrá asuntos relevantes en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que deben seguirse muy de cerca porque serán clave en la redefinición de la relación entre gobierno y medios de comunicación, la competencia en radio y televisión, así como en la garantía los derechos de las audiencias.

A continuación, una breve descripción de algunos de estos temas fundamentales:

Publicidad gubernamental. La ley que se apruebe podría marcar una nueva época para los medios de comunicación, el poder político y la sociedad porque la asignación de los cuantiosos recursos para la publicidad gubernamental podría hacerse bajo criterios imparciales, transparentes y equitativos. El Congreso tiene hasta el 30 de abril para aprobar la nueva ley, con base en el amparo otorgado a la organización Artículo 19. Hay muchos intereses económicos y políticos en juego, por lo que se requiere que las organizaciones de la sociedad vigilen de cerca el proceso de dictaminación de las iniciativas para que la ley cumpla el objetivo de robustecer la libertad de expresión y el derecho a la información e impedir la censura y la injerencia de funcionarios públicos en las líneas editoriales de los medios.

Licitaciones de radio y televisión. Con base en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2018, presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para este nuevo año sólo se licitarán dos canales de televisión y 30 frecuencias de radio (24 en FM y 7 en AM). Parece un número pequeño, pero debe recordarse que en el 2017 se licitaron 32 canales de televisión y 141 frecuencias de radio, después de un par de décadas en las que no se asignaron nuevas concesiones de radiodifusión de uso comercial.

En contraste, se pretende entregar 18 canales de televisión, 21 frecuencias de radio en FM y 49 en AM de uso social, comunitario e indígena. Es una cantidad importante, pero su concesionamiento dependerá del interés de organizaciones de la sociedad y de las comunidades o pueblos indígenas para hacer las gestiones ante el IFT. En estos casos, como se sabe, no hay licitación, sino asignación directa para quienes cumplan los requisitos previstos en la ley y las bases de licitación. Llama la atención el número de frecuencias consideradas en AM. Instalar estaciones en dicha banda es más costoso. Además, cada vez hay menos receptores con AM incluida.

Para gobiernos, instituciones del Estado y Universidades públicas habría dos canales de televisión y nueve frecuencias de radio en FM.

Nuevas emisoras. Para este año se prevé el lanzamiento de la mayoría de los 32 canales de televisión abierta y de las 141 frecuencias de radio (114 en FM y 27 en AM) de uso comercial concesionadas en 2017. La incorporación de nuevos jugadores en la industria de la radiodifusión alentará la competencia, generará nuevos empleos y probablemente aporte contenidos novedosos. Ya veremos y escucharemos. Muy atentos estaremos a lo que ofrecerá la empresa Telsusa, de Ángel González, más conocido como “El fantasma”, quien obtuvo 12 de los 32 canales licitados, así como lo que harán Multimedios Televisión y Grupo Radio Centro con los canales que ganaron en la Ciudad de México. En radio, también haremos seguimiento al proyecto del Grupo Acustik Media, de José Gabriel Gutiérrez Lavín y familia, que recibió 32 títulos de concesión de frecuencias para convertirse en uno de los principales grupos radiofónicos del país con presencia en 11 capitales.

En medios públicos habrá mucha expectativa sobre el nacimiento en 2018 de la nueva estación de FM (96.5 MHz), concesionada a Radio Educación después de muchos años de gestión para obtener la frecuencia, y de Radio Violeta (106.1 MHz), la primera radio feminista en México.

No obstante que se abrieron ambos mercados, existe aún una importante concentración de frecuencias en la televisión y en la radio, sobre todo en ciertas regiones del país. Prevalece también una preponderancia del modelo comercial frente al modelo comunitario e indígena.

Dominancia en televisión de paga. El 24 de febrero de 2017, el IFT resolvió que Grupo Televisa detenta poder sustancial en el mercado de televisión de paga. La resolución se tomó luego de un amparo que Canal 40 presentó y ganó por la decisión del Instituto de no considerar que la empresa televisiva estaba en esa situación de dicho poder sustancial.

Después de un año de su resolución, el Instituto deberá imponer este nuevo año las medidas asimétricas para evitar que Grupo Televisa afecte o desplace a sus competidores o se distorsione al mercado. ¿En qué consistirán? Esperemos que pronto lo sepamos porque parece que no hay suficiente prisa de dar seguimiento a este asunto.

Derechos de las audiencias. El 2017 puede también caracterizarse como el año de una guerra mediática y gubernamental contra los derechos de las audiencias, incluidos en la Constitución, pero hasta ahora no garantizados por los amparos presentados por el presidente Peña Nieto y el Senado contra los lineamientos emitidos por el IFT y posteriormente por la polémica reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en el Congreso, que desdibujó dichos derechos y la función de las defensorías de las audiencias.

A fines de noviembre, 47 senadores interpusieron una acción de inconstitucionalidad por esta contrarreforma que suponemos será resuelta por la Corte en este 2018. Al mismo tiempo, se sabrá el destino de los amparos presentados por organizaciones y personas para evitar la desprotección de los derechos de las audiencias y que sería deseable fueran resueltos favorablemente para determinar de una vez por todas las atribuciones del IFT en la tutela de los derechos de las audiencias y sus alcances para garantizarlos.

Red compartida. Considerada como uno de los grandes proyectos de telecomunicaciones, la Red Compartida deberá iniciar su operación comercial a más tardar el 31 de marzo de 2018 con una cobertura poblacional del 30 por ciento y deberá cumplir anualmente con diferentes metas hasta llegar al 92.2 por ciento del porcentaje ofrecido.

El proyecto que desarrollará Altan Redes, con la participación de PROMTEL y Telecomunicaciones de México (Telecomm) tendrá, según sus promotores, una inversión estimada de siete mil millones de dólares durante la vida del proyecto y ofrecerá cobertura 4G a más de 100 millones de mexicanos.

Licitación de la banda 2.5 GHz. Otra licitación esperada, no exenta de polémica, será la que el IFT realice este año de 120 MHz para servicios móviles en la banda 2.5 GHz. Las bases de la licitación serán publicadas en las próximas semanas, una vez que el Instituto recabó en el 2017 las opiniones de las pre-bases y el Pleno recibió a representantes de empresas interesadas en dicha banda para conocer sus inquietudes y propuestas. Uno de los temas más inquietantes de este concurso es si se permitirá o no la participación de América Móvil, debido a su carácter de agente económico preponderante en telecomunicaciones. Recuérdese que la empresa de Carlos Slim adquirió a MVS Comunicaciones, de la familia Vargas, 60 MHz de esta banda, en una operación que concluyó en julio de 2017. El aval del IFT para esta operación le generó críticas porque le permitió a Telcel acumular más frecuencias del espectro y tener más ventajas competitivas frente al resto de los operadores.

Y con esta colaboración iniciamos un nuevo año en Sin Embargo. Que este año sea generoso con usted y los suyos, estimado lector. Muchas gracias Jorge Zepeda Patterson, Alejandro Páez Varela y a todo el equipo que hace posible este medio digital, plural y libre.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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