Con el paso del tiempo, los deudos de la masacre de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, dicen que el dolor por la pérdida de sus seres queridos, las enfermedades, la falta de empleo, el limitado apoyo gubernamental y la ausencia de justicia, se hacen más profundos y difíciles de remontar…
Por Martín Orquíz, especial para SinEmbargo
Ciudad Juárez, 2 de febrero (SinEmbargo/El Diario).– A cinco años de aquella noche, cuando un grupo de sicarios irrumpió en la calle Villas del Portal para asesinar a 13 personas y herir a 12 –dos murieron posteriormente, por lo que fueron 15 las víctimas mortales–, los recuerdos, los cumpleaños, las graduaciones, las navidades y los años nuevos no festejados impactan el ánimo y la salud de las familias que perdieron la posibilidad de una vida normal.
“El tiempo, en lugar de aminorar el dolor, lo está aumentando. Pasó Navidad, los cumpleaños, ahora el aniversario y una toda enferma, pues duele más”, expresa Norma Leticia Ortiz Palma, madre de Jesús Armando Segovia Ortiz, quien fue el menor de las víctimas (tenía 15 años).
Detrás de las rejas de su casa, un tanto tímida relata que durante los años posteriores a la tragedia han ido aumentando sus pesares. En ese lapso se le desarrolló cáncer en el pulmón izquierdo, diabetes y retención de líquidos, padecimientos que se trata de forma particular.
Jaime Alejandro Rosales López, hijo de Jaime Rosales Cisneros, quien tenía 42 años cuando fue asesinado y resultó la víctima de más edad, también sufre junto a sus hermanos la desgracia de haber perdido a su padre.
“Todo se vino para abajo, hay enfermedades, sentimientos encontrados, hasta la fecha no hemos podido salir adelante”, declara.
Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos Luis y Marcos, de 15 y 19 años, menciona que va pasando el tiempo y cada vez es más pesado el sufrimiento.
“Como que no ‘nos cae el veinte’, pero ya lo estamos sintiendo mi esposo y yo, cada vez se va haciendo más difícil su ausencia porque son recuerdos de cumpleaños, o cuando salen los muchachos de la escuela, los tiempos en que se iban a graduar”, señala.
La mujer, quien se convirtió en icono de Villas de Salvárcar desde que encaró al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, para exigirle que rectificara sus declaraciones en el sentido de que el ataque fue derivado de una confrontación entre pandillas, es fuerte, pero los recuerdos y las expectativas incumplidas la agobian.
“Todos están enfermos”, sentencia el abogado Gustavo de la Rosa Hickerson, quien representa a 10 familias de víctimas e igual número de sobrevivientes en su lucha por lograr que el caso sea atraído por un agente del Ministerio Público Federal y, en consecuencia, acceder a una indemnización a través de la Ley General de Víctimas.
Afirma que la inmensa mayoría de los deudos enfrentan problemas de salud, incluso un médico hizo de su conocimiento que los males que padecen podrían tener un origen o componente sicosomático.
“A muchos les brotó diabetes, una serie de padecimientos que los aquejan, además de una enfermedad terrible: una profunda tristeza”, advierte.
TODO PARECE NORMAL, PERO…
La calle Villa del Portal parece, a los ojos de los extraños, una vialidad completamente normal donde los niños juegan, los vecinos platican en la banqueta aprovechando un día soleado y los vehículos con productos llegan a la tiendita de la esquina a surtir su mercancía.
Basta llegar al numeral 1310 para enfocar la atención en una cruz de madera rodeada con 15 piedras. En cada una está escrito el nombre de una víctima de homicidio. Entonces la percepción cambia.
“Vienen muchas personas a ver, todavía llegan y preguntan que ‘dónde fue la matazón’, como si fuera algo turístico”, dice un habitante del sector que prefiere guardarse su identidad.
La presencia de extraños ha sido, desde aquella noche del 30 de enero de 2010, una incómoda constante para los vecinos, quienes prefieren ya no dar información sobre lo sucedido. “Vienen por puro morbo”, afirma el entrevistado anónimo.
En la actualidad ya sólo viven cuatro familias de las afectadas por la incursión armada de hace cinco años en esa calle. Los miembros de algunas prefieren no hablar, pero otros sí porque consideran que su lucha por alcanzar la justicia para sus seres queridos debe continuar.
Norma Leticia Ortiz Palma, madre de Jesús Armando, habita en el fraccionamiento desde hace 14 años. Llegó ahí cuando su hijo era pequeño. Aparte de los hechos en los que le arrebataron la vida al adolescente en enero de 2010, considera que el sector es muy tranquilo.
Indica que existe vigilancia policiaca, aunque no como los vecinos quisieran, ya que sufren de robos y asaltos.
Aun cuando en su momento las autoridades les brindaron terapia, considera que la ayuda fue incompleta porque la mayoría de los afectados están ahora enfermos.
“Bien, no estamos. Pienso que la terapia debe ser ahorita, cuando ya uno comienza a asimilar las cosas, a necesitar más apoyo, a extrañar más a los muchachos”, menciona.
Cada tercer día acude a que le saquen agua de su cuerpo y le cobran 500 pesos por sesión, dinero que obtiene del trabajo de su esposo, a quien a veces le pagan bien, además del apoyo económico que les brindan sus familiares.
Ahora que sufre de cáncer en el pulmón izquierdo acude a recibir quimioterapia una vez al mes.
Armando Segovia Escobar, su marido, labora todos los días, de domingo a lunes sin descanso para sostener su hogar, donde también vive su hija de 14 años, quien sufre por los estragos que le causa la ausencia de su hermano mayor y la forma en que le quitaron la vida.
“Ella no ha recibido atención, pero en estas fechas se mira triste, se deprime, no quiere ir a la escuela, está en la misma donde estaba su hermano (Secundaria 80), a donde camina media hora para llegar”, cuenta.
La imposibilidad de contar con el servicio del camión para que la traslade de su casa a la institución y de vuelta, radica en que o paga el transporte o se costea los tratamientos para sus enfermedades.
De su hijo Jesús Armando recuerda que era cariñoso, deportista y le encantaba jugar futbol, incluso le prometía que seguiría practicando esa disciplina para destacar y forjarse un futuro, además de seguir su instrucción formal.
A raíz de lo que pasó, Norma Leticia comenzó a sufrir migraña, al año del homicidio le extirparon la vesícula y hace ocho meses le detectaron cáncer.
“Cuando estuvimos yendo al juicio tenía ocho días de operada”, dice. “Me dijeron que la depresión pudo ayudar a desarrollarlo”. Luz María Dávila también ve pasar el tiempo sumida en el dolor por la ausencia de sus hijos José Luis y Marcos, quienes tenían 16 y 19 años al momento de su asesinato.
“José Luis estuviera ahora en la universidad, a Marcos ya le hubiera tocado salir de la universidad también, son cositas que va uno recordando con el tiempo, se va haciendo difícil”, señala. “Es un vacío muy grade”.
Los dos siempre andaban muy juntos, unidos, se cuidaban, el más grande era el ejemplo del más chico, quien lo seguía en todo, incluso quería entrar a estudiar la misma carrera.
Un video para la historia: una madre dolida confronta al Presidente Calderón. “Usted no es bienvenido”, le dijo. Calderón prometió apoyo. No lo cumplió, como tampoco ha cumplido este gobierno.
En medio de la desgracia, se congratula del buen recuerdo que dejaron ambos en las comunidades donde se desempeñaban.
“Hay personas que me dicen: ‘usted es la mamá de los Piñita’. He estado conociendo yo a las personas, se acercan a mí porque ellos convivían hasta con señoras mayores, qué bien que dejaron un recuerdo bonito en ese sentido, pero para mí es más triste”, dice.
La pesadumbre “ha pegado” en todos los afectados con el ataque y tiene conocimiento de que algunos sufren diabetes, presión alta y hasta afecciones cardiacas.
De hecho, afirma, ella sufre de presión alta, una condición que no padecía y que ahora le provoca serios malestares; incluso días antes de la entrevista faltó a su trabajo debido a su condición.
Acerca de la atención sicológica oficial, indica que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado personal, pero debido a su estado emocional no los ha recibido.
“No es que no quiera, pero no me he sentido bien para aceptarlos, porque si así que está pasando el tiempo se está haciendo más difícil, entonces imagínese otra vez con el sicólogo encima, sería lo mismo de antes”, comenta.
Del aspecto laboral, Luz María indica que aunque algunos deudos sí tienen trabajo, ganan apenas el mínimo. Con ese nivel de salario no pueden hacer mucho.
De los 14 núcleos familiares afectados por la masacre, explica De la Rosa Hickerson, seis están completamente desempleados.
Perdieron sus trabajos, en buena medida porque entraron en un proceso de depresión increíble, una angustia que no les permitió seguir presentándose a trabajar.
Los que sí están empleados, obtienen salarios del orden de 600 a 800 pesos por semana, afirma.
JUSTICIA E INDEMNIZACIÓN
“Espero de las autoridades justicia, que no nos tiren al olvido, que encuentren a los responsables porque quisieron tapar el sol con un dedo y no se ha hecho nada”, declara Jaime Alejandro, hijo de Jaime Rosales Cisneros.
El hombre, quien tenía 42 años cuando fue asesinado, era el pilar económico de la familia, a cuyos miembros mantenía desarrollando la actividad de contratista plomero y en la que tenían cabida sus descendientes.
“Hasta ahí se me acabó el trabajo, ahorita estoy desempleado, nunca nos ayudaron en eso”, menciona refiriéndose al Gobierno. “No hemos recibido más que lo del panteón”.
Acerca de la demanda que 10 familias afectadas interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR), buscando que ejerza la facultad de atracción y así puedan acceder a los beneficios planteados en la Ley General de Víctimas, indica que esperan una respuesta positiva.
Añade que no se trata de la cuestión económica, sino moral porque hasta ahora no han recibido apoyo alguno.
Cuestionó que, por ejemplo, el Gobierno federal esté respaldando al caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero lo que pasó en Villas de Salvárcar se echó al olvido.
“No nada más me quitaron a mi padre, me quitaron el trabajo, a un amigo, muchas cosas, hasta la fecha no he podido salir adelante, tengo siempre esa espinita clavada”, añade.
Arturo Sandoval, portavoz de la Fiscalía General del Estado (FGE), da a conocer que la carpeta de investigación en torno a los hechos de Villas de Salvárcar sigue abierta.
Además, ya hay cuatro personas con sentencias ejemplares de 240 años de prisión: José Dolores Arroyo Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez y Aldo Fabio Hernández Lozano, pero las indagatorias continúan.
Sobre la petición de que sea la PGR la que lleve el proceso, comenta que si se cumplen los parámetros para que se haga de competencia federal, entonces que la PGR decida si toma el caso, pero por lo pronto está en manos de la Fiscalía.
Aunque hay diferencias en la percepción del trabajo de las autoridades en el caso, todos tienen en mente seguir buscando que todos los asesinos sean encarcelados.
“De las autoridades quisiera que hicieran su trabajo y buscaran a los demás, porque cuatro no vinieron aquí (a matar), que agarren a los demás”, expresa Norma Leticia.
La actuación del gobierno, señala, los hace sentir decepcionados porque aunque existen testigos que vieron a Israel Arzate Meléndez en el ataque, ahora él está libre.
Ella apoya la demanda interpuesta ante la PGR para tratar de alcanzar la reparación del daño, ya que esos recursos ayudarían a aliviar un poco la situación adversa que enfrentan.
De la Rosa Hickerson acompañó a los deudos a interponer la demanda ante la PGR el pasado lunes para denunciar que el delito que se cometió en contra de sus parientes es de tipo federal, luego que se comprobó que fue orquestado por un grupo de la delincuencia organizada.
Además, buscan una indemnización –entre uno y dos millones de pesos–, bajo el amparo de la Ley General de Víctimas, luego que un Tribunal estatal decretó como reparación del daño el pago de 40 mil pesos por víctima.
“Que les digan que el valor de la vida de sus hijos, que eran su esperanza, es de 40 mil pesos, pues es un insulto, una burla”, declara.
Luz María es contundente al afirmar que aunque a los deudos les faltan muchas cosas, lo primero es que las autoridades “trabajen bien” sobre el caso porque ya pasaron cinco años y todos los que intervinieron en la muerte de sus hijos no están presos.
“Lo único que pedimos es justicia y que los culpables paguen”, dice. “Que hagan lo que tengan que hacer para que queden encerrados los que tengan que quedar”.
Menciona que aun cuando hay cuatro asesinos encarcelados, Arzate Meléndez sigue libre.
“Sabrá Dios qué vaya a pasar con él, de hecho hay pruebas, según esto Fiscalía las tiene, pero todavía estamos en espera de qué van a arreglar, pero se va a pasar más el tiempo y no van a arreglar nada y así la vamos a pasar”, menciona.
Desde su perspectiva, para tener confianza en el gobierno debe seguir haciendo su trabajo y tratar de mejorarlo debido a que ya pasaron cinco años, que es demasiado tiempo.
Dávila apoya la lucha para obtener una indemnización a través de la Ley General de Víctimas porque están demandando lo que les corresponde, sin pedir ningún favor porque lo que pasó fue responsabilidad tanto del Gobierno federal como del estatal.
“Exigimos la justicia para mis hijos y para los demás muchachos”, remata claridosa como suele ser. “La impunidad nos afectó en todo”.
