Los dos últimos presidentes de México han seguido una política de “descabezamiento”, con la que atrapar a grandes capos no frena la violencia. En los últimos tres años, nada ha cambiado en comparación a 2016, simple y sencillamente se ha recurrido a una especie de administración de los homicidios, las desapariciones, los muertos…

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– Si bien la Presidencia de Enrique Peña Nieto se diferencia de la de Felipe Calderón Hinojosa por “matices” en la atención que cada una ha dado al tema del narcotráfico, ambas administraciones, advierten analistas, sostienen una estrategia de sólo “descabezamiento” de los presuntos grupos del crimen organizado que en ningún caso ha estado acompañada de persecución a las redes políticas y de lavado de recursos.

Un ejemplo, dice Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la inacción en México hacia el ex Gobernador y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, detenido en España –una semana después que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera– por presuntamente lavar dinero de la organización criminal conocida como Los Zetas.

“No se quiere dar el golpe a las redes empresariales y políticas. En Estados Unidos y España dicen que (Moreira) tiene nexos con Los Zetas, y en México no se investiga eso”, dice Benítez, también director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

La constancia en la búsqueda de los denominados “122 objetivos prioritarios” es otra evidencia de la continuidad de esta política de descabezamiento y sólo “punitiva”, plantea Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana. “Las estructuras del crimen organizado persisten, las redes de complicidad no se han atacado; cada vez que hablan de la captura de un capo esto no viene acompañado de un desmantelamiento de estas organizaciones, de las redes de complicidad con las clases políticas, empresariales; eso no se investiga”, dice.

Después de que el “combate frontal” al crimen organizado dominó la agenda del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, el actual titular del Ejecutivo, emanado del PRI, marcó distancia en el discurso y enfocó su Gobierno en la aprobación de las “reformas estructurales”.

Así, en el arranque del sexenio anterior, el 11 de diciembre de 2006, el Gobierno de Felipe Calderón anunció el inicio de la Operación Conjunta Michoacán y envió cinco mil soldados a esa entidad para “enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”. Luego envió operativos similares a Chihuahua, Baja California, Guerrero, Sinaloa, a la región denominada Triángulo Dorado [integrando por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa], Nuevo León y Tamaulipas.

El resultado, de acuerdo con un comparativo publicado este 20 de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue un aumento casi imparable en la violencia, sobre todo a partir del primer año de los despliegues militares: 2007 cerró con 10 mil 253 averiguaciones previas o carpetas de investigación por homicidio doloso; 2008 con 13 mil 155; el año siguiente con 16 mil 118; 2010 con veinte mil 680 casos; 2011 con 22 mil 852 y 2012 con 21 mil 736 expedientes –con un número aún mayor de víctimas. En total, más de 104 mil personas víctimas de asesinato.

Peña Nieto, en contraste, también en el arranque de su sexenio, presentó la que denominó una “nueva política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos” basada en la “planeación”, la “prevención” y la protección a los derechos humanos, entre otras líneas de acción dadas a conocer el 17 de diciembre de 2012, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“El mandato ciudadano es muy claro: Los mexicanos quieren un México en paz. Exigen respeto y protección a los derechos humanos”, dijo Peña Nieto entonces, citando el nombre de la primera meta de su Plan Nacional de Desarrollo.

“Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones”, agregó.

LOS MUERTOS DE PEÑA

El estudio difundido la semana pasada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y titulado “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2015, muestra que esta intención se sostuvo sólo los primeros dos años, debido a que las disminuciones registradas en el primer año de la administración –cuando los expedientes abiertos por homicidio doloso bajaron a 18 mil 332 casos en todo el país– y en el segundo –15 mil 653 casos– se revirtió el año pasado, al cerrar 2015 con 17 mil 13 casos. En total, según el documento recién difundido, 50 mil 998 casos entre 2013 y 2015; más de 11 mil 400 que los registrados en el mismo periodo de Felipe Calderón (39 mil 526).

Lo anterior, más la acumulación de violaciones masivas a los derechos humanos, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que se sumó a alrededor de otras 26 mil desapariciones; los casos de trata de personas y de feminicidio probablemente vinculados con los operativos armados –como se argumentó en un juicio oral en Ciudad Juárez–; y el aumento a riesgo mortal en profesiones como el periodismo, el Derecho, la defensoría de derechos humanos e incluso los servicios de atención médica.

Esta persistencia en los hechos violentos, de acuerdo con diferentes diagnósticos, así como la continuidad del negocio del narcotráfico, muestran las limitaciones de la actual política de sólo arrestar a presuntos jefes de las organizaciones dedicadas a la producción, almacenamiento y transportación nacional e internacional de drogas ilegales sin atacar sus intereses económicos ni sus redes en los diferentes niveles de Gobierno.
Desde enero de 2015, estadísticas de la Procuraduría General de la República entregadas a SinEmbargo indicaron que los miles de asesinatos contrastaban con las cifras de procesamiento judicial de los delitos atribuidos a la “delincuencia organizada”, como el lavado de recursos de procedencia ilícita.

En ese sentido, las estadísticas mostraron que entre 2006 y septiembre de 2014, el Gobierno federal había iniciado mil 135 averiguaciones previas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y, del total, encontrado pruebas y presuntos responsables en 257 casos; es decir, en un 22 por ciento de los expedientes abiertos desde 2006.

En el análisis por año se observa, además, una marcada tendencia a la baja en la investigación durante el cambio de sexenio, ya que la apertura de averiguaciones por este delito bajó de 96 expedientes en 2012 a 23 en 2013 y a doce en los primeros nueve meses de 2014. Lo mismo ocurrió con las consignaciones, que bajaron de 25 a 15 en 2013 y luego a cuatro en los primeros nueve meses de 2014.

En general, mostraron las estadísticas, la investigación contra todos los delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada registró una tendencia a la baja, al pasar de dos mil 270 expedientes abiertos en 2012 a sólo mil 302 en 2013; es decir, un 42 por ciento menos.

Ni aun Guzmán Loera, a quien medios y autoridades identifican como uno de los líderes del cartel del narcotráfico más importante del mundo, enfrenta cargos por lavado de dinero ni aun por homicidio ante el Poder Judicial Mexicano.

Hasta la fecha de su segunda fuga, en julio pasado, contra el presunto capo pesaban autos de formal prisión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y uno más por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército –fincado a raíz de la captura en Mazatlán el 22 de febrero de 2014.

Los autos de formal prisión se encuentran en las causas penales 50/2009, 206/2010, 65/2011, 364/2012 y 10/2014, en cuyas notas informativas se observa que hubo incluso acusaciones que el Ministerio Público Federal no pudo probar, como su probable responsabilidad en un delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio fincado en julio de 2009.

“El Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México informa que a las 14:30 horas de este día (25 de febrero de 2014), dentro de la causa penal 50/2009, dictó auto de formal prisión en contra de Joaquín Guzmán Loera o Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, como probable responsable en la comisión del delito delincuencia organizada”, dice el reporte de la Judicatura.

“Asimismo, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley, al no demostrarse su probable responsabilidad penal en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína”, agrega.

TRABAJO A MEDIAS

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Desde los días posteriores a la primera re-captura, en febrero de 2014, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos advirtió que “basado en ese éxito, la Oficina de Control de Activos Extranjeros continuará enfocándose en las finanzas y operaciones del cártel de Sinaloa”.

Entonces, el 27 de febrero de 2014, el Tesoro publicó una lista con 10 empresas presuntamente vinculadas con las actividades criminales del cartel de Sinaloa; seis de ellas ubicadas en Colombia y otras cuatro en la zona metropolitana de Guadalajara, región en donde el Gobierno de Estados Unidos ubica a decenas de empresas que estarían lavando dinero y contra las que el Gobierno mexicano no ha emprendido acciones.

“No se pasa a un segundo nivel, se captura a los jefes pero no se destruye la organización empresarial, y las organizaciones se recomponen y siguen actuando”, dice Raúl Benítez Manaut.

Otro problema intacto, comentan los entrevistados, es la colusión de políticos con el crimen organizado; situación que ha dejado vastos territorios bajo el poder de fuerzas armadas que trabajan para la delincuencia. Tan sólo en Tamaulipas, en la frontera con Texas y sede de un intenso tráfico de drogas, el Gobierno de Estados Unidos sostiene acusaciones de lavado dinero contra los ex gobernadores Tomás Yárrington y Eugenio Hernández Flores; éste último recibido con aplausos en el último informe del Gobernador Egidio Torre Cantú.

Este tipo de colusión, agrega Benítez Manaut, se podría estar registrando en otros estados como Michoacán, Coahuila, Sinaloa, en municipios del Estado de México, Guerrero y Morelos.

La falta de investigación alrededor de la clase política, dice el especialista, tiene molestos incluso a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se han encargado de los operativos contra los presuntos líderes de las organizaciones. “Ellos mismos, los militares, dicen que están haciendo un esfuerzo serio pero que no se avanza en otras áreas, como la relación de los políticos con los cárteles y las empresas que lavan dinero. No se trabaja para continuar el esfuerzo”, insiste.


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