El problema de la corrupción alteró el Estado de derecho, pero el Gobierno, en lugar de solucionarlo, se esfuerza más en vender los resultados de las reformas estructurales. El año pasado, Peña Nieto debió de haber dado visos de querer hacerle frente a la situación, ahora ya es tarde.

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Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La guerra contra la corrupción en México ya está perdida, al menos en este sexenio. Hasta ahora no existen acciones decisivas de parte del Gobierno Federal ni de la oposición para terminar con este problema que al año le cuesta al país 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, así lo consideró Rodrigo Aguilera, analista para México y América Latina de The Economist Intelligence Unit.

Desde Londres, Aguilera señaló a SinEmbargo que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto tuvo el año pasado “para dar señales de que iba a cambiar la actitud contra la corrupción y no ha ocurrido esto, tanto por parte del gobierno como de la oposición. La clase política mexicana está en un equilibrio muy nocivo: siempre hay condenas enérgicas contra la corrupción, pero no hacen nada al respecto”.

Después de escándalos de corrupción como el de la casa de la Primera Dama, Angélica Rivera de Peña, comprada a Grupo Higa –uno de los contratistas más beneficiados del Gobierno, o el de las otras viviendas –del mismo Presidente y del Secretario de Hacienda- adquiridas también a contratistas bajo condiciones preferenciales, “la ‘Marca México’ esta muy mal, ya que el Gobierno no ha podido enfrentar estos problemas institucionales que han alterado el Estado de derecho. El Gobierno de México es muy bueno en decir que firmamos una cantidad de tratados, tenemos un sistema anticorrupción, pero no hay resultados y por eso este jueguito se le está acabando; ahora ¿de qué te sirve presumir tratados internacionales, si no puedes castigar la corrupción?”.

MAL Y DE MALAS

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En los últimos 15 días, tres mediciones internacionales han mostrado deficiencias en la manera en la que se conduce el país: el primero fue el Índice de Democracia de The Economist en el que México cayó cuatro lugares de un año a otro (de 2014 a 2015). En 2014 estaba en el lugar 10 de 24 países de América Latina; bajó al lugar 14.

El segundo fue el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Transparencia Internacional elabora cada año su índice basado en el promedio de los resultados de 12 encuestas globales, en las que organizaciones internacionales consultan a empresarios su percepción de la corrupción en el sector público de una nación específica.

América Latina mantuvo en promedio una puntuación de 40 puntos durante 2015 y 81 por ciento de los países de la región arrojaron un resultado inferior a 50 según el índice, que va desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de ínfimos niveles de corrupción).

El país latinoamericano con menor percepción de corrupción fue Uruguay (posición 21), seguido muy de cerca por Chile (23) y Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador y Panamá empatados en la posición 72, Brasil en la 76, Colombia en el 83 y México en el 95. Al extremo opuesto, Venezuela permaneció como la nación latinoamericana con peor desempeño, al quedar en la posición 158.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.

En el mismo sentido se expresó Alejandro Salas, director para las Américas de TI, al decir que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Salas reconoció en conferencia de prensa desde Berlín tener sus dudas de que en el país se vaya a combatir realmente la corrupción a pesar de que se ha reactivado la agenda anticorrupción después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“México, sufre con este tipo de informes, con la crisis de corrupción, el branding [la marca] de México mejoró cuando llegó Peña Nieto al poder, después de que Felipe Calderón enfatizó la guerra contra el narco y no es por menospreciar el problema del narco. El problema es que Peña Nieto se fue al otro extremo promoviendo lo bueno y ocultando todo o malo”, dijo por su parte Rodrigo Aguilera.

Aunque hasta ahora es difícil de cuantificar, expresó, los resultados negativos en este tipo de reportes se va a traducir en un “impacto económico medible”, pero cuando se traduce en procesos democráticos, no se pueden hacer comparaciones.

Citó el caso de Brasil, que con todo y sus problemas de corrupción, que ya alcazaron a los altos ejecutivos de Petrobras y a la misma Presidente Dilma Rousseff, recibe el triple de Inversión Extranjera Directa (IED) que México, la diferencia radica en que allá sí existen altos funcionarios y ex funcionarios encarcelados por desviar recursos del erario.

En el caso del tema de la crisis de derechos humanos en México, Aguilera expresó que algunos países tocan el tema a nivel internacional, pero no hacen nada al respecto: de nada sirve pronunciarse si no están aplicando una presión directa sobre este Gobierno”.

LA CORRUPCIÓN Y LA REFORMA ENERGÉTICA

Cuando se le cuestionó a Aguilera sobre si el tema de la corrupción en México podría poner en riesgo la Reforma Energética, el analista expresó que “el Gobierno Mexicano tiene la capacidad de hacer ciertas cosas siempre y cuando tenga el intereses de hacerlo, y tiene todo el interés del mundo de que la Reforma Energética sea un éxito”.

Destacó que a pesar de que la mayoría de las inversiones del sector se encuentran en estados que son problemáticos en materia de seguridad – y en los que existe la colusión de las autoridades con los grupos criminales, las empresas internacionales saben de los riesgos que corren y en este escenario, la baja en los precios internacionales del petróleo les preocupa más que la crisis de Estado de derecho que enfrenta en Gobierno.

“Nuestros pronósticos no le dan tanto impulso material al PIB –con la Reforma Energética-, cuando salió la Reforma, el gobierno ya estaba diciendo que el país iba a crecer a 5 por ciento, pero nosotros en ningún momento vimos que eso iba a suceder porque había problemas en la regulación”, expresó.

En el escenario actual, con un precio del petróleo que en un año se ha desplomado a menos de la mitad y un peso que en lo que va del año ha perdido 23 por ciento de su valor, consideró que el Gobierno tiene pronósticos “bastante optimistas”, pues al hablar de que la economía va a crecer a un rango de 4 por ciento, sólo el Gobierno se la cree”.

Si bien es cierto, consideró, que algunas reformas de la era Peña Nieto, como la de Telecomunicaciones han dado algunos resultados, “el problema en el petróleo está impactando en el gasto e inversión pública”.

Señaló que el Gobierno mexicano también fue alcanzado por la mala suerte, pues el hecho de que cayeran los precios del petróleo en el año de la Reforma Energética fue algo inesperado.

No obstante, detectó que uno de los grandes errores de la gestión económica del Gobierno federal ha sido desatender la desaceleración económica que se viene registrando desde 2013 y preocuparse más por las reformas estructurales.


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