Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El grupo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que iniciará esta semana sus pesquisas sobre la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, podría cambiar la “verdad histórica” del gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 alumnos de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, advirtieron organizaciones civiles y padres de los alumnos.
“La PGR anunció su verdad histórica y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Los expertos arribaron este domingo a México. Los cinco trabajan desde hace años en la atención a víctimas. Carlos Martín Beristaín y Ángel Buitrago, siguieron las desapariciones cometidas por el Estado en Colombia; Francisco Cox Vial, quien trabajó en el caso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet y la ex Fiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz.
El quinto experto es Alejandro Valencia, ex consultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Aunque la investigación sobre los 43 jóvenes oficialmente sigue abierta, los familiares de los estudiantes, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres, están desesperados y buscan la presión de instancias internacionales al gobierno mexicano porque ya nadie busca a los jóvenes.
No los busca la PGR ni tampoco las organizaciones de policía comunitaria como la Unión de Pueblo Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes incluso, ya salieron de Iguala, en donde se encontraban desde octubre del año pasado.
“Frente a cinco meses de la desaparición, se haya un estancamiento de las investigaciones. La PGR con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda, las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene”, dijo Vidulfo Rosales el miércoles pasado a SinEmbargo.
El abogado también aseguró que los padres de los jóvenes normalistas están esperanzados en el grupo de expertos de la CIDH que llegaron este domingo a México y que iniciarán sus trabajos a partir de hoy y durante los próximos seis meses, con opción para ampliar el plazo.
De acuerdo con Brewer, la comisión de especialistas trabajará en tres ejes principales: la búsqueda con vida de los jóvenes, la investigación penal para revisar si el Estado agotó todas las líneas relevantes que lleven a esclarecer los nexos entre autoridades y el crimen organizado y por último, la atención a las víctimas.
La comisión podrá emitir recomendaciones a las autoridades mexicanas desde el primer día que inicien con su trabajo.
Stephanie Brewer explicó que los expertos firmaron un acuerdo en noviembre, después de la solicitud de medidas cautelares y asistencia técnica que realizaron los padres de los normalistas a la CIDH. El documento se firmó entre las dos partes y la PGR, en donde se estableció que los especialistas serán coadyuvantes de la investigación, por lo que pueden presentar denuncias penales si así lo deciden.
“Apostamos que los expertos puedan aportar muchos elementos para mejorar la investigación y que se abran nuevas líneas, que se investigue no solamente a nivel municipal, sino federal y estatal”, indicó Brewer.
La activista del Centro Prodh, organización que sigue de cerca en México el caso de los normalistas, llamó a las autoridades mexicanas a brindar el apoyo necesario a los investigadores.
“Es un llamado al Estado para que el grupo tenga el acceso completo al expediente. Si tiene las condiciones adecuadas seguramente van a descubrir y traer a la luz varias cosas, podrían significar un giro a la investigación”, destacó.
Brewer agregó que para los padres de los normalistas, los expertos de la CIDH, significan una esperanza de justicia, pues ya no creen en el Estado mexicano.
“Las familias ya no creen en la versión oficial, en lo que les cuentan las autoridades, por el simple hecho de que en un primer momento dieron a conocer una versión según la cual los restos encontrados en las fosas comunes eran de sus hijos, luego lo de Cocula”, dijo.
“QUEREMOS QUE SE INVESTIGUE AL EJÉRCITO”: PADRE DE NORMALISTA
Los padres de los normalistas no quitan el dedo del renglón e insisten en que se debe abrir una línea de investigación en torno a la participación del Ejército mexicano en los hechos de Iguala.
Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, normalista desaparecido en ese municipio el 26 de septiembre del año pasado, junto con los otros 42 jóvenes, aseguró que los familiares de los estudiantes tienen la esperanza de que el grupo de expertos fortalezca la solicitud para investigar a las fuerzas castrenses.
“Estamos muy agradecidos con la Comisión. Nosotros no vemos que el gobierno de México esté interesado en abrir nuevas líneas de investigación. Ojalá que ahora se fortalezca el trabajo que nosotros hemos estado empujando”, dijo.
Ortega detalló que los padres están seguros que hubo una “participación directa” del Ejército en la desaparición de los normalistas. También destacó que hay varias irregularidades en la investigación.
“No se ha detenido a varias personas que están en el expediente y no sabemos porqué la PGR no lo ha hecho”, aseguró.
Para el padre de Mauricio, la búsqueda no ha termino y llegarán “hasta las últimas consecuencias”, aunque les cueste “mucho trabajo seguir en la lucha”.
“Nos ha costado bastante trabajo lograr lo que hemos logrado, porque nosotros hemos estado todos los días visitando embajadas, aeropuertos, haciendo marchas, denunciando. Ha costado mucho esfuerzo no sólo de nosotros, sino de la sociedad civil, de todos los sectores que han apoyado al movimiento”, finalizó.
