“No sé cuál será la dimensión” de la denuncia que se apresta a formular la Fiscalía General sobre el caso, declaró Wagner, quien sin embargo apuntó que la revelación de quiénes son los políticos implicados en el caso pudiera generar “turbulencias”.

La investigación en la estatal comenzó hace casi un año y hasta ahora ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que tenían turbios negocios con la estatal, en los que participaba un número aún desconocido de políticos, entre los que se conjetura que hay muchos parlamentarios.

Según la Policía, los empresarios obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban las corruptelas.

La investigación se desarrolla bajo estricto secreto judicial, pero de acuerdo con la prensa local la Fiscalía tiene previsto acusar de pertenecer a esa red de corruptelas a “decenas” de políticos, en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff.

El fiscal general, Rodrigo Janot, no ha precisado en qué fecha formulará la denuncia contra el llamado “núcleo político” de esa trama de corrupción, que presentará ante el Tribunal Supremo, pues muchos de los implicados tienen derecho a ese foro privilegiado.

Sin embargo, Janot ha dado a entender que entregará el documento a la corte esta misma semana, lo cual mantiene en vilo al mundo político del país.

Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en que arreciaban las corruptelas, ha reiterado que la Justicia llegará a los culpables de las corruptelas y afirmado que “pagarán por eso”.

Aunque no se aclaró el contenido de las reuniones, la mandataria recibió hoy, por separado, al titular de la Abogacía General, Luis Inácio Adams, y a la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Carmen Lúcia Antunes, con quienes se presume que discutió el caso.

Petrobras es la mayor empresa del país, responde por casi el 12 % del producto interno bruto (PIB) brasileño y, según la Policía, la mafia que se enquistó en su directiva en los últimos veinte años se apropió de una multimillonaria suma, aún no precisada pero calculada en varios miles de millones de dólares.

La empresa, una estatal de capital abierto cuyos títulos cotizan en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, aún no ha podido presentar a sus accionistas el balance correspondiente al tercer trimestre del año pasado y sólo ha ofrecido una versión sin auditar.

La desconfianza generada por esos atrasos y la propia situación en que se ha sumido la empresa llevó a la agencia de calificación de riesgo Moody’s a rebajar la nota de los papeles de la petrolera, que situó en el nivel Ba2, considerado especulativo y conocido en los mercados como “bono basura”. EFE