Los proyectos de infraestructura no siempre tienen los efectos deseados, ya que hay inequidad en la repartición de los beneficios para lo que son creados, lo que provoca que en las mismas comunidades se disparen los índices de actos delictivos como robo a casas o asaltos.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Para la clase gobernante, la relación entre proyectos de infraestructura, generación de empleo y mejor calidad de vida, parece casi natural, razón por la cual, administración tras administración, es este rubro uno de los que más presupuesto recibe. Una construcción sí implica creación de empleos, tanto de trabajadores de la construcción como de proveedores, por ejemplo. Sin embargo, no toda la población sale beneficiada de estos, lo que según un estudio realizado por universidades estadounidenses, la desigualdad de oportunidades es también un caldo de cultivo de criminales dedicados al asalto, robo de vehículos y allanamiento de hogares.
El documento elaborado por Matthew Freedman y Emily Greene Owens, investigadores de las universidades de Drexel y de Cornell, respectivamente, se elaboró bajo la premisa de verificar si es posible –con programas de infraestructura– crear empleos y al mismo tiempo prevenir la delincuencia.
Lo que es un hecho, dice el estudio, es que “en algunas circunstancias” los programas de infraestructura producen el efecto deseado, pero la clave está en su concepción, ya que en teoría los beneficios de estos proyectos deben ser compartidos por amplios sectores de la población con el fin de reducir la desigualdad económica, pero los resultados mostraron algo diferente.
Se encontró que los beneficios –es decir, el trabajo y en consecuencia el salario– no alcanzan a cubrir una zona completa, por lo que es común que a un vecino le empiece a ir mejor, por lo que otros, los que no salieron beneficiados son más propensos a incurrir en actos delincuenciales como asalto, robo de vehículos y allanamiento de hogares.
Se concluyó que en un contexto de salarios bajos es posible identificar los efectos que los programas de desarrollo económico global tienen en los índices de delincuencia. Los actos criminales aumentaron en los barrios donde los residentes experimentaron aumentos en sus ganancias, derivado de que los beneficios de esa mejora económica no se dan en general. La desigualdad en los beneficios, aumenta el crimen.
Es decir, ya no basta con un aumento salarial, sino que se debe procurar también el acceso igualitario a las oportunidades de empleo; la fórmula es más oportunidades de empleo que lleguen a toda la población y mejores salarios.
El estudio “Localizados el Desarrollo Económico, la desigualdad y la Actividad Criminal” se basó en la experiencia de la Base Realignment and Closure (BRAC), un programa implementado en 2005 en San Antonio, Texas, para la renovación y construcción de cuatro bases militares.
Se encontró un comportamiento criminal como una respuesta racional a un aumento de oportunidades para algunos trabajadores de la construcción que tuvieron un aumento en cuanto a salarios.
De acuerdo con el modelo económico de comportamiento criminal, los agentes racionales participarán en el crimen si con ello obtienen la utilidad esperada para su subsistencia. Con base en eso, se detectan tres factores para que se tome esa decisión: la utilidad que se le da a un empleo legal (teniendo en cuenta el factor de la calidad del salario), la utilidad que se calcula se obtendrá de los actos delictivos y las probabilidades de ser capturado y castigado.
Según la experiencia internacional, en donde las empresas pagan impuestos o tarifas adicionales para financiar mejoras dentro de sus áreas designadas reduce los delitos contra propiedad y los violentos.
En otros casos, donde las empresas no atienden esos factores y los trabajadores de la construcción trabajan más y están mas tiempo fuera de casa, aumenta la vulnerabilidad de sus hogares y los delitos cometidos ahí.
En el caso de Estados Unidos, sí se encontró un aumento de 2 por ciento en los robos cometidos, y de hasta 4 por ciento en el número de asaltos con agresión. Las víctimas eran los propios vecinos.
EL CASO PARA MÉXICO Y AL
Para Daniel Montolio, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina y el Caribe la delincuencia y la violencia son un problema diario y figura entre una de las mayores preocupaciones de la gente.
“[este problema] Afecta al comercio internacional y la inversión, la iniciativa empresarial, el valor inmobiliario y la confianza en las instituciones públicas”, planteó.
También es un problema costoso, ya que exige inversiones para las entidades policiales y servicios de seguridad pública y privada. De acuerdo con cálculos del Índice de Paz Global, en 2014 México pagó por la violencia 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos.
En el artículo, Montolio consideró que la violencia es algo que se puede prevenir a la par de cubrir las necesidades de infraestructura, pero “sólo si los proyectos de infraestructura y empleo son influyentes y mejoran las perspectivas económicas de todos”.
Puesto que se trabaja en el entendido de que a mayores niveles de empleo la violencia disminuye, otro factor a considerar es que el empleo que se crea es mal pagado. Los mexicanos son los trabajadores que más horas laboran durante el año, en comparación con todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hacen en total 2 mil 228 horas (2 mil 327 los que tienen más de un puesto), pero también son los que tienen los salarios más bajos, catalogados incluso dentro del umbral de la pobreza extrema: 2.50 dólares o 37.5 pesos diarios, coincidieron estudios del Banco Mundial (BM).
En el caso de México, Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) al inicio de su gobierno. En 2013 expuso que “a mayor y mejor infraestructura, hay más oportunidades de atraer inversiones, generar empleo y mejorar el ingreso de las familias”, y añadió que la zona sur-sureste sería la que tendría la mayor prioridad del PNI, por ser la región “que más lo necesita”.
Se plantearon entonces la construcción de trenes de pasajeros, acceso a Internet de alta velocidad, pozos petroleros de aguas profundas, infraestructura para la extracción de gas shale, plantas hidroeléctricas que aseguraran el agua destinada a consumo humano y riego, así como protección contra inundaciones, gasoductos, infraestructura en salud, y viviendas. Esto es, 743 programas y proyectos de inversión, en el que seis de cada 10 pesos los pondría el Estado, el resto sería de inversión privada.
Desde 2015 las finanzas del país han sido sacudidas por recortes presupuestales, que han encontrado un lugar en los proyectos de infraestructura.
El recorte de 2016, de 132 mil 300 millones de pesos al gasto público, pospuso la construcción de carreteras y líneas de transporte. El de 2015 frenó los planes de la puesta en marcha de trenes rápidos, una decisión que costó de 60 mil empleos directos e indirectos.
