Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Promulgada el pasado 4 de mayo por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tras una larga batalla de organizaciones no gubernamentales, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública amplió los mecanismos de acceso a la información y el número de sujetos obligados; pero dejó fuera la declaración patrimonial, el documento a través del cual los funcionarios mexicanos podrían dar a conocer con precisión cuánto tienen y por qué.

Y es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que mantiene en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, hasta los candidatos que buscan gubernaturas, alcaldías o escaños en las próximas elecciones del 7 de junio.

“La declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expresó Ernesto Gómez Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción. Este experto, directivo en Contraloría Ciudadana, fue uno de los impulsores en el Congreso de la Unión para que la declaración patrimonial se incluyera en la nueva normativa de la rendición de cuentas. Dado que ello no fue logrado, dijo: “La clase política ganó en una práctica que ha hecho de manera tradicional, el ocultamiento de datos”.

El pasado jueves 28, la agencia Reuters publicó que la información sobre una de las propiedades del Presidente Enrique Peña Nieto era incorrecta, según una investigación propia. Los documentos que figuran en poder de la agencia británica indican que el Presidente le compró una propiedad de Valle de Bravo –un terreno de mil metros cuadrados– en 1988 a un tercero y no le fue donada por su padre, como suscribió el mandatario en su declaración firmada ante Notario Público.

Ese mismo día, en respuesta a esta información, la Presidencia de la República expuso que la propiedad de 11 millones 200 mil pesos fue adquirida por el padre del Presidente hace 27 años y “determinó ponerla a nombre de su hijo, Enrique Peña Nieto, de entonces 22 años de edad”.

Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto informó en la actualización de su declaración patrimonial, difundida en el Registro de Servidores Públicos, que cuenta con nueve propiedades, dos adquiridas al contado, una heredada y el resto donadas por su madre y por su padre. En la información proporcionada no se  especifica la dirección de los inmuebles, aunque precisa que se trata de cuatro casas, dos departamentos, dos terrenos y tres terrenos rústicos.

En cuanto a si  “posee un puesto, cargo, comisión, actividades o poderes, tanto en sociedades con fines de lucro como filantrópicas”, el Primer Mandatario sostuvo que no tiene ninguno. También planteó que no hay “ninguna” participación económica, o financiera del “declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos”.

En la actualización de la declaración del Jefe del Ejecutivo federal se reporta una propiedad de mil metros cuadrados, con el mismo valor y la cual fue una donación del padre del Presidente. Asimismo se coloca una aclaración:

Las referidas a mi padre, fueron un donativo de él en vida. Las referidas a mi madre, son las que realiza en su carácter de heredera universal de los diferentes bienes que recibió de la sucesión de mi padre. Con respecto a los terrenos rústicos a que hago referencia, estos son tierras cultivables [….] Por lo que hace a los terrenos con superficie de 1000 metros cuadrados [la casa de Valle de Bravo] y 24 000 metros cuadrados, el precio fue pagado por mi señor padre, Ing. Enrique Peña del Mazo, quien determinó que las propiedades quedaran a mi nombre, es por ello que las mismas se manifiestan como donación.

El escándalo ha ocurrido en escalada. Y se originó en la falta de precisión en la declaración patrimonial del Presidente. A finales de 2013, una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias expuso que Peña Nieto no declaró una casa multimillonaria adquirida mediante una hipoteca laxa de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista favorecido de su Gobierno. Después, The Wall Street Journal publicó que Peña Nieto le compró una casa en Ixtapan de la Sal a la constructora de la familia San Román, la cual ganó más de cien millones de dólares en contratos estatales mientras él era Gobernador del Estado de México.

En el affair, también está el Secretario de Hacienda. Su declaración patrimonial no incluyó la compra de una casa a Bienes Raíces H&G S.A., propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de constructora Teya, parte del Grupo Higa, dato revelado también por una investigación del diario estadounidense The Wall Street Journal.

El ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, vive sus días envuelto en un escándalo inmobiliario generado en la falta de información de sus finanzas personales. El reportero Heliodoro Cárdenas publicó un reportaje en el diario Milenio que reveló que durante su administración, el GDF le vendió en 1 millón 64 mil pesos un predio valuado en casi 33 millones, en el que la empresa Enalser –de la que es socio Enrique, su hermano– construyó el edificio en el que ahora vive el político y por el que dice pagar una renta de 80 mil pesos al mes.

Por su lado, los candidatos que buscan puestos de elección popular en la próxima elección intermedia han dado a conocer a regaña dientes declaraciones que generaron más dudas que certezas porque el patrón es uno: ninguno tiene propiedades y casi todo está a nombre de sus esposas.

Más allá de la controversia sobre las fortunas de los políticos mexicanos, otro experto, Alejandro González, director de Programa de Gestión Social (Gesoc), señaló que con el formato actual, la declaración patrimonial no es un documento que contribuya con el ejercicio de transparencia necesario en México dados los niveles de corrupción detectados en todos los ámbitos de gobierno.

LA FRUSTRACIÓN

En el marco de la discusión de la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, miembros de organizaciones civiles como IMCO, Fundar, Gesoc y el Colectivo por la Transparencia le pidieron a los legisladores que la nueva normativa considerara lo que bautizaron como “3de3”, una iniciativa que implicaba que los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, tributarias y de intereses (aquí debían mencionar a las personas con las que podrían tener conflictos en el futuro). Pero no lo lograron.

De modo que la legislación quedó tal cual está desde 2002. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos están obligados a informar sobre sus fortunas a la Función Pública. Si el servidor no quiere, la declaración no se da a conocer a los ciudadanos. Su carácter es preventivo y depende de la voluntad de los políticos. Incluyen lo que quieren y omiten lo que quieren.

La del Presidente de la República no muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Una de las dudas que genera la declaración del Presidente es la afirmación de que el 19 de marzo de 2001 heredara de Mónica Petrelini (Q.E.P.D), quien fuera su esposa,  un departamento con un valor de 2.6 millones de pesos. La herencia tendría que haber ocurrido en vida, pues ella falleció seis años después, en enero de 2007.

Peña Nieto compró luego la casa en Ixtapan de la Sal (la referida en la investigación de The Wall Street Journal), en diciembre de 2005, apenas iniciado su periodo como gobernador del Estado de México, con un valor de 5.6 millones de pesos. Cuatro años después, en una entrevista para la cadena Univisión, le dijo al periodista Jorge Ramos, que no era millonario.

No se trata sólo del Primer Mandatario. Declarar sin precisión es un estilo de los políticos mexicanos. El ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó una declaración patrimonial que fue calificada por analistas como “increíble, absurda e inconsistente”. Quien gobernara el Distrito Federal de 2006 a 2012 dijo que no poseía ninguna propiedad en la ciudad que gobernó y omitió la mención de intereses. El funcionario ahora encara un conflicto inmobiliario por la sospecha sobre la propiedad que habita.

En el preámbulo de las elecciones de 7 de junio, las mismas organizaciones que pidieron el llamado “3de3” en el Congreso, lanzaron la plataforma “Candidato Transparente” para que los candidatos presentaran su declaración. De acuerdo con una revisión de este sitio digital, son las esposas las dueñas de las fortunas familiares y no los candidatos.

Por ejemplo, Ricardo Monreal, candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quien fuera delegado en Cuauhtémoc, gobernador de Zacatecas y cinco veces legislador federal no tiene propiedades. Ninguna. Pero su esposa, quien gana 25 mil pesos, tiene once propiedades entre terrenos y viviendas.

Está el caso también de Héctor Astudillo, aspirante priista al gobierno de Guerrero, quien declaró ingresos anuales por 885 mil pesos y carece de propiedades. En contraste, su esposa tiene ingresos mensuales de 293 mil 437 pesos y es la dueña de 12 propiedades.

Y David Razú, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a delegado de Miguel Hidalgo, tiene ingresos por 921 mil 772 anuales y carece de bienes inmuebles; pero su esposa tiene ingresos por 340 mil pesos anuales y adueña una propiedad.

El llamado a la transparencia de la fortuna no tuvo gran eco. Para obtener una silla en la Cámara de Diputados hay dos mil 600 candidatos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y sólo 167 habían presentado la declaración patrimonial en esta plataforma al cierre de esta nota. En cuanto a los 500 suspirantes a presidencias municipales en el país y Jefes delegacionales en el Distrito Federal, sólo 58 habían hecho público su peculio.