El ministro belga de Finanzas, Johan Van Overtveldt, tiene previsto enviar una circular en los próximos días en la que se recoge esta decisión, que aplica una ley tramitada en 2010 en la que se establece que los países que figuran más de un año en la lista de la OCDE sobre paraísos fiscales deben ser también clasificados de este modo en Bélgica.

Luxemburgo aparece en la lista de la OCDE desde noviembre de 2013, según De Morgen.

El abogado fiscalista Michel Maus advirtió de que esta decisión puede crear tensiones diplomáticas entre ambos países, dado que Luxemburgo podría alegar que la lista de la OCDE es anterior a los pasos dados por el país en materia fiscal tras el estallido del escándalo conocido como LuxLeaks.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló a finales de 2014 los acuerdos ventajosos o “tax rulings” en materia impositiva que mantuvo el Gran Ducado con multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellas Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank.

Maus también advirtió de que la decisión supondrá una mayor carga burocrática para las empresas, que deberán notificar una gran cantidad de transacciones.

En una nota de prensa publicada el pasado 29 de mayo en su página web, Overtveldt recalcó su compromiso con la lucha contra la evasión fiscal.

Para ello, el Gobierno liderado por el liberal francófono Charles Michel aprobó ese día un borrador legislativo, aún pendiente de recibir el visto bueno final, que permite a las autoridades belgas requerir información a las instituciones financieras belgas sobre las cuentas que mantienen extranjeros en dichas entidades.

El objetivo es favorecer el intercambio de datos bancarios con otros países, en cumplimiento con las normativas internacionales de intercambio automático de información contra la evasión y el fraude fiscal, apuntó el ministro.