A pesar del Sistema Nacional Anticorrupción, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 al pasar del lugar 95 al 123 de los 176 países analizados. La corrupción, ya sean sobornos o desvíos de recursos, obstruyen el cumplimiento de los derechos humanos como el acceso a servicios públicos o impartición de justicia por parte de la policía estatal, municipal, ministerios públicos y jueces, determinó un estudio de la CNDH y la UNAM.
Ciudad de México, 2 junio (SinEmbargo).– Los actos de corrupción generan violaciones a los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales, afirma una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México” expone cuatro relaciones entre la corrupción y la violación a los derechos humanos: la solicitud de sobornos como condición para acceder a la justicia o a los servicios públicos; pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos; cuando los desvíos o sobornos disminuyen los recursos públicos y se tienen menos bienes y peores servicios que transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; y el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos.
El derecho a la salud es uno de los que tiene el nivel más alto de correlación con la percepción de la corrupción. A mayor percepción de la corrupción, más población sin acceso a la salud, más mortalidad infantil y menos esperanza de vida al nacer, concluyó el estudio coordinado por Daniel Vázquez, Luz Cardona y Horacio Ortiz, investigadores de FLACSO y el Colegio de México. Sobre la impartición de justicia, a más corrupción, más quejas por detención arbitraria.
“En total, en las correlaciones realizadas con los indicadores de corrupción objetiva se observan 34 correlaciones de 65 posibles combinaciones (52.3 por ciento) con los derechos económicos y sociales; 20 de 35 posibles casos en los derechos civiles y políticos (57.1 por ciento); y 7 de 10 en los indicadores generales de derechos humanos (70 por ciento)”, se concluyó.
Ante los resultados, determinó el estudio, “es clara la trascendencia de combatir la corrupción para asegurar la eficacia de las medidas del Estado Mexicano conducentes a brindar cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
No obstante, advierte, la lucha contra la corrupción tiene un problema específico inherente a todos los mecanismos de rendición de cuentas: difícilmente los gobiernos admitirán ser controlados.
Por ende, “es muy importante” que el órgano controlador tenga tanto la competencia legal necesaria, como el poder político suficiente para ejercer el control.
PERCEPCIÓN Y SANCIONES POR CORRUPCIÓN
Transparencia Internacional definió a la corrupción como el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Este es el punto reprochable, dice la investigación citada, la apropiación de lo público para fines privados.
A pesar del Sistema Nacional Anticorrupción, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 al pasar del lugar 95 al 123 de los 176 países analizados.
Un porcentaje de la población considera corruptas incluso a las autoridades encargadas de impartir justicia y seguridad.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela que entre el 85 y 95 por ciento de la ciudadanía considera que la policía es corrupta. Para el rango entre 55 y el 89 por ciento de los encuestados la administración de justicia de la Policía Judicial y Ministerio Público es corrupta. Para entre el 57 y el 84 por ciento la impartición de justicia de jueces también es corrupta, y entre el 14 y el 46 por ciento de los encuestados consideran que el Ejército y la Marina lo es de igual forma.
Si se analizan las entidades federativas que aparecen en más ocasiones donde hay mayor percepción de corrupción en cada uno de los cuatro indicadores construidos, el Estado y la Ciudad de México junto con Morelos aparecen en tres de las cuatro mediciones. Les sigue Oaxaca con dos apariciones de cuatro posibles.
En los indicadores de percepción de la corrupción (seguridad, seguridad nacional, administración e impartición de justicia), en 6 de 8 posibles combinaciones (75 por ciento) hay correlación entre estos con las mediciones generales de derechos humanos (total de quejas y 30 recomendaciones de la CNDH).
En específico, hay una correlación alta entre la percepción de corrupción en la administración de justicia (MP y policías judiciales), con la recepción de quejas por la CNDH.
Respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, entre el 2000 y el 2014, la Ciudad de México acumuló 42 mil 469 observaciones por posibles irregularidades; el Estado de México, 3 mil 657; Veracruz, 3 mil 596; y Jalisco, 3 mil 460. El Estado de México, resalta el estudio, pasó de 20 observaciones en 2003 a 518 en 2006; mientras que Veracruz tuvo un aumento de 368 por ciento en un solo año, de 2006 a 2007.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), entre el 2000 y el 2014 sancionó a 124 mil 420 funcionarios, principalmente con suspensión e inhabilitación. Solo el 4 por ciento fue destituido del cargo. El 43.44 por ciento de las irregularidades investigadas es por incumplimiento de declaración de la situación patrimonial y el 37.51 por ciento por la negligencia administrativa.
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En cuanto a derechos humanos, en el promedio del índice de integridad personal (1996-2011), México ocupa el penúltimo lugar en América Latina. Por debajo sólo está Colombia.
Uno de los indicadores más utilizados para mirar tanto derechos civiles (en particular el derecho a la vida) como para medir el nivel de violencia son los homicidios. Considerando sólo el 2014, el Estado de México es la entidad con el mayor número de homicidios: 2 mil 918. Le siguen con más de mil 727 muertes Chihuahua y Guerrero.
Otro de los principales problemas que aquejan los derechos civiles en México son las desapariciones. De acuerdo con las quejas presentadas ante la CNDH, la mayor parte se registraron entre 2008 y 2012 principalmente en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila y Guerrero.
“Tal concentración espacial y temporal de las quejas por desaparición forzada coincide además con años y entidades que estaban siendo afectadas por la guerra contra el crimen organizado”, contextualizó el estudio.
Las averiguaciones previas iniciadas por desaparición forzada en cada entidad revelan que Veracruz encabeza la lista con 54 averiguaciones, seguido de Tamaulipas con 35, Chihuahua con 29 y Coahuila con 25.
En relación con los derechos económicos y sociales, los estados más vulnerables por pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde más de dos terceras partes de los habitantes se encuentran en esta condición.
“En el sur hay una alta prevalencia de la pobreza multidimensional que resulta de tener al menos una carencia social y un ingreso por debajo de la línea de bienestar. En el norte del país encontramos una proporción considerable de personas con un ingreso insuficiente para alcanzar el bienestar económico”, documenta el informe.
“Lo que impera en México es una crisis generalizada de violaciones a derechos humanos que se complementa con un marco estructural de corrupción e impunidad”, concluyó el estudio.
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