Funcionarios en campaña, uso de programas sociales, compra de votos: el PRI lo volvió a hacer, acusa el PAN

02/07/2013 - 12:04 am
A una semana de las elecciones, el PAN insiste en denuncias. Foto: Rebeca Argumedo, SinEmbargo
A una semana de las elecciones, el PAN insiste en denuncias. Foto: Rebeca Argumedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).–  A menos de una semana de la celebración de elecciones en 14 estados, el Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, denunció que el Revolucionario Institucional (PRI) ha mantenido la compra de votos.

Así lo demuestran, dijo, las 67 denuncias que su partido suma en contra de candidatos y gobiernos priistas, que incluyen el proselitismo hecho por la esposa del Gobernador de Chihuahua, Bertha Gómez de Duarte, en horas laborales, días hábiles y acompañada por 11 elementos de seguridad.

O la propaganda difundida a través de desplegados por el gobierno de Durango para presumir la entrega de programas sociales por parte del Gobernador, Jorge Herrera Caldera.

Otro Gobernador involucrado es el de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de usar programas sociales con fines electorales.

Así lo denunció ayer el PAN en conferencia de prensa.

Entre las 67 denuncias también se incluyen las de parte de la estrategia electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, consistente en infiltrar en casillas electorales a funcionarios priístas, expresó.

En Aguascalientes, “se ha llegado incluso a usar al aparato de justicia”. El ejemplo es la acusación que hizo la semana pasada la Procuraduría estatal para decir que el candidato del PAN a la alcaldía de la capital, Eduardo Martín del Campo, estaba involucrado con el cartel del crimen Organizado la Familia Michoacana.

Ayer, el PAN presentó una copia de la queja del testigo donde éste se queja de que fue torturado para acusar al panista.

De acuerdo con Madero, estas prácticas se hacen bajo el silencio complaciente del Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo mismo ocurre por parte de los gobiernos estatales.

“De 67 denuncias ninguna ha sido resuelta ni han llamado a los responsables ni detenido ni sancionado a nadie en todo el país”, expresó.

Acompañado de Martín del Campo, Madero aseguró que esto que se vio en el estado del Bajío se ve en todo el país.

“Las viejas prácticas vuelven a ser vigentes, incluso al nivel de la tortura. Es un compendio muy extenso de acciones y actividades ilícitas para tratar de ganar a la mala, porque saben que a la buena no pueden, esto nomás es de billetes, engaños con el uso de despensas. Esto es sofocar la libertad”.

Madero no descartó que el día de la elección haya intentos de inhibir la participación del electorado, a través de los rumores.

“Generar miedo, inhibir a la gente a salir a votar, promover disparos al aire, acuartelar a la Policía y al Ejército y que no los vean y puedan salir los malos a intimidar e inhibir. Están jugando con esos márgenes, que la gente tenga miedo, se confunda y no salga a votar, es su estrategia, pero estamos conscientes de lo que está en juego, no sólo el Pacto (por México), sino el futuro del país; el clima político que se puede enrarecer, crispar de una manera que sea muy difícil recuperar los niveles previos que hemos construido en la colaboración del Pacto por México, es lo que está en juego. El principal responsable que esto suceda o no suceda es el PRI en el gobierno estatal y federal.

DENUNCIAS

El Director Jurídico del PAN, Eduardo Aguilar fue quien expuso la actualización del Semáforo de Contingencia Electoral elaborado por el PAN para vigilar el uso de prácticas electorales.

Los casos lo mismo muestran el reparto de despensas, el uso de recursos públicos con fines electorales o estrategias para que funcionarios de casillas priístas predominen en las casillas de votación.

El primer estado al que se refirió fue Veracruz, donde en la capital parte de la estrategia priísta, según Aguilar, es usar funcionarios electorales a modo, ya que de 363 casillas que se instalarán, en 212 habrá funcionarios priístas infiltrados.

Asimismo, en la entidad detectaron en plena campaña el reparto de 5 mil despensas por parte de simpatizantes priístas en el municipio de Tres Valles.

En el municipio veracruzano de Banderilla la Unión Obrera Campesina redactó una carta al Presidente Enrique Peña Nieto para acusar a la candidata priísta Marta Aguilar de usar programas sociales con fines electorales. Pero la Unión aún no recibe respuesta de Los Pinos.

En Coxquihui el candidato del PAN Lauro Becerra tuvo un atentado en el que murió una persona. El PAN en días pasados responsabilizó al candidato priista Reveriano Pérez Vega y a su hermano.

También acusó al candidato del distrito XXI, Tonatiuh Pola, de usar camiones del gobierno del estado de México para hacer campaña, y presentó fotos de camiones de redilas para probar su dicho.

Otro estado del cual hay denuncias contra priístas es Quintana Roo, donde el gobernador Roberto Borge usa programas sociales con fines electorales, y para probarlo presentó una grabación donde se escucha cómo el mandatario ha puesto disponibles los recursos estatales a favor de su partido, el PRI.

Uno de los programas federales usados es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del cual 45 millones de pesos entregados a Quintana Roo, se desconoce cómo se usan, dijo el director jurídico del PAN.

Por su parte Madero se quejó de que el Tribunal Electoral estatal les haya ordenado retirar propaganda con color azul, en carteles de candidatos perredistas. Eso luego de que les impidieran al PAN y PRD aliarse y ambos partidos se aliaran de facto. Pero el Tribunal ordenó bajarlos.

En Baja California, donde además de las diputaciones locales y las alcaldías estará en juego la gubernatura, Aguilar destacó que la Suprema corte de Justicia de la Nación detuviera la intención del Congreso local de crear una fiscalía para atender delitos electorales a modo.

Aguilar se refirió al caso de las propiedades de Castro Trenti, quien además de tener un yate, y dos casas en California, Estados Unidos, compró en 2010 una casa por 10 millones de pesos en la ciudad de México y tres años después la puso en venta en 5 millones de dólares, equivalentes a 64 millones 800 mil pesos.

La postura del PAN es pedir una explicación sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

En Tlaxcala las irregularidades también han sido registradas por Acción Nacional. En el estado se reparten tarjetas telefónicas bajo el lema “La del bienestar para todos”. Con el logo del PRI cruzado, sirven para hacer llamadas gratis a México y Estados Unidos y además pueden intercambiarse por dinero en efectivo, explicó el panista. El requisito para obtenerlas es mostrar la credencial de elector, agregó.

En Coahuila detectaron que el candidato de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, entrega cheques por cien mil pesos a escuelas y otros organismos, a cambio pide el voto y les anuncia que serán intercambiables sólo en caso de que él gane.

Según Aguilar, ya suman 11 millones de pesos entregados con estos cheques.

Otro candidato con acusaciones de enriquecimiento ilícito es Fernando de las Fuentes Hernández, quien sumaba 27 casas cuando tenía 27 años. El aspirante a gobernar Saltillo es hijo del ex gobernador José de las Fuentes Rodríguez.

Tamaulipas también registra prácticas de cooptación del voto. El candidato de Ocampo, Juan Enrique Liceaga, ha amenazado que si él no llega a la presidencia municipal, los beneficios por programas sociales se perderán.

En Chihuahua detectaron que la esposa del gobernador César Duarte, Bertha Gómez de Duarte, ha hecho campaña a favor de candidatos del PRI, en horas laborales, días hábiles y con 11 elementos de seguridad.

La esposa del mandatario chihuahuense fue grabada y de hecho encarada por una panista, pero la señora Duarte se defendió y dijo que como no era funcionaria nada le impide dar el apoyo.

En Durango el gobernador Jorge Herrera Caldera rompió el principio electoral de imparcialidad. A través de desplegados desde el 12 de junio el gobierno estatal presume la entrega de programas sociales entregados por el mandatario duranguense.

PURO SHOW

Madero dijo que en caso de seguir estas prácticas el futuro del Pacto por México está en juego. Afirmó que el adendum del Pacto que serviría para analizar los casos de uso de recursos estatales con fines electorales, eran “puro show”.

Cuando se llegaron a reunir con los gobernadores, con expediente bajo el brazo, la respuesta más común de los mandatarios estatales era que los problemas denunciados no existían.

“No pasa nada”, era la principal respuesta que recibían.

“Haberla tenido (la reunión) y no haberla tenido es exactamente lo mismo”. Añadió.

Criticó el papel de los gobernadores, quienes según el panista “confunden la constancia de mayoría con título de propiedad”.

“Estamos pidiendo con toda seriedad al gobierno federal que asuma su responsabilidad y hable con los gobernadores y los haga conscientes de lo que está en juego”.

A un año de haber perdido la Presidencia, consideró que el electorado ha comprobado que no hay Nuevo PRI, más bien al contrario, luego de que Enrique Peña Nieto ganara, los priístas autoritarios salieron “de sus madrigueras”.

Por ello se registran prácticas como la compra de votos a través de programas sociales, pero que significan un retroceso de 30 años.

“En lugar de construir acuerdos nos regresamos al PRI-gobierno y a querer ganar a la mala”, lamentó.

En caso de que las prácticas priístas de compra de voto persistan el 7 de julio sería un regreso al “tiempo cavernícola, y esto se va a poner feo”.

Madero anunció que pasadas las elecciones, evaluarán si permanecen en el Pacto por México y tomarán en cuenta los resultados panistas, las denuncias que se sumen y la impunidad que haya y la falta de respuesta.

Cuestionado sobre las acusaciones en contra el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, de también ejercer prácticas de compra del voto, dijo que no metía las manos al fuego por nadie.

“Mi oficio no es meter la mano por nadie, si no no tendría manos”, dijo, y reconoció que las triquiñuelas no son exclusivas del PRI, pero el tricolor sí tiene la patente.

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