Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– La discusión del último dictamen de las leyes energéticas continúa en la Cámara de Diputados. En este momento los legisladores debaten la reforma a la Ley Federal de Presupuesto, que incluye la polémica propuesta de que el Gobierno federal asuma como deuda pública los pasivos de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la jornada se aprobó en lo general y lo particular los dictámenes para crear la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y reforma la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, crea la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
En la última sesión de votaciones de los siete dictámenes, la mayoría conformada por los legisladores priistas, panistas, pevemistas y aliancistas aprobaron reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en medio de un pobre debate sobre las iniciativas.
La propuesta vino de la pluma de los coordinadores parlamentarios que han apoyado en todo momento la Reforma Energética, para incrementar del 79.73 a 80.29 el porcentaje de recaudación federal participable de los ingresos petroleros.
En el debate en lo particular de la “Ley de Coordinación Fiscal” se precisó la fórmula para garantizar que las entidades federativas cuenten con mayores recursos.
Mediante un adéndum, se estableció que el sistema de coordinación fiscal incrementa el porcentaje de recaudación federal participable de un 79.73 a un 80.29 por ciento de los ingresos petroleros, medida que repercutirá en el incremento de los ingresos de estados y municipios.
De igual modo, se disminuye de 68 a 65 por ciento, el pago que los asignatarios (Pemex) hagan del derecho por la utilidad compartida.
Finalmente, el adéndum fue aprobado con 333 votos a favor, 102 en contra y una abstención. Cinco votos fueron de diputados perredistas por Tabasco para obedecer la orden del Gobernador Arturo Núñez Jiménez.
UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES
La reserva aprobada también permitió eliminar el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que establecía que las utilidades de los contratistas y asignatarios no se repartirían entre sus trabajadores.
De esta forma, se revirtió lo que a todas luces iba en contra de la legislación laboral, para que los trabajadores puedan recibir cualquier incentivo, compensación, bono, gratificación o comisión por el desempeño de sus labores.
De igual modo, se modificó el nuevo artículo 62 para que la cobertura de los seguros y fianzas que garanticen la indemnización de daños que causen los servidores públicos por el desempeño de sus funciones, no aplique cuando éstos hayan actuado con dolo, mala fe o cometido algún ilícito.
En este momento continúa el debate del último dictamen que corresponde a las reformas a la Ley Federal de Presupuesto.
