México, 2 Sep. (Notimex).- Senadoras perredistas y panistas celebraron que el periodo ordinario de sesiones inicie con la presentación, por parte del Ejecutivo federal, de la iniciativa preferente de la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, subrayó que con esa ley el Congreso de la Unión cumplirá con el ordenamiento constitucional para garantizar los derechos humanos de esa parte de la población mexicana.
En entrevista, consideró que será determinante que ambas cámaras trabajen en conferencia para construir los consensos necesarios en torno a iniciativa, así como lograr el acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.
La legisladora perredista subrayó que “la sociedad civil organizada ha pugnado por una ley integral, eficiente, que diseñe y articule las políticas públicas de tal manera que garanticen, de manera transversal, el ejercicio pleno de cada uno de los de derechos de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna”.
Expuso que ese objetivo se logrará con la configuración de un sistema nacional que proteja y garantice los derechos de manera armónica de toda la niñez menor de 18 años.
De la Peña planteó que la no discriminación, el interés superior de la niñez y la igualdad sustantiva, así como el desarrollo en un espacio familiar, son principios rectores de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deben ser incluidos en la nueva legislación.
Llamó a reconocer el mérito del Ejecutivo federal al enviar esa iniciativa junto con el anuncio de que remitirá al Senado la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los 15 años como edad mínima para ingresar al mundo laboral.
En tanto la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del órgano legislativo, Martha Elena García Gómez, enfatizó que con el envío de esa iniciativa preferente se demuestra que los temas de la niñez y la adolescencia figuran ya en la agenda nacional, como se ha impulsado desde el Senado.
Destacó que ese proyecto de ley es resultado del trabajo en conjunto de legisladores de diversos partidos y el Poder Ejecutivo, lo que demuestra una coincidencia de las diferentes fuerzas políticas para legislar a favor de los derechos de ese sector.
Subrayó la necesidad de que esa iniciativa se analice y discuta para que a la brevedad se cuente con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que determine la rectoría en el tema de los derechos de la infancia.
Asimismo, que se encargue de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
García Gómez comentó que esa propuesta prevé requerimientos para que los albergues tengan servicios de calidad y un capitulado específico para la niñez migrante no acompañada, así como medidas para combatir el acoso escolar y la violencia mediante protocolos de actuación, entre otros temas.
La senadora panista Gabriela Cuevas celebró a su vez que el presidente Enrique Peña Nieto decidiera anunciar que utilizará la figura de la “iniciativa preferente” para presentar la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Expuso que esa población se ve afectada por diversos fenómenos que agravan su condición de vulnerabilidad, como la baja calidad educativa, la carencia de servicios de salud y seguridad social, o que los hogares tengan jefaturas jóvenes o indígenas.
Gabriela Cuevas subrayó que de acuerdo con el estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012”, elaborado por el Coneval y el Unicef, la pobreza entre la población infantil es más elevada que en el resto de la población.
Señaló que en el país hay 3.3 millones menores de 18 años en rezago educativo, 7.8 millones carecen de acceso a los servicios de salud y 9.8 millones de los servicios básicos en la vivienda, en tanto 4.7 millones viven en situación de pobreza extrema.
