Santiago, 2 Sep (Notimex).- El empresario Julio Ponce Lerou, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, fue multado con 70 millones de dólares por la estatal Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por operaciones financieras fraudulentas.
El organismo aplicó a Ponce Lerou, controlador de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), y otros implicados en el llamado caso Cascadas, multas por 164 millones de dolares, la cifra más alta en la historia de Chile.
El caso Cascadas se refiere a una operación financiera que mediante un proceso de transacciones, permitía a los acusados ganar dinero a costa de los accionistas minoritarios de las sociedades afectadas.
La SVS analizó más de un millón de transacciones bursátiles, constatando una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados, y con el concurso de los mismos participantes.
El esquema benefició directamente a Ponce Lerou, presidente de las sociedades Cascada.
Las sociedades involucradas realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado.
El paso siguiente era recomprar los títulos a precios mayores a los de su venta inicial.
Las sociedades Cascada vendían estos títulos a sociedades identificadas como relacionadas (controladas por Ponce Lerou), vinculadas (controladas por Roberto Guzmán) e instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc).
La recompra de los paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio, implicaba que las sociedades asumieran un sobrecosto estimado en 300 millones de dólares entre 2009 y 2011.
La SVS estableció que el sobrecosto no correspondía a malas decisiones de negocios, sino que fue resultado directo de la gestión de aquellas sociedades, en beneficio de Ponce Lerou.
En contraste con el sobrecosto, la utilidad estimada para las sociedades relacionadas con Ponce Lerou ascendió a 128 millones de dólares; las vinculadas a Guzmán, a 128 millones de dólares; para Vial, a 72 millones de dólares, y en el caso Le Blanc, a 3.7 millones de dólares.
Según el superintendente Carlos Pavez, tras una extensa investigación, “esta Superintendencia ha llegado a la convicción de que los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y/o la Ley de Sociedades Anónimas”.
La resolución por medio de la cual se impusieron las sanciones a los ejecutivos estableció que, a través de un esquema de operaciones, se benefició a un grupo de accionistas en desmedro de otros.
“En un mercado de capitales que cada día es más profundo, quienes participaron de este esquema dañaron los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo”.
