Bogotá, 2 Sep (Notimex).- El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detener los ataques del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los colombianos.
Ordoñez solicitó a la CIDH que “ordene al Gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera”, informó el ministerio Público en un comunicado
El Jefe del Ministerio Público solicitó “medidas cautelares con base en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la obligación de ese organismo de velar por el cumplimiento de los compromisos (…) que se derivan de la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y la Carta de la OEA”.
La Procuraduría General “busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en la frontera”.
“El documento se soporta en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana”, anotó.
El Jefe del Ministerio Publico, dijo que esta estrategia “ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del Presidente Nicolás Maduro”.
En las últimas semanas, “dicha política de ataques escaló. Se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano”.
En Venezuela -dijo- hay “una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana”.
Además hay “desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. A los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente”, subrayó.
Denunció casos “de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana”.
“Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en lugares determinados en territorio venezolano y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país”, aseveró el documento del ministerio Público.
Esto “constituye una prueba de política de xenofobia, se marcan las casas donde habitan familias colombianas con el fin de que estas sean demolidas por las autoridades”, finalizó.
