Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El plan del Presidente Enrique Peña Nieto para dar prioridad a una agenda social y económica por encima de los problemas de seguridad nunca fue realista. La delincuencia en todo el país demuestra que su política contra la violencia está fallando, asegura el American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) en un estudio publicado hoy.

Peña Nieto desconoce su sistema de justicia y esto no es bueno en un México urgido de una agenda de enormes proporciones para poder alcanzar su pleno potencial económico en este Siglo XXI, con un Estado moderno que pueda proteger a las personas y sus bienes, agrega el reporte.

La prosperidad económica no es posible sin la seguridad, afirma el AEI. Y señala que México se encuentra en una encrucijada: si su gobierno debe priorizar la modernización económica sobre los temas de seguridad, o viceversa.

El think tank estadounidense con sede en Washington y uno de los más antiguos en ese país (fundado en 1938) asegura que si México quiere reclamar su lugar como un país próspero en un mundo globalizado, tendrá que invertir todo su capital político [y dinero] para construir un sistema de justicia penal que se ajuste a la legislación vigente contra la violencia y la corrupción.

El Instituto asegura que una mejor estrategia de seguridad en México mejorará la seguridad y la prosperidad en los Estados Unidos también. “México debe conducir el esfuerzo, pero los EU deben asociarse con su vecino del sur, sobre todo para enfrentar al crimen organizado”.

Peña Nieto reconoció esta tarde desde Palacio Nacional, luego de que ayer se entregara el Tercer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, que su gobierno vive una crisis de credibilidad y que, por distintos eventos –entre ellos los cuestionamientos por corrupción o conflicto de interés–, hay indignación y molestia social.

El mandatario aseguró que la violencia ha bajado. Dio distintas cifras. El Jefe del Ejecutivo federal destacó que en su administración se han aprobado 90 reformas, “de las cuales 13 son transformadoras”. Habló sobre la disminución de los índices de violencia. Aseguró que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ha reducido. Destacó la estrategia nacional antisecuestro y, como nunca antes en un informe, habló de atacar a las estructuras criminales y de la captura de los principales capos de la droga.

Durante tres años, el Gobierno federal quiso eliminar del discurso público cualquier mención sobre la violencia que vive México. Sin embargo, no pudo sostenerse en ello debido a la gran cantidad de casos que, como Tlatlaya, Apatzingán, Ostula, Iguala y otros, tuvieron resonancia a nivel internacional.

El American Enterprise Institute, cuya misión declarada es “defender los principios y mejorar las instituciones de la libertad americana y el gobierno capitalista democrático, la empresa privada, la libertad individual y la responsabilidad, las políticas de defensa […] la responsabilidad política […]”, dice en su estudio que la fuga del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015, es una prueba dramática de la corruptibilidad crónica del gobierno, y representa el corazón de la crisis de seguridad de México.

“La audaz declaración realizada un año antes por el Presidente Enrique Peña Nieto, de que la posible fuga de ‘El Chapo’ que sería ‘imperdonable’, terminó revelando su falta de comprensión del vulnerable sistema de justicia penal de su país”, señala AEI, una organización independiente sin fines de lucro, apoyada principalmente por donaciones y contribuciones de fundaciones, corporaciones e individuos.

Cualquier observador informado puede decir que la asignatura pendiente para la seguridad de México durante últimos decenios, ha sido no tener bajo control a la delincuencia organizada y a la corrupción, afirma el estudio.

“Una reforma fundamental de las instituciones gubernamentales en todas las ramas y en todos los niveles, la reforma de la justicia penal, y las fuerzas de seguridad profesionales, que puedan imponer el imperio de la ley, sin temor ni favoritismo, esa es una agenda de enormes proporciones, pero México no puede alcanzar su pleno potencial económico en este siglo 21, sin un Estado moderno que pueda proteger a las personas y sus bienes”, dice el AEI.

El Instituto, entre cuyos miembros hay ex Embajadores de EU ante la ONU, ex Sub secretarios de Defensa y destacados académicos, asegura que México se encuentra en una actual encrucijada, de sí destacar la modernización económica sobre los temas de seguridad o viceversa.

El AEI pone como contexto que algunos de los últimos presidentes del país adoptaron estrategias de seguridad interna como una prioridad, y otros se han centrado en la reforma económica y social, con la esperanza de que el imperio de la ley mejoraría en cuanto México se modernizara.

“A pesar de que la gran mayoría de los mexicanos están exigiendo seguridad pública, muchos de sus líderes políticos a todos los niveles no quieren o no pueden luchar contra la corrupción y los intereses creados a favor del Estado de Derecho”.

Aunque Peña Nieto comenzó su presidencia tratando de destacar la modernización económica sobre los temas de seguridad, hoy en día es más claro que nunca que es imposible construir la prosperidad sin seguridad, asegura el AEI.

“La clase política de México tiene la responsabilidad de reunir a la nación detrás del imperio de la ley para rescatar a su país de la corrupción y la criminalidad”, señala el estudio.

NUEVO ENFOQUE, MÁS FRACASO

El American Enterprise Institute for Public Policy Research recuerda que incluso antes de asumir el cargo en diciembre de 2012, Peña Nieto trató de distanciarse de la estrategia de su predecesor, Felipe Calderón, quien libró una asalto frontal contra el crimen organizado.

El actual mandatario, en cambio, se centró en una serie de reformas económicas y sociales para modernizar la economía de México. En el frente de la seguridad destacó la aplicación de inteligencia impulsada por la ley, una mayor cooperación por parte de las agencias de seguridad, y la lucha contra los delitos de alto impacto (homicidio, secuestro, extorsión y robo) que afectan directamente a la población civil.

“Aunque los funcionarios mexicanos de hoy sostienen que la violencia del narcotráfico no es un fenómeno en todo el país, el pasado año se ha caracterizado por episodios, que incluyen mortales masacres y ataques a las fuerzas de seguridad en áreas rurales y urbanas por igual. Mientras tanto, los crímenes de alto impacto seguirán afectando a gran parte de la población, agravados por la ineficacia continúa o la corrupción de la policía, en particular en el nivel estatal y local”, dice el AEI en su estudio.

El Instituto señala que con los años, las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito en el desmantelamiento de los grandes cárteles de la droga, que ha producido resultados mixtos.

“Cuando se fractura un gran sindicato criminal [un cártel], las continuas actividades de las bandas disidentes pueden complicar los esfuerzos de seguridad. Además, el debilitamiento de un sindicato tiene una tendencia a fortalecer a los demás mediante la reducción de la competencia, lo que les permite consolidar su presencia y aumentar sus operaciones en México y más allá. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Cártel de Jalisco Nueva Generación se han beneficiado realmente de la eficaz acción policial en contra de sus competidores”.

La supresión de los delitos de alto impacto que afectan a la seguridad personal, el cual fue declarado como un enfoque de Peña Nieto, es particularmente difícil porque requiere profesionalización de la policía local. Pero ante ello, la carente vigilancia profesional, han hecho que estos crímenes hayan empeorado en los últimos años, dice el American Enterprise Institute.

“Las estadísticas sobre las ejecuciones por parte de grupos criminales demuestran que la impunidad es rampante y empeora. Además […] una sucesión de hechos violentos en varios estados del país han demostrado que la política de seguridad del gobierno federal está fallando. En lugar de mejorar la situación, el enfoque pasivo de Peña Nieto expuso la extraordinaria debilidad de las instituciones y la corrupción generalizada en el nivel estatal y local”, dice el estudio.

“Como las crisis de seguridad ha estallado en todo el país, como último recurso, Peña Nieto ha utilizado la autoridad presidencial y recursos federales para imponer el orden. Esta respuesta ad hoc no es un sustituto para una estrategia global coherente”, dice el instituto que cita la experiencia de Michoacán, cuya estrategia fallida y la atención negativa de la prensa finalmente obligó Peña Nieto a intervenir la asignación de un comisionado federal para reemplazar al Gobernador y el despliegue de las fuerzas de seguridad para mitigar el daño.

El AEI recuerda que en cuestión de meses Peña Nieto se vio obligado a intervenir en los estados de México y Tamaulipas, cuando las autoridades locales no pudieron contener los brotes de violencia. También cita el “ejemplo más dramático de la ilegalidad”, que se produjo en Iguala, Guerrero, ante la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Peña Nieto y las autoridades federales no han sido capaces de satisfacer las demandas de justicia en torno a este caso, que fue un recordatorio devastador de la corrupción y la disfunción que hace cojear al sistema de justicia penal de México”.

Cuando asumió el poder, Peña Nieto se determinó dejar de lado el enfoque de confrontación de Calderón, sin embargo dice el American Enterprise Institute, nunca se produjo una estrategia alternativa.

Como resultado, el efecto de la nueva política de seguridad de Peña Nieto ha sido menos de lo mismo. El mandatario ha seguido enfrentando a los cárteles, pero no como parte de una estrategia más amplia. Siguió utilizando al Ejército, pero ha fallado en proporcionar un marco legal para que los militares operen. Prometió una fuerza policial profesional, pero no ha pagado por ello. Se ha elaborado una serie de reformas de la justicia penal, muchas de los cuales no han sido aprobadas o ejecutadas.

El resultado ha sido que las organizaciones criminales actúan ahora con más audacia para enfrentar a un Estado que no se ha comprometido plenamente a la lucha, finaliza el think tank estadounidense.