Militares presos por ejecutar civiles en Tlatlaya tienen movimiento en redes: #YoSoy26

02/10/2014 - 8:11 am

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Un polémico movimiento está tomando fuerza a través de las redes sociales. Con el hashtag #YoSoy26, algunos usuarios exigen la liberación de los elementos del Ejército mexicano consignados por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría militar reconocieron, apenas hace unos días, que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados. Fue una ejecución sumaria.

Los simpatizantes de los militares que dispararon cuando los civiles se habían rendido están convocando a una marcha, al parecer convocada por miembros del Ejército mexicano, que se realizará el próximo sábado 11 de octubre, del Zócalo capitalino a Los Pinos.

La PGR anunció este martes que consignará por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en San Pedro El Limón, Tlatlaya.

El enfrentamiento fue el 30 de junio pasado. Organizaciones civiles y testigos acusan a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.

En Twitter y Facebook, varias personas comenzaron a utilizar el hashtag #yosoy26 con el que dan muestra de solidaridad a los soldados detenidos con las que llaman a “unir fuerzas” para apoyarlos.

Incluso en la página change.org ya existe una petición donde se lee: “Liberen a los militares consignados injustamente por hacer su trabajo en el caso Tlatlaya”.

“Por que esas personas eran criminales. No es justo que castiguen al soldado por matar criminales y al criminal no le diga nada al matar a un soldado. Es injusto que los encierren por hacer su trabajo solo para quedar bien. El pueblo de mexico exige la liberación de esos hombres, su restitución y un pago por los daños causados. Si dejamos que encierren a los militares por hacer su trabajo bien, entonces despues no nos quejemos por que el narco nos secuestra a un ser querido (sic)”, detalla la petición.

Hasta la mañana de jueves la petición ya reunió más de 500 firmas.

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto indicó que la Secretaría de la Sedena y la PGR realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso Tlataya.

En ese sentido, confió en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos, toda vez que “promover, respetar y proteger los derechos humanos es un deber irrenunciable”.

El pasa o 30 de septiembre el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya.

El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existen pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.

La PGR agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia.

De igual forma precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos.

Indicó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tienen justificación alguna”.

“LA EJECUCIÓN”

Hace días, la revista Esquire reportó que el pasado 30 de junio, elementos del Ejército Mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero.

La versión oficial, emitida ese mismo día por la Sedena, afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Sin embargo, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, una testigo presencial del suceso, declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.

Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.

Después de la historia de la agencia de noticias, la Procuraduría General de Justicia (PGR) emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

en Sinembargo al Aire

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