Al menos 281 mil 418 personas han tenido que desplazarse dentro del país desde 2011 como consecuencia de la violencia. Este total incluye 141 “desplazamientos masivos” de 10 familias o más por la violencia.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– La violencia entre las bandas del crimen organizado en México ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares mientras que las víctimas acusan al Gobierno de ser “indiferente” ante esta situación. Los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, concentran el mayor número de desplazamientos masivos, refiere el informe “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”.
La investigación elaborada por la profesora Laura Rubio Díaz-Leal del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Daniela Bachi de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) refiere que en México los desplazados son víctimas tanto del crimen organizado como de las autoridades de todos los niveles.
Con aproximadamente 6.3 millones de desplazados, América Latina ocupa el tercer lugar entre las regiones con más desplazados de internos en el mundo. En la última década, el fenómeno se ha intensificado en la medida que los problemas de inseguridad y violencia vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico se han exacerbado.
De acuerdo con el informe, México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de los 70, ocasionado por intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas de tierras y recursos naturales en algunos estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En los años 90, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el Ejército mexicano y las policías locales, desplazando a miles de personas.
El documento destaca que la inseguridad y la lucha de las autoridades mexicanas contra los cárteles de las drogas no son fenómenos nuevos en México. Sin embargo, tres factores recientes contribuyen a intensificar la violencia: la estrategia de seguridad puesta en marcha del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual se basó “en una policía de enfrentamiento abierto y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército, la Martina y las policías locales”.
En segundo lugar menciona el recrudecimiento de la lucha por distribución de drogas de los cárteles. Finalmente está la proliferación de grupos delictivos más pequeños que luchan entre sí por el control del territorio, concentrando su actividad criminal en otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestro, distribución y venta de drogas en el mercado local.
“La presencia del Ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad”, detalla el texto.
El estudio señala que como consecuencia de los patrones de violencia que se vive en México, al menos en 12 estados se han producido éxodos de personas, fenómeno que no sólo afecta a las entidades que los expulsaron, también a los receptores, debido a que éstos últimos deben incorporar a una población con necesidades económicas.
“Si bien, el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales pega a toda la sociedad en su conjunto, afecta de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: ancianos, mujeres, niños e indígenas con recursos ilimitados”, sostiene la investigación.
La guerra contra las drogas en México ha cobrado la vida de al menos 100 mil personas en los últimos ocho años y alrededor de 22 mil desaparecidos, aunque las cifras son objeto de un intenso debate.
El documento señala que al menos 281 mil 418 personas han tenido que desplazarse dentro del país desde 2011. Este total incluye 141 “desplazamientos masivos” de 10 familias o más.
CASOS DE DESPLAZADOS
El creciente desplazamiento interno ocurre tanto de manera masiva –de más de 10 familias–, como gota a gota, dice el estudio. Algunos de los episodios de desplazamientos masivos se han registrado en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
En 2010, la violencia entre los cárteles de la droga afectó principalmente a Tamaulipas, debido al enfrentamiento entre los Zetas y el Cártel del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico.
En noviembre de ese año, luego de que los Zetas lanzaron una amenaza contra los habitantes de Ciudad Mier, 400 personas salieron huyendo.
Otro caso ocurrió en 2011 en Michoacán. Un enfrentamiento en Tierra Caliente entre la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios provocó la muerte de decenas de personas y el desplazamiento de un gran número de familias que buscaron refugio en ciudades aledañas.
En Chihuahua también se ha registrado un éxodo de personas. El documento señala que una de las consecuencias de este desplazamiento son los feminicidios en el Valle de Juárez en la década de los 90.
“Estas mujeres asesinadas venían de contextos sociales marginados, trabajaban desde muy temprana edad en la industria maquiladora para ayudar a sus familias y fueron levantadas en el trayecto a su trabajo, violadas y asesinadas”, menciona la publicación.
Los datos de la investigación arrojan que esta ola de asesinatos estuvo vinculada al incremento de la actividad criminal relacionada con el narcotráfico, deterioro económico de la población masculina por la falta de oportunidades de empleo en el país, así como la impunidad asociada a la corrupción de la policía municipal y las conexiones entre la policía estatal y los grandes capos de la droga.
Veracruz es otra entidad donde se han registrado desplazamientos. El informe destaca que en la década de los 90 un grupo de personas llamados “Jarochos” abandonaron el estado por falta de oportunidades y se fueron a las ciudades fronterizas a trabajar en la industria maquiladora, particularmente Reynosa, Ciudad Juárez, Laredo, Mexicali, Tijuana y Chihuahua.
“A finales de 2009, cuando los índices de violencia en Chihuahua estaban en la cúspide, un grupo de veracruzanos establecidos en Ciudad Juárez solicitó ayuda al entonces Gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán para regresar al estado”, recuerda el texto.
