Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) presentaron este día un informe en el que señala como insuficiente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, al considerar que no ha proporcionado respuestas oportunas y eficaces a las peticiones de protección.
El documento culpa al gobierno mexicano de desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos. Se citan otras deficiencias en el Mecanismo, como es la falta de personal y de recursos, así como la poca colaboración entre el Gobierno federal y los estatales.
El informe destaca los niveles de impunidad que han gozado los perpetradores crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos. “Si no se investigan y sancionan adecuadamente estos delitos, difícilmente mejorará la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y periodistas”, dijo Ni Bhriain al respecto.
“Esto se debe, por un lado, a que el Secretario [Miguel Ángel] Osorio Chong ha hecho pocas declaraciones acerca del Mecanismo, y no se ha esforzado en comunicar claramente a los gobernadores y alcaldes que la implementación de las medidas de protección es una prioridad para el Gobierno federal”, dice el documento. Y agrega:
“De hecho, recientemente el Gobierno federal ha hecho esfuerzos para desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos, mandando un mensaje preocupante de que no respeta ni reconoce el trabajo valioso de los defensores ni da prioridad a su protección”.
El informe refiere que los riesgos que enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos así como la importancia del Mecanismo de Protección “quedan resaltados en el reciente secuestro y asesinato en Medellín, Veracruz, del periodista Moisés Sánchez Cerezo, propietario de una publicación que denunciaba hechos delictivos y corrupción”.
“México tiene una larga lista de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos”, dijo Maureen Meyer, coordinadora del programa en WOLA sobre México. “El gobierno mexicano debe fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Vidas dependen de ello”, agregó.
En tanto, Niamh Ni Bhriain, coordinadora de incidencia para Brigadas Internacionales de Paz en México, dijo que las demoras en el Mecanismo “debilitan seriamente la funcionalidad y eficacia del Mecanismo”.
En el documento se da cuenta de cómo México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Dice que el tamaño del problema se puede apreciar revisando algunas cifras de organizaciones mexicanas e internacionales:
En los primeros nueve meses de 2014, la sección mexicana de la organización internacional Artículo 19 documentó 222 agresiones contra miembros de la prensa2 ; desde 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 97 casos de periodistas que fueron asesinados presuntamente a consecuencia de su trabajo3 ; entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó 89 supuestos actos de agresión contra defensores de los derechos humanos4 ; y entre enero de 2011 y diciembre de 2013, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” documentó 27 casos de defensores de los derechos humanos asesinados como resultado de su trabajo.
Refiere que fue en respuestas a estas agresiones y amenazas continuas, y a la presión que ejercieron organizaciones de la sociedad civil, que en 2012 el gobierno mexicano estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, indica que a más de dos años de su creación, el Mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de los derechos humanos vulnerables.
“Desde el principio, la falta de personal y de fondos ha inhibido la capacidad del Mecanismo de responder de manera oportuna y eficaz a las peticiones urgentes que recibe de periodistas y defensores de los derechos humanos. Gran parte del limitado número de personal que fue inicialmente asignado al Mecanismo no había sido adecuadamente capacitado, no estaba suficiente cualificado y tenía contratos temporales”, dice el informe.
Indica que la evaluación de riesgo inicial, que determina si la situación de un individuo amerita protección, y de ser así qué medidas de protección son las más adecuadas, ha sufrido importantes demoras. “Los defensores de los derechos humanos y periodistas han tenido que esperar meses para que su situación concreta sea analizada y se otorguen medidas, sin que se hayan previsto medidas de emergencia para cubrir la demora”, se lee en el texto.
Dice que las medidas de protección a menudo consisten en enviar patrullas policiales regulares al hogar o lugar de trabajo de un defensor de los derechos humanos o periodista y en botones de pánico y teléfonos satelitales para que los activen en situaciones de emergencia.
“Algunos beneficiarios han informado que en ocasiones estos dispositivos han fallado y no se han activado. Si bien el Mecanismo ha proporcionado nuevos botones de pánico para solucionar este problema, y es cierto que la tecnología siempre está sujeta a este tipo de fallos, es necesario que estos dispositivos funcionen adecuadamente de modo que los defensores y periodistas amenazados puedan depender de ellos para su protección”, dice el informe.
El documento habla sobre la acumulación de casos. Refiere que el Mecanismo ha recibido más de 197 peticiones de protección desde su puesta en marcha en noviembre de 2012. La gran mayoría de estas peticiones, aproximadamente 157, se consideró necesaria realizar un análisis más detallado del caso.
Sin embargo, dice el informe, por diversas razones, estos casos se han demorado; la mayoría de los defensores y periodistas que realizaron estas peticiones han tenido que esperar muchos meses, y en ocasiones más de un año, sin obtener respuesta del Mecanismo.
“Los individuos que se enfrentan a serias amenazas a su integridad personal no se pueden permitir aguardar una respuesta durante meses o un año. Este tipo de demoras debilitan seriamente la credibilidad del Mecanismo”, dice el texto.
