El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.

La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).

“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.

Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.

El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.

El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.

Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron clasificados como los estados con un Índice de Impunidad Alto. En el caso de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, fueron catalogados con un nivel medio de impunidad, mientras que Campeche y Nayarit con uno bajo.

Michoacán se trata de un caso atípico porque los datos reportados no coinciden con la realidad, situación que lo mantuvo fuera de la clasificación.

El reporte dice que la mayoría de los estados comparten grados de impunidad y que gran parte son del fuero común. Por ello menciona la necesidad de que funcionen adecuadamente la estructura de los poderes judiciales estatales y las policías estatales.

Destaca que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe), que realiza el Inegi.

Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP dijo este día durante la presentación que, las causas por las que no se denuncia son atribuibles a la autoridad debido a la poca confianza.

Dijo que es necesario acercar la justicia al ciudadano por lo que propuso instalas cámaras en los ministerios públicos para documentar la transparencia del servicio. “Que la información no se pierda en un cajón. Que se clasifique y se presente a las áreas de seguridad pública”, dijo.

En tanto, Andrea Ambrogi, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, dijo que los 33 millones de delitos ocurridos en el país son 21 veces más de que los que las autoridades tienen registrado mediante denuncias.

El Índice menciona que para los mexicanos  las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. “La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, dice el documento.

Menciona que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

RECOMENDACIONES

Como parte del Índice de Impunidad México 2016 se presentaron 16 recomendaciones, como son el “implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local”.

“El nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados y cuenten con un sistema de profesionalización funcional que reduzca los espacios de corrupción e impunidad”, se aconsejó.

También se instó a revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia en los estados. Se dijo que los magistrados y jueces a nivel estatal deben garantizar su independencia de los poderes políticos en la entidad.

Las organizaciones que elaboran el Índice pidieron garantizar la autonomía política de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Justicia estatales con base en los mandatos de las reformas a la Constitución.

Pidieron evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario a la luz de los cambios derivados del nuevo sistema de justicia penal, y revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos frente al poder político.

Exhortaron a limitar al máximo los espacios de impunidad que permite la legislación a los servidores públicos federales, estatales y municipales. Asimismo, pidieron castigar con fuerza a los agentes privados que favorezcan la corrupción y el conflicto de intereses en el gobierno.

Se instó a aceptar e implementar las recomendaciones en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos que formulen al Estado mexicano las agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como de la CNDH.

“También se deben analizar y dar seguimiento a las recomendaciones que distintas organizaciones de la sociedad civil y academia hacen en estas materias”, se lee en el documento presentado este día.

De igual forma se pidió fortalecer las fiscalías especializadas en delitos graves, promover y proteger el ejercicio de la profesión del periodismo independiente, así como sanciones ejemplares, “con base en la Ley, cuando se presenten casos de conflicto de interés por parte de los servidores públicos en el uso de recursos públicos o de facultades legales”.

Otra de las recomendaciones fue promover políticas públicas de justicia cotidiana y mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno.

También se instó a fortalecer y dotar de mayor autonomía a las áreas de evaluación de políticas de seguridad, justicia y Derechos Humanos al interior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Judicatura Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se exhortó el implementar las recomendaciones en materia de seguridad pública que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los estados y a la federación. Ejercer acciones judiciales contra servidores públicos que han cometido probables ilícitos denunciados por la ASF en materia de sus responsabilidades en el ejercicio de presupuestos y funciones de seguridad pública.

De igual forma se pidió implementar mecanismos de evaluación más efectivos ya que “resulta indispensable garantizar la evaluación de los sistemas de seguridad pública y el sistema de justicia tanto en sus fases de formulación e implementación como en el proceso de gestión”.