Los habitantes de la localidad de la Sierra Norte de Puebla exigieron al Gobierno que se respete su derecho a la libre determinación y al territorio y se niegue la autorización ambiental al proyecto minero de la canadiense Almaden Minerals, a la que acusan de daños ambientales.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Pobladores de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Gobierno federal negar la autorización ambiental al proyecto minero de la canadiense Almaden Minerals y alertaron sobre graves violaciones a derechos humanos y riesgos ambientales.

Los habitantes de la localidad de la Sierra Norte de la entidad exigieron que se respete su derecho a la libre determinación y al territorio, después de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Minera Gorrión SA de CV.

Organizados a través de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida exigieron ser tomados en cuenta y poder ejercer su “derecho a ser partícipes del proceso de evaluación ambiental del proyecto minero”.

“Como comunidades afectadas exigimos se respete nuestra decisión: no consentimos la extracción minera en nuestro territorio”, expusieron en un comunicado.

Las comunidades denunciaron que se enteraron que la Minera Gorrión había iniciado el trámite de evaluación de impacto ambiental por medio de la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apenas el pasado 24 de enero.

De la mano de organizaciones sociales, la Unión realizó una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del proyecto minero Ixtaca. Este documento indica que la operación de la mina implicará daños irreversibles en relación al derecho humano al agua, a la salud y al medio ambiente sano.

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) acompañaron la elaboración de la investigación.

PROYECTO A CIELO ABIERTO

Los pobladores de la Unión de Ejidos expusieron que la empresa también solicita el cambio de uso de suelo para convertir terrenos forestales en sitios para extraer oro y plata.

La empresa de extracción es propiedad de la compañía canadiense Almaden Minerals Ltd y pretende iniciar trabajos de una mina a cielo abierto en las comunidades de Ixtacamaxtitlán en un terreno de mil 44.02 hectáreas de territorio.

De las más de mil hectáreas que pretenden ocupar, 466 serían destinadas a infraestructura, y las restantes para la “protección de las instalaciones, seguridad de los procesos y caminos”.

Las comunidades denuncian que desde 2014 se han opuesto a este proyecto de minería y que han presentado quejas por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños ecológicos. Estos y otros otros procedimientos legales “han detenido, por momentos, las actividades de exploración”.

La Unión denunció que Almaden busca limpiar su imagen para pasar por una empresa socialmente responsable planteando que el proyecto será un modelo de minería, pero los pobladores ubican irregularidades.

Denuncian que la empresa argumenta que Ixtacamaxtitlán es un municipio deshabitado, cuando ahí viven 20 mil personas; que determinaron 37 impactos del proyecto entre los que están la contaminación de los acuíferos y cuerpos de agua.

También, la violación de la norma ambiental “al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con mayor densidad y profundidad que la permitida por la norma, además de que la empresa lo hizo fuera de tiempo”.

“La empresa ha asegurado, por ejemplo, que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades han dicho que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia”, por lo que prevén engaños a sus inversionistas.