Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Un grupo de académicos exigió al Senado de la República frenar a Eduardo Medina Mora, postulado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que en su carrera como funcionario ha sido “incompetente y parcial”.

Mediante una petición en la plataforma Change.org, los investigadores expertos en Derecho Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González  y Jorge Javier Romero Vadillo, junto a cientos de firmantes, dijeron a la Cámara Alta que el perfil de quien ocupe la más alta magistratura judicial del país “debería ser tal que no solo resultara destacado e intachable en su trayectoria previa sino, sobre todo, debería abonar a reconstruir la confianza”.

“La postulación de Eduardo Medina Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aún siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas”, refiere el texto que acompaña a la petición.

Los firmantes dijeron que al ser “la incompetencia y la parcialidad los dos males mayores que aquejan hoy al sistema de procuración e impartición de justicia en el país […], es un error hacer Ministro a Medina Mora”.

El día de ayer, la Comisión de Justicia del Senado declaró elegibles a los aspirantes propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del fallecido ministro Sergio Valls Hernández.

La terna será discutida al interior de la comisión antes de emitir un dictamen que se presentará al pleno del Senado, a más tardar el próximo viernes de esta semana.

Los tres aspirantes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, comparecieron ante la citada comisión para argumentar sus propuestas y responder las dudas de los senadores.

Al finalizar las tres comparecencias, sólo las senadoras del PRD, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, pusieron en duda la “imparcialidad del Embajador Eduardo Medina Mora para poder cubrir la vacante de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Las legisladoras aseguraron que Medina Mora actuó bajo criterios inconstitucionales en diversos casos cuando era titular de la Procuraduría General de la República, entre ellos porque su nombre ha sido señalado como responsable en dos de las últimas tres investigaciones por violaciones graves a derechos humanos formuladas por la SCJN: el caso Atenco y el caso Oaxaca.

También lo responsabilizó del llamado “Michoacanazo” en donde alcaldes de Michoacán fueron arraigados sin cargos solo por la presunción de que eran integrantes del crimen organizado, sin que hasta la fecha se pudiera probar tales acusaciones.

Finalmente, la Senadora Padierna señaló que su paso por la PGR, Medina Mora utilizó frecuentemente la figura de testigos protegidos, “lo que derivó en expedientes poco sólidos y en persecución de adversarios políticos del Gobierno”.

Al respecto, los académicos denuncian en la petición iniciada esta semana que Medina Mora se ha caracterizado por la parcialidad y la incompetencia a lo largo de los cargos de alto nivel que ha ostentado.

“Entre diciembre del 2000 y septiembre del 2005 Eduardo Medina Mora fungió como Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); entre septiembre de 2005 y noviembre del 2006 fungió como Secretario de Seguridad Pública; entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009 fue Procurador General de la República. Su desempeño coincidió precisamente con el período en que la seguridad y la justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables”, refiere la petición.

Los demandantes recordaron que en el año 2006 cuando Medina Mora fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú (otomíes), fueron detenidas encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

“La irregular integración de la Averiguación Previa por la institución que él encabezaba resultó en la recomendación 47/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En dicha recomendación se afirmó que servidores públicos de la PGR violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de Alberta, Teresa y Jacinta”, refieren los académicos.

Dijeron que un caso similar fue el llamado “Michoacanazo”, donde la Procuraduría encabezada por Eduardo Medina Mora abusó de la figura del arraigo “por demás controvertida en un momento evidentemente político. Un año y medio mas tarde 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad, debido a que las pruebas aportadas por  la PGR fueron desechadas. Al cabo de 18 meses fue liberado el último detenido por falta de pruebas”.

También cuestionaron el “activismo” de Mora como Procurador al presentar 236 acciones de inconstitucionalidad. “Esto quiere decir que, mientras estuvo en el cargo, Medina Mora presentó más de 7 acciones de inconstitucionalidad al mes en promedio (7.15 para ser exactos), casi 2 a la semana”, precisaron.

“Sin contar con tiempo para hacer una revisión substantiva de las más de 200 acciones e inconstitucionalidad presentadas por el Procurador Medina Mora (nos preguntamos si alguien en el Senado las revisó), conviene recordar una, especialmente notoria: la impugnación de la despenalización de la interrupción del embarazo por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”, refiere el texto.