“México ha fracasado en sus políticas para enfrentar” la epidemia de obesidad y sus enfermedades asociadas, refiere El Poder del Consumidor. ¿Por qué? De acuerdo con la asociación civil, se debe al conflicto de interés que mana de la alianza entre la industria de productos ultra-procesados [o de “comida chatarra”] y las instituciones a cargo de elaborar estas regulaciones [sean públicas o privadas].
Complicidades con el gobierno, espionaje, publicidad engañosa e información confusa, cooptaciones disfrazadas de patrocinios e investigaciones “a modo”, son algunas de las estrategias implementadas por la industria chatarra para evitar ser relacionada con daños y riesgos a la salud. Y es que hay mucho dinero de por medio: al menos 28.3 mil millones de dólares al año, según Global Research.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Los productos ultra-procesados, como alimentos y bebidas azucaradas y demás “comida chatarra”, son el sustento de una industria que en México está valuada en al menos 124 mil millones de dólares al año, con una oportunidad de ganancia para las empresas de 28.3 mil millones de dólares anuales [Global Research, 2012]. La presencia de estos productos en nuestra Nación es tan amplia, que somos de los 10 países a nivel mundial que más los consumen.
Con tal interés de por medio, las compañías de este sector productivo defienden los frutos de su manufactura contra quienes señalen que están relacionados con la epidemia de obesidad y sus enfermedades asociadas, que según la asociación civil El Poder del Consumidor, “están colapsado el sistema de salud pública en México”.
Las estrategias y mañas para salirse con la suya son varias y por muchos frentes. Esto a pesar de la existencia de políticas públicas nacionales e internacionales y de la evidencia en contra de la industria de alimentos ultra-procesados, refiere el estudio La trama oculta de la epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés, de dicha organización.
Descrédito en contra de medidas de regulación; participación en programas y campañas para reforzar la imagen de sus marcas; financiamiento de estudios cuestionables; asociación con entidades e institutos estatales de prestigio a cambio de favores; marketing disfrazado de notas o de artículos periodísticos; infiltrados políticos en la creación de las normas y las evaluaciones de las mismas; además de prácticas de espionaje y publicidad y etiquetado confusos, son algunas prácticas que utilizan las empresas para bloquear los esfuerzos de implementar y promover políticas de salud alimentaria.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es el mayor consumidor de productos ultra-procesados de América Latina, con un consumo aproximado de 214 kilogramos al año por persona. Como consecuencia asociada, el 70 por ciento de los mexicanos en edad adulta sufren de obesidad. Asimismo, el 35 por ciento de los adolescentes y el 10 por ciento de los niños menores de cinco años presentan sobrepeso.
La resultante de este apetitoso veneno, es la muerte de 170 mil personas cada año, se lee en el documento de El Poder. Y a pesar de que hay pruebas fehacientes de que los productos chatarra son nocivos para la salud, la industria no para de expandir sus ramas por todos lados. Entre 2000 y 2013, su consumo aumentó en casi 27 por ciento en América Latina.
“En México estamos concluyendo un sexenio de simulaciones en el combate a la obesidad y la diabetes, seis años en los que se habrían podido implementar políticas que tendrían resultados a mediano plazo que significarían decenas de miles de vidas salvadas y cientos de miles de enfermedades evitadas. La incapacidad técnica, la corrupción y la entrega a los poderes económicos dominantes tienen costos humanos cuando se habla de salud pública”, concluyó la asociación civil.
Ya en 2013 nos advertía la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que “cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada”.
LAS TRABAS DEL PODER, AL PODER
El informe de El Poder del Consumidor explica que las empresas de productos ultra-procesados “bloquean esfuerzos para promover políticas de salud alimentaria y reducir la obesidad en muchos lugares del mundo. Un conjunto de estrategias diversificadas pone trabas al diseño, a la implementación y a la evaluación correcta de las políticas y regulaciones recomendadas”.
Ejemplo de ello tuvo lugar en 2013, cuando el Gobierno mexicano implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Entonces entraron en vigor el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional; regulaciones al expendio y distribución de estos productos en escuelas; normas publicitarias y del etiquetado frontal de dichos comestibles; entre otros.
Ni bien publicada la estrategia, el ramo de la “comida chatarra” comenzó a ejercer presión alegando que dichas medidas tenían “un enfoque negativo y poco efectivo”, incluso llegando a contradecir la determinación de la OMS acerca de la cantidad máxima de consumo diario de azúcar, establecido en cinco cucharadas cafeteras por día.
Las palabras y desplegados fueron el primer embate. Luego aplicaron estrategias más complejas y mañosas.
Entre ellas está la creación de entidades, o bien la asociación con aquellas existentes, a partir de las que promueven acciones “en apariencia positivas”, porque en el fondo sólo simulan acatar las disposiciones vigentes. Y precisamente, la función de estos contrapesos empresariales es desviar la atención de la causa principal de la epidemia de obesidad y diabetes, que es, para el caso, el consumo de productos ultra-procesados.
De acuerdo con El Poder del Consumidor, el entramado se acentúa cuando las autoridades locales y federales se alían con los programas y campañas diseñados por estas empresas, estrategia que logra “dar una nueva imagen positiva a sus marcas” y neutralizar “a las autoridades convirtiéndolas en aliadas de sus narrativas”.
Existen muchos casos que reflejan esta circunstancia.
La creación del Movimiento por una Vida Saludable (MOVISA), en 2016, a partir de la iniciativa de más de 60 empresas y organizaciones, mismas entre las que se cuentan a Bimbo, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo y Nestlé. Las campañas “Juntos Contamos” y “Checa y Elige” [2016-2017], en las que también participaron las empresas mencionadas. O la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) -que incluye al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico)-, por mencionar algunos ejemplos.
A pesar de incluir a directivos de las empresas, que es necesario para resolver el problema de obesidad en México, el problema radica en el conflicto de interés y la presión que ejerce y que incide en la toma de decisiones en materia de política pública.
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¿Cómo se cuelan las empresas en el ejercicio del poder? Hay varios métodos.
Uno. El uso de medios de comunicación para fines privados.
“Estas asociaciones comerciales suelen expresarse en los medios en contra de las medidas recomendadas por los organismos internacionales y presionar para que no se implementen. Aparecen en general en las secciones de economía y negocios de periódicos y programas, alertando a la población sobre pérdidas de empleos a causa de políticas como el impuesto a los refrescos, asegurando que ‘según estudios’, la norma no funciona para combatir el problema de fondo”, se lee en el estudio de El Poder.
“Aunado a los estudios financiados por la industria, este gremio ha utilizado los medios de comunicación para diseminar datos que confunden, por ejemplo que el consumo de bebidas azucaradas aumentó después de 2015”, detalla la organización, que también asevera que a través de agencias de relaciones públicas, de sus asociaciones y de manera directa, la industria “ejerce una fuerte influencia en un amplio grupo de columnistas de finanzas de los medios impresos y de comunicación”.
Dos. Estudios e investigaciones manipuladas o que se basan en datos parciales. Esta modalidad incluye el apoyo y financiamiento a organizaciones con la finalidad de obtener resultados “a modo”, comprando patrocinios e intercambiando favores.
Inclusive, las compañías se asocian con universidades de renombre o las utilizan para “dar legitimidad a sus eventos, disipar sospechas de los ingredientes de sus productos, y también para apoyar otros argumentos que les permiten estar en el centro de atención y hacer dudar al público de los beneficios de una política aplicada”.
“Las compañías más destacadas del ramo de alimentos y bebidas contratan investigadores y respaldan económicamente asociaciones, fundaciones o entidades que fabriquen conclusiones funcionales a su negocio. Financian investigaciones y pagan expertos para que pongan en duda la nocividad de sus productos y confundan a los consumidores”, explica el documento citado.
De acuerdo a una revisión sobre el tema, publicada en el periódico PLOS Medicine, más del 80 por ciento de los estudios realizados de modo independiente relacionan los refrescos y otras bebidas con azúcar con el sobrepeso y la obesidad. En cambio, nada más el 20 por ciento de los que son pagados por la industria encuentran una relación.
La situación es tan grave que, en 2015, en el marco del congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, docentes, investigadores, profesionales y estudiantes del campo de la nutrición opinaron que “la decisión de patrocinio por parte de estas corporaciones está motivada por la necesidad de proteger sus intereses y de vincular su imagen de marca, cada vez más amenazada, con un mensaje de salud y bienestar”.
Por ello, urgieron la necesidad de no permitir más que sus congresos sean patrocinados por corporaciones de alimentos y bebidas que fabrican productos que ponen en riesgo la salud de la población y el planeta; adoptar un código de conflicto de intereses y lineamientos en relación a la organización de eventos científicos y otras actividades; y promover la adopción de este código por entidades afiliadas en la región.
Tres. Formación de institutos de investigación propios.
“Casi todas las grandes empresas han creado un ‘ala’ de investigación, institutos propios o fundaciones que suelen aliarse con instituciones estatales prestigiosas”, refiere el estudio de El Poder del Consumidor.
PepsiCo, por ejemplo, tiene el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI) que se unió con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el Congreso Internacional Ciencia en Movimiento. Y Nestlé, por su lado,”tiene gran influencia y vínculos con el gobierno federal, en especial con la Secretaría de Salud”, a través del patrocinio a la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
Cuatro. Marketing de tipo native advertising o native ads branded content. Es decir, estrategias de publicidad “integrada” que sirven para promover un producto o servicio con un ardid muy peculiar:
La publicidad “se publica como nota [periodística, científica, de investigación, etcétera], pero en realidad es un aviso remunerado [que] no se distingue del resto del contenido”, explica El Poder. Esta situación es “muy peligrosa porque suele involucrar reduccionismos y planas de mentiras en información que se pretende como saludable”.
Un ejemplo de esto es el artículo “Bebidas con azúcar para atletas” de la revista Men’s Health, en el que una nutrióloga recomienda que los niños “lleven bebidas isotónicas con azúcar a sus entrenamientos”. Asimismo y de manera casual, la nutrióloga recomienda tomar Coca-Cola.
“Si te encuentras en una carrera donde no hayan puesto especial cuidado en la hidratación, puedes optar por otras alternativas. Si tomas refresco de cola en sorbos pequeños de menos de 50 ml, es una buena alternativa, porque además la cafeína que contiene te puede favorecer”, reza el artículo.
Cinco. Infiltrados en la creación de las normas y las evaluaciones de las mismas.
La alianza industria-gobierno se da de múltiples formas. Una de ellas es la dinámica de “puertas giratorias” en la que un funcionario termina con un puesto en el sector privado o viceversa -por ejemplo, el ex Presidente Vicente Fox Quesada, quien trabajó por muchos años en Coca-Cola-.
También están los contubernios y amistades entre políticos y empresarios que culminan con acuerdos o políticas poco adecuadas para el fortalecimiento real en materia de salud pública.
Un caso paradigmático ocurrió en 2007, cuando la panista Josefina Vázquez Mota, en calidad de Secretaria de Educación Pública, firmó un convenio con PepsiCo y otro con Coca-Cola para permitir que éstas aplicaran, respectivamente, los programas “Vive Saludable Escuelas” y “Movimiento Bienestar” en diversos centros educativos.
Ante la demanda de la sociedad civil de sacar la comida chatarra de las escuelas, Vázquez Mota respondió que esa no era la opción y que había que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables.
El Poder del Consumidor manifestó, en ese respecto, que la panista así reprodujo “el discurso de la industria que la obesidad es una responsabilidad individual, que no tiene que ver con un entorno y condiciones que la promueven, llevándolo al extremo de aplicarla a los niños”.
Según esta asociación civil, los ejemplos más claros del conflicto de interés en la política mexicana son: primero, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al implementar etiquetados diseñados por la industria y una regulación de la publicidad de alimentos y bebidas bajo criterios de esas mismas empresas; segundo, la Secretaría de Salud, al crear el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles con la participación de la industria, para evaluar las políticas contra la obesidad y la diabetes.
Todo lo anterior refleja “la ausencia de reglas frente a la figura de conflicto de interés [que] es una de las principales trabas para la creación y ejecución eficiente de las políticas públicas necesarias para combatir la obesidad y sus padecimientos vinculados”, refiere el estudio citado.
Seis. Etiquetados con información que confunde.
En la actualidad, el sistema de etiquetado en México se conoce como Guía Diaria de Alimentación (GDA). Fue promovido en el año 2011 por la industria alimentaria. No obstante, las etiquetas no promueven un entendimiento mayor acerca de lo que se está consumiendo. El principal problema del etiquetado frontal actual [o GDA] es que es confuso para la mayoría de los consumidores.
Según la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, únicamente el 13.7 por ciento de la población en México considera al etiquetado actual como “muy comprensible”. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México menos del 2 por ciento de los estudiantes de nutrición, a partir del GDA, son capaces de estimar correctamente el contenido energético total del producto.
La situación es tan delicada que en febrero de 2017, un juez sentenció que el etiquetado frontal que se utiliza actualmente en México viola el derecho a la salud, a la alimentación de calidad y los derechos de los consumidores a ser informados de forma comprensible visible y veraz.
Resultante de ello, el juez recomendó a la Cofepris diseñar una política pública que tome en cuenta y respete los derechos a la salud y a la alimentación; modificar el sistema de etiquetado para que se pueda distinguir entre azúcares naturales y añadidos; establecer cuántos gramos de azúcar añadido poseen los productos; colocar una advertencia en el etiquetado frontal de los alimentos sobre el riesgo a la salud que representan los productos con más de 50 gramos de azúcar añadida; entre otros.
Siete. Espionaje.
En febrero de 2017, el New York Times publicó un artículo que develó el uso de programas de espionaje digital contra promotores del impuesto a los refrescos. Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la coalición ContraPeso, fueron víctimas de espionaje a través del malware “Pegasus”.
“Estos hechos hacen sospechar que las herramientas de espionaje están siendo usadas para apoyar los intereses de la industria contra aquellos que exigen acciones concretas para el control de la obesidad y sus enfermedades asociadas”, refiere el estudio de El Poder.
RECOMENDACIONES PARA FRENAR “EL GRAVE DETERIORO DE LA SALUD”
De acuerdo con el estudio de El Poder, el gobierno, las fundaciones y otras instituciones deben de trabajar “para la regulación y no para la colaboración”.
“La realidad muestra que las empresas no están interesadas en contribuir a enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes a la que han contribuido de manera significativa. Es contundente la evidencia existente que demuestra que la gran industria de alimentos y bebidas actúa, a través de su enorme poder económico y político, para negar su responsabilidad en el deterioro de la salud de la población y para bloquear las políticas y regulaciones recomendadas para combatir la epidemia de obesidad y de diabetes”, se lee en el documento citado.
Para frenar “el grave deterioro de la salud provocado por el cambio en la dieta e incidir significativamente en el bienestar de la población”, es necesario contrarrestar los conflictos de interés con medidas claras, transparentes y creadas por expertos.
“La transparencia y las políticas para evitar el conflicto de interés deben estar en la base del diseño de la política y las regulaciones para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes, debe estar en la base de los procesos de implementación y evaluación de estas políticas”, abunda el texto.
Asimismo, el Poder del Consumidor urge la necesidad de cambiar el paradigma del sistema de salud pública nacional, basado en la prevención. Para ello se requiere actualizar y profesionalizar los equipos que diseñan la política en salud pública; y también, establecer mecanismos y marcos regulatorios para evitar el conflicto de interés en el diseño y evaluación de estas políticas públicas.
