RSF: México es un país mortífero para el periodismo; no se ha hecho justicia en ningún caso desde el 2000, dice

03/05/2013 - 11:31 am
Foto: Cuartoscuro
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Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La organización Reporteros Sin Fronteras publicó una lista de 39 “predadores” de la libertad de información, Jefes de estado, políticos, jefes religiosos, milicias y organizaciones criminales que censuran, encarcelan secuestran, torturan e incluso asesinan a periodistas.

En el caso de México, indica que las organizaciones criminales como los Zetas continúan tomando como blanco a los periodistas y a los medios de comunicación que consideran demasiado curiosos, demasiado independientes, a menudo hostiles.

A nuestro país lo señalan como una nación particularmente mortífera para los periodistas, pues desde el año 2000 han sido asesinados 86 periodistas y 18 se encuentran desaparecidos y resalta RSF que no se ha hecho justicia realmente en ninguno de estos casos.

Referente a porque no se frena esta violencia para los periodistas a nivel mundial, la organización indica que el Estado, que es quien debe garantizar la protección, es endeble, ya sea por falta de voluntad política para reprimir tales acciones, porque no cuentan con un aparato judicial o éste se encuentra debilitado, incluso porque las mismas autoridades son responsables de estas exacciones.

A nivel internacional, la protección jurídica de periodistas también está garantizada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios de Ginebra, entre otros documentos. Las Naciones Unidas publicaron recientemente un Plan de Acción sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.

Desafortunadamente, la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha permitido avanzar la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes más graves cometidos contra los periodistas, pese a su papel fundamental de información y de alerta en los conflictos armados internos e internacionales. La CPI sólo posee competencias cuando los hechos ocurrieron en el territorio de un Estado que forma parte de ella o si la persona acusada del crimen pertenece a uno de los países miembros.

 

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