Según un informe publicado en las últimas horas, “no hay en Egipto un espacio seguro en el que un periodista o bloguero pueda criticar el historial político o de derechos humanos de las autoridades o expresar pacíficamente su oposición al Gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi”.

Decenas de profesionales de los medios de comunicación permanecen recluidos o se enfrentan a investigaciones penales por rebatir el discurso de las autoridades, sacar a la luz violaciones de derechos humanos o estar vinculados a la oposición.

Desde el golpe militar de julio de 2013 que depuso al entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi, los reporteros han sido acusados de “cargos falsos” como difundir rumores o noticias falsas, pertenecer a un grupo prohibido e incitar a la violencia, denuncia en su nota AI.

La mayoría de los que fueron liberados tras ser interrogados tuvieron que depositar una fianza y están siendo sometidos a investigaciones penales.

La fiscalía ha detenido también a varios periodistas durante periodos prolongados sin cargos ni juicio, como es el caso de Mahmud Abu Zeid, reportero gráfico conocido como “Shawkan”, que lleva más de 600 días recluido.

La mayoría de los periodistas detenidos habían documentado violaciones de derechos humanos o habían criticado a las fuerzas de seguridad o al Gobierno. Otros simplemente habían tomado fotografías de policías o militares.

Los abogados defensores consultados por AI aseguran que no hay pruebas incriminatorias contra sus clientes, y que en la mayoría de los casos los tribunales examinaron el trabajo de los periodistas, pero dictaron su sentencia basándose exclusivamente en los testimonios e investigaciones de las fuerzas de seguridad.

Los tribunales también han impuesto de forma habitual órdenes de silencio en juicios de contenido político, una práctica de la que en Egipto -critica AI- “se ha abusado sistemáticamente para apartar del escrutinio público casos de autoridades en ejercicio o que ya han abandonado su cargo acusadas de violaciones de derechos humanos, o casos de opositores políticos”.

AI insta a las autoridades egipcias a liberar de forma “inmediata e incondicional” a todas las personas detenidas exclusivamente por su trabajo periodístico y a los detenidos por cargos de “difusión de noticias o información falsas”.

Uno de los casos más polémicos en este tiempo ha sido el juicio contra tres periodistas de la televisión catarí Al Yazira, que fueron condenados inicialmente a entre siete y diez años de cárcel, aunque posteriormente uno de ellos -australiano- fue deportado y los otros dos liberados y juzgados de nuevo.