En un país donde la corrupción y la violación de los derechos humanos son la constante, el periodismo independiente y crítico tiene pocas posibilidades de desarrollarse y quienes lo ejercen se encuentran en una vulnerabilidad permanente.

Los periodistas que llevan a cabo su labor sin imposiciones editoriales del poder político, del poder económico o de la delincuencia organizada, así como sin compromisos políticos y/o económicos, son más víctimas que victimarios en México. Los asesinatos de diversos reporteros, fotógrafos y editorialistas son la expresión más burda de esta circunstancia.

Estos periodistas son además constantemente acosados o amenazados con perder su empleo cuando su línea editorial afecta intereses particulares, no obstante que se vulnera su libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Por si fuera poco, aquellos que superaron estos obstáculos y han podido publicar sus reveladores reportajes, notas o artículos en un medio de comunicación que confía en su trabajo, pueden enfrentarse a demandas por daño moral, lo que a su vez impacta también en los derechos de expresión e información y en su propia condición económica, laboral y de salud.

En este último caso se encuentra la periodista Sanjuana Martínez, quien fue demandada por daño moral por un reconocido político, Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD y ex legislador, por haberlo vinculado con un caso de explotación sexual, en un reportaje publicado en Sin Embargo en noviembre de 2013.

De acuerdo con el Código Civil Federal (artículo 1916) “por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral –continúa el Código-, “el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual”.

No conozco personalmente a Sanjuana Martínez, pero he leído parte de su obra. Es una periodista independiente, crítica y valiente, que ha dedicado su vida profesional a denunciar hechos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Este compromiso con el periodismo le ha generado grandes satisfacciones, pero también riesgos, como lo describió la misma periodista en su colaboración para Sin Embargo la semana pasada.

Jesús Ortega asegura que ganó la demanda y que los recursos obtenidos por la indemnización los destinará a organizaciones que trabajan en contra de la explotación sexual. La periodista afirma que no es así y que su juicio estuvo plagado de irregularidades: se hizo perdedizo el expediente, no les notificaron del juzgado que analizaría el caso, se dictó sentencia sin ser notificada ella y sus abogados, no se documentó plenamente el “daño” causado a la honra del político y en general se violó el debido proceso. Por eso acudieron a la justicia federal para solicitar una suspensión provisional de la sentencia. Ya la obtuvieron.

Así que no todo está escrito en este litigio y aunque ganara el perredista en los tribunales, eso no significa que los hechos referidos en el reportaje sean falsos. El sistema de justicia en México ha sido tan cuestionado y es tan ineficaz que las “verdades históricas” no se pueden tomar como algo definitivo. Y los ejemplos al respecto sobran.

Ahora bien, aun suponiendo – lo que no se demuestra- que la periodista actuó con dolo, mala fe o “real malicia” para dañar el honor de Jesús Ortega, el derecho a la libertad de expresión y el interés público de los hechos descritos en el reportaje se encuentran en una protección superior en materia de derechos humanos.

La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Tristán Donoso vs. Panamá) ha resuelto que “incluso si los hechos que se afirman (por ejemplo, la imputación de un crimen) no pueden ser demostrados en un proceso judicial, quien realizó las afirmaciones correspondientes estará protegido siempre que no tuviera conocimiento de la falsedad de lo que afirmaba o no hubiere actuado con negligencia grave (absoluto desprecio por la verdad)”.

En el caso que nos ocupa, Sanjuana Martínez obtuvo el testimonio de una persona, que identificó al político de ser un supuesto cliente de servicios sexuales en un lugar en el aparentemente hubo explotación sexual. La periodista no inventó el señalamiento, sólo lo recuperó y lo difundió, y el aludido tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de réplica en la misma publicación en la que se difundió originalmente el reportaje.

En cuanto a la indemnización, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto también que los elevados montos exigidos para reparar el supuesto daño son tan intimidantes e inhibitorios para el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción penal, “en tanto tienen la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia”, en este caso, a una figura pública, que ha sido Diputado, Senador y líder de un partido político.

Sanjuana Martínez es una periodista cuya libertad de expresión y labor periodística deben protegerse en aras de la democracia y el debate público. Quienes ejercen algún tipo de actividad periodística podrían vivir una experiencia semejante. En caso de errores u omisiones, podrían ser sancionados en materia penal o civil. Ese no debe ser el camino. Hay otros mecanismos de autorregulación como la rectificación, la publicación de réplicas o el darle seguimiento a las recomendaciones para un periodismo ético que realicen las defensorías de las audiencias y los lectores, con el fin de proteger derechos fundamentales en materia de expresión e información.

Informar no es un delito. Mi solidaridad con la periodista Sanjuana Martínez.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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