Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).-En la presente legislatura se presentaron 727 iniciativas en la Cámara de Diputados y 523 en el Senado de la República, para reformar alguna ley o para crear una nueva norma sobre los temas más diversos de interés nacional. Sin embargo, ninguna de las mil 250 propuestas planteó regular, transparentar o reducir los gastos de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.

Es decir, que ninguno de los 628 legisladores ha intentado poner controles a las partidas de 830 millones de pesos que este año manejarán a discreción los líderes parlamentarios de San Lázaro, o los 707 millones de pesos que se gastarán sus homólogos en el Senado, por las llamadas subvenciones, es decir los gastos de sus bancadas y comisiones legislativas, los cuales no están obligados a reportar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y es que el Poder Legislativo es el único que se regula a sí mismo. Esto que parecería una virtud en términos generales, se convierte en problemático en algunos temas, porque se crean muchas resistencias, sobre todo en lo relativo a la autofiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

“La falta de transparencia presupuestaria es uno de los aspectos problemáticos del Congreso, hay opacidad en lo que se refiere a grupos parlamentarios, porque es necesario que los legisladores dispongan de recursos económicos para las actividades que le son propias, el problema es que las cámaras de Congresos no nos dicen en particular cómo se gastan esos recursos”, afirmó el doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología, en el área de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa.

Diputados y senadores tampoco han buscado, que mediante una norma o punto de acuerdo, se transparenten los acuerdos que se firman al interior del Comité de Transparencia del Congreso, la cual es encargada, entre otras tareas, de avalar todos los contratos y adjudicaciones directas de las compras y servicios que se realizan en San Lázaro.

LOS TEMAS QUE NADIE QUIERE TOCAR

La falta de controles que promuevan la rendición de cuentas al interior del Parlamento es sólo uno de los temas sobre los que diputados y senadores rehúyen legislar. Otros asuntos que prácticamente no han tocado en la presente legislatura son: tabaco, legalización de marihuana, aborto, y matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo.

En la presente legislatura, se han turnado 53 iniciativas a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La mayoría sobre temas de sobrepeso y obesidad infantil, catálogo de enfermedades, para regular medicamentos “milagro”, incrementar la donación y trasplantes de órganos, y para mejorar los servicios básicos de salud.

Sin demeritar la importancia de estos temas a nivel nacional, es de resaltar que de las 53 iniciativas, sólo dos buscaron reformar la Ley General para el Control del Tabaco. Ambas, por cierto, fueron desechadas sin mayor discusión al interior del órgano legislativo.

Ejemplo de lo anterior fue la iniciativa de la Diputada priista, María Esther Garza Moreno, que buscaba prohibir la colocación de cigarrillos en sitios visibles para el consumidor. Además de establecer que se imprimieran en blanco y negro las etiquetas en los paquetes de cigarrillos, y suprimir la publicidad a través de cualquier medio para los productos del tabaco.

“En el tema del tabaco, los efectos del cigarro se han convertido en verdaderos problemas de salud, sin embargo ha habido una sistemática resistencia de los legisladores a gravarlos con impuestos significativos. Los diputados siempre han encontrado salidas, tal vez a través el cabildeo o de otras formas de negociación, para matizar o hasta frenar las leyes antitabaco”, indicó el doctor Ricardo Espinoza Toledo.

En la comisión del ramo del Senado no se ha presentado una sola iniciativa que busque reducir el consumo de 550 millones de cigarrillos diarios en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, existen otros temas que no tocan intereses multimillonarios que son evitados por diputados y senadores, simplemente porque son políticamente incorrectos. Por ejemplo, en la presente legislatura no existe una sola propuesta para regular la interrupción del embarazo, muerte asistida y adopción de parejas del mismo sexo.

En el año 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. A pesar de la oposición de los partidos de derecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la medida, considerada como una de las más avanzadas en esta materia en América Latina.

Desde entonces, han sido escasos los intentos de diputadas y senadoras por impulsar una norma similar a nivel nacional, debido, en parte, a la fuerte oposición de diversos estados del país que consideran en su legislación al feto como sujeto con protección jurídica. Por otro lado, muy pocas legisladoras consideran inviable políticamente impulsar medidas que son poco populares desde el punto de vista electoral.

“En nuestro país gana el candidato que tiene más votos, y los votos son de los ciudadanos, entonces ciudadanos mejor informados razonan mejor su decisión sobre a quién le van a dar su voto”, argumentó el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa.

Sobre el tema de matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo, la doctora Beatriz Saucedo refirió en su tesis titulada “Matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo. El caso del Distrito Federal México” -presentada ante la Universidad Autónoma de Barcelona-, que “la ciencia jurídica ha recogido estos cambios especialmente en las sociedades con vocación democrática que demandan la inclusión de todos los sujetos independientemente de sus diferencias, en un Estado de Derecho”.

Tema que nuestros legisladores han evitado entrarle, quizá más influenciados por prejuicios morales que por diagnósticos o fuentes de información científicas.

No obstante los temas tabú o vedados por los legisladores, la opinión pública cada vez exige mayores explicaciones a sus legisladores sobre la forma en que decide y vota o sobre por qué no vota en los temas que son de interés ciudadano.

El doctor Espinoza Toledo consideró que el acceso a la información, la posibilidad de “castigar” a determinados servidores públicos en las urnas y la construcción de ciudadanía permiten mayores exigencias y controles sobre las políticas públicas que decide la clase gobernante.

“Esto ha ido crecido y cada vez más se ha ido asimilando la idea de que los legisladores como los gobernantes están en esos cargos, porque los ciudadanos lo autorizan. De modo que el riesgo de no atender los intereses de la colectividad es que esos políticos reciban la sanción en las próximas elecciones”, sostuvo Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología en el área de Ciencias Políticas de la UAM, unidad Iztapalapa.