Rosario Mosso Castro/Zeta
Tijuana, Baja California, 3 de junio (SinEmbargo/Zeta).– Cobran entre 6 mil y 10 mil dólares por cruzarlos a Estados Unidos, para después estrangularlos y tirar sus cuerpos en calles y lotes baldíos de Tijuana, Baja California. Son bandas que operan independientes y enganchan migrantes en la Zona Centro y en el área serrana, a la altura de la caseta de cuota Tijuana-Mexicali
Tenía los ojos inyectados de sangre como resultado del ahorcamiento: el migrante michoacano de 37 años no podía creer por lo que había pasado, trataron de matarlo, lo lanzaron de un auto en movimiento y ni cuenta se dio.
Despertó sobre la calle Del Toro de la colonia Villaurrutia, subdelegación Los Pinos en Tijuana. Era la madrugada del lunes 28 de abril de 2014. Estaba golpeado, vendado, atado de manos y pies.
Lo poco que recordó es que minutos antes de perder el conocimiento, a él y a otro hombre que intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos, los subieron a una vagoneta de transporte público (calafia). Tenía más de una semana en Tijuana y antes ya lo habían cambiado de un domicilio en la Zona Centro, a una casa en Otay.
Las direcciones y ubicaciones, las especificó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que el hombre no sabía por dónde lo traían.
Los dos traficantes de personas y el calafiero, circulaban ya en la colonia Villaurrutia cuando el joven michoacano vio que empezaron a golpear a su compañero migrante “Sergio N”. Ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar, al momento siguiente él también recibía puñetazos, luego sintió que le pasaron algo por el cuello y se desmayó.
No volvió a saber de sí hasta que escuchó a lo lejos los ladridos de perros, se recuperó y se dio cuenta que habían matado a su compañero de travesía. Como pudo se levantó y caminó por varios minutos hasta encontrar a alguien que le hiciera favor de llamar a la Policía.
Desconoce el motivo por el que intentaron matarlo, sabe que su familia y la de “Sergio N” pagaron por cruzarlo a Estados Unidos, pero eso no evitó la violencia en su contra, la cual inició desde el domingo 27 de abril.
La noche de ese lunes, dos hombres llegaron a la casa donde los cuidaban, uno traía pistola y los amenazó mientras les ordenaban tirarse al piso “…a mí y al que mataron”. Mientras los tenían amedrentados, las víctimas escucharon a uno de los delincuentes decir que conocía a un calafiero que se “había aventado varios jales” y que los podía ayudar por 2 mil pesos.
Ya durante la madrugada del martes 29 de abril, los sacaron de la casa con los ojos vendados y amarrados con cinta adhesiva gris, después los golpearon, asfixiaron y los tiraron a la vía pública, creyendo que ambos estaban muertos.
La localización del cadáver de “Sergio N” fue reportada por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando a las 7:15 am del 28 de abril, la causa de muerte aparente registrada fue “estrangulamiento”.
Éste, no es un caso aislado.
Por lo menos 15 migrantes asesinados en lo que va de 2014 en Tijuana, y 61 que presentaron denuncia por haber sido secuestrados.
A batazos, puñetazos y mayormente asfixiados, así están asesinando a los migrantes, algunas de las bandas de tráfico de personas establecidas en las zonas Centro y Otay en Tijuana.
Por lo menos un jefe y dos homicidas de dos células distintas han sido detenidos, pero ninguno ha mencionado la razón de los homicidios en sus declaraciones ministeriales; los cómplices han señalado que escuchan a sus cabecillas mencionar que se debe a que “la familia del lado americano se ha negado a pagar”.
Pero en el seguimiento de los casos, las autoridades han corroborado que es mentira. Familiares han pagado entre 6 mil, 8 mil y 10 mil dólares a cambio del traslado y la vida de los suyos, pero igual los matan.
El primer caso de un migrante asesinado –en esta nueva ola de ataques– identificado como tal por las autoridades, se localizó en Tijuana en noviembre de 2013, desde entonces la PGJE ha acumulado más de una docena de expedientes.
De los 148 asesinatos registrados en Tijuana en el primer cuatrimestre del año, 15 fueron identificados como migrantes, sin embargo, también se localizaron otros 40 cadáveres, que por su estado de descomposición, no se ha podido determinar si son locales o personas que buscaban cruzar a Estados Unidos.
Respecto las razones de los homicidios, solo han dado dos: porque no pagaron, o porque jefes de las bandas ordenaron la ejecución.
En cuanto a las familias que denuncian que alguno de sus parientes desapareció en su intento por cruzar a Estados Unidos, esos reportes se pasan al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), entidad que registró cinco denuncias en los primeros cuatro meses del año.
Actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lleva a cabo un programa en el que toma muestra de ADN a las familias que reportan la desaparición de un pariente en su intento de cruce, para compararla con la de los cadáveres localizados a lo largo de la frontera.
Adicionalmente, los archivos de la PGJE contienen, hasta el último día de abril, 29 expedientes abiertos por secuestro de migrantes, cuyas víctimas suman un total de 61. Las estadísticas de 2010 a la fecha, reflejan que los criminales están escalando:
- En 2010, 98 migrantes secuestrados interpusieron denuncia.
- En 2011, 106.
- Para 2012, el número de denuncias de secuestro de migrantes disminuyó a 75.
- 2013 registró un incremento de 128 migrantes secuestrados ese año.
Al comparar 2014 con el año anterior, se aprecia que mientras en 2013 secuestraban un promedio de 10 migrantes por mes, actualmente están privando de la libertad a 15 mensualmente. “Esos son los que tuvimos a la vista, están los que no denuncian, desconocemos la cifra negra”, reconoció, a pregunta expresa, Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada en Baja California.
De la escalada violenta que afecta a los migrantes detalló:
“Primero era un acuerdo verbal; ‘te cruzo, te pongo del otro lado y me pagas’, pero cuando se reforzó la frontera empezaron a abandonarlos en los cerros cuando el Grupo Beta los empezaron a rescatar, y los traficantes siguieron con las privaciones de la libertad, les pagaban a través de Western Union y Elektra, y los soltaban.
“Cuando se descubrió y se capturó a los cómplices en ciertas sucursales de las tiendas donde cobraban los rescates, cambiaron, ahora tienen cómplices del lado americano que cobran el dinero en propia mano, y en algunos casos, están asesinando a los migrantes secuestrados”.
En cuanto a las bandas de traficantes de personas que están asesinando a sus “clientes”, Miguel Ángel Guerrero indicó que tienen identificadas dos, pero no significa que sean las únicas que lo están haciendo.
Una es la encabezada por Heriberto González Paredes “El Ruso”, quien en compañía de Gerardo Cervantes Díaz “El Gera’’, cometía los asesinatos. Ambos fueron detenidos y presentados el 24 de abril de 2014 con sus cómplices: Kenneth William Hooper “El Kenny’’, Manuel Alberto Gómez Paulino “El Chaparro’’ y Francisco Saúl Rocha Gómez “El Chilango’’, quienes pudieron acreditar como presuntos responsables del homicidio calificado en contra de dos migrantes y dos de sus secuaces.
En este expediente, aunque todos los delincuentes admitieron los delitos y señalaron al jefe, González Paredes se reservó su derecho a declarar y no ha admitido nada.
Adicionalmente existen tres órdenes de aprehensión contra Celia Ramírez, Carlos Pérez y Guillermo Ricardo Loza Villalvazo “El Flaco”, este último detenido la tercera semana de abril, pero un policía municipal lo dejó escapar. Pagó una fianza de 50 mil pesos en la PGJE para llevar el juicio por evasión de reo en libertad.
Precisamente “El Flaco” Villalvazo fue el hombre que reclutó el migrante y se lo entregó a otra banda de traficantes de personas, que el lunes 28 de abril, fue arrojado a la calle por sus captores, creyendo que lo habían asesinado.
SEGUNDA BANDA DE TRAFICANTES
Por información de inteligencia relacionada con tráfico de personas y detenciones previas de la banda criminal, el mismo martes fue localizado el domicilio del fraccionamiento Tres de Octubre donde “cuidaban” al migrante michoacano y al fallecido “Sergio N”. En el lugar encontraron a dos hombres, uno procedente de Durango, de 22 años, y otro de Guanajuato, de 36; uno tenía 11 días en Tijuana y el otro ocho, ambos habían acordado pagar entre 8 mil y 9 mil dólares para que los llevaran a Los Ángeles, California junto a las otras víctimas. Comentaron que los traficantes de personas sí habían intentado cruzarlos al lado americano, entre el martes 22 y el lunes 28 de abril, por una cerca, y por una puerta, los hacían esperar en un parque ubicado cerca de las garitas de cruce. Vieron cuando se llevaron a sus compañeros en una camioneta, pero no supieron por qué.
La casa era habitada por Luis Abraham Pérez Meza “El Filter” y Lizeth Sarahí Palomares Rojas, “La Tía”, además, los 8 mil dólares pagados respectivamente por las familias de ambas víctimas de homicidios en diversos grados, fueron depositadas a nombre de ambos sujetos, por lo que fueron presentados por la PGJE el lunes 12 mayo de 2014 como “…implicados en los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en grado de coparticipación; delitos cometidos en contra de dos personas migrantes, una de las cuales fue encontrada sin vida, y otra que sobrevivió a pesar de que la dieron por muerta”, indica un boletín.
OTROS LIBRES
Para las autoridades, el evadido, Guillermo Ricardo Loza Villalvazo “El Flaco” es un enganchador de migrantes que opera con diferentes grupos, y tiene una estrecha relación con otra mujer, detenida , interrogada y liberada después de que uno de los migrantes sobrevivientes informara que había estado bajo su cuidado.
Se trata de “Doña Mari”, una vieja residente de la Zona Norte en Tijuana, quien tiene un restaurante en Calle Primera y F.
Su hija también engancha migrantes, y la pareja de la joven, apodado “El Trucha”, se está iniciando en la actividad ilícita de cruzarlos a Estados Unidos sin papeles.
“Doña Mari” y su familia hacen las veces de cuidadores, albergan a los migrantes, les dan comida dos veces al día, ellos pagan 500 pesos y permanecen con ella entre una y dos semanas. El nombre y la dirección de esta mujer, han salido a relucir en muchas de las entrevistas hechas a los migrantes detenidos al cruzar por las autoridades de Estados Unidos, pero nunca ha sido detenida, salvo para ser entrevistada por autoridades operativas.
Tras el rescate del michoacano que sobrevivió al intento de homicidio, la mujer y sus familiares fueron detenidos, pero negaron dedicarse al tráfico de personas, mientras que en sus domicilios, las autoridades no encontraron nada para inculparlos.
Conforme a los reportes de inteligencia, “Doña Mari” se dedica acomodarlos con los diferentes “polleros” que operan como células independientes, algunos de los cuales están asesinando a sus clientes. Pero no han encontrado indicios que les permitan ligar a la mujer con los homicidios y extorsiones.
JORNALEROS
Los migrantes legales también tuvieron problemas en Tijuana, cuando un grupo de 309 jornaleros que iniciaron trámites para solicitar permisos para laborar como trabajadores del campo legales en Estados Unidos, quedaron varados dos días en esta frontera.
Un hombre que dirige una empresa tramitadora con sede en Durango y con servicio en toda la República, fue detenido en el Aeropuerto de Tijuana porque al pasar su maleta por los Rayos X, se dieron cuenta que traía más de 300 pasaportes mexicano, y al preguntarle la razón, explicó que eran documentos que él había ayudado a tramitar a cambio de un pago, que eran de los jornaleros que tenían citas en el Consulado americano.
Las autoridades le pidieron comprobar que en efecto era dueño de la empresa, y presentó una copia del acta constitutiva –es un requisito establecido–, pero le advirtieron que debía ser original, y como los militares no podían saber si era falsificada o estaba diciendo la verdad, lo consignaron a la Procuraduría General de la República.
Como portar documentos aunque no sean propios, no es delito, el hombre solo debía comprobar a qué se dedicaba, lo hizo mediante el acta original, además, la SRE corroboró que se trataba de pasaportes originales y el Consulado de Estados Unidos confirmó que los titulares tenían cita para solicitar la visa de trabajo entre el 12 y 16 de mayo. Así que quedó libre.
Como el lunes 12 de mayo, la PGR aún tenía retenidos los documentos, el Consulado atendió la emergencia y acordaron reagendar, para la misma semana, la cita de los jornaleros afectados.
De acuerdo a información del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en el año fiscal 2012, 2 mil 535 visas fueron otorgadas para trabajadores agrícolas y ganaderos en California. La mayoría de éstas corresponden a campos de fresas, seguido por el cultivo de lechuga, tomates y manzanas. En promedio, cada jornalero recibe un sueldo de 9.57 dólares por hora.