Citlali, una joven indígena huichola quedó embarazada por una agresión sexual se encontró con la negativa de un hospital en Sonora debido a que un juez reclasificó el delito de violación como estupro, porque supuso que hubo consentimiento por parte de la menor.
Por Isabel Reviejo
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo/EFE).- “Acá no lo vamos a hacer, pero si quieres te pago el boleto de avión para que te vayas a la Ciudad de México y te lo hagas allá”; esta fue la respuesta que las autoridades de Sonora dieron a una niña de 14 años que pidió interrumpir su embarazo, fruto de una violación.
Es el caso de Citlali, una joven indígena huichola que quedó embarazada por una agresión sexual, pero que se encontró con la negativa de un hospital de la capital del estado, Hermosillo, porque un juez reclasificó el delito de violación como estupro, porque supuso que hubo consentimiento por parte de la menor.
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), representa a la familia, y desde el lunes denunció el caso. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que las autoridades del estado de Sonora dependen de una decisión del juez que clasificó el abuso como estupro, un delito menor al de abuso sexual. En México, el aborto es legal en caso de violación.
Para el Grupo de Información de Reproducción Elegida (Gire), que asesora a la familia en el caso, el que sea violación o estupro resulta indiferente.
“Es un tecnicismo, lo que tiene que contemplar la ley es que hay una agresión sexual”, señaló hoy en entrevista con Efe la directora de la asociación, Regina Tames.
El Código Penal de Sonora establece penas de cárcel para las mujeres que aborten de hasta seis años, con dos excepciones: violación o riesgo para la salud de la madre.
Sin embargo, para solicitar un aborto no es necesario hacer una denuncia por violación, recuerda Tames.
“Por un lado corre la vía de la investigación contra el agresor y por otro el derecho que tú tienes, y lo que Sonora hizo fue juntar los dos (…) y eso no es para nada lo que dice la norma de salud”, defiende.
Representantes de la Secretaría de Salud del estado dijeron que autoridades se encontraban reunidas el lunes para abordar el tema y que comentarían después.
La víctima es Citlali, una adolescente indígena de 13 años de edad, que vive en una comunidad de escasos recursos en el estado de Sonora.
La Gobernadora de la región norteña, Claudia Pavlovich, defendió el martes la actuación de las autoridades porque “la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente”, para facilitar el aborto, por tratarse del delito de estupro.
Pero Tames señala que, tanto en este caso como en otro ocurrido en Durango, en el que tampoco concedieron la interrupción a una víctima de violación, las autoridades ofrecieron a las familias de manera extraoficial un boleto de avión para que pudieran viajar a la capital, donde el aborto libre es legal hasta las 12 semanas.
Continuar con el proceso en Sonora, afirma la abogada, queda descartado.
En estos momentos “se está valorando traerla a la Ciudad de México”, para que pueda abortar, y desde el Gire -quien apoyará económicamente a la familia- están realizando gestiones para ver si es viable realizar el proceso, seguramente en una clínica privada.
La joven se encuentra casi en el límite para llegar al plazo de las 12 semanas, pero aunque sea superado, intentarán apegarse a alguna de las causales que permiten el aborto hasta la semana 20.
Podría ser por violación o por riesgo a la salud de la madre. Por tratarse de una niña de esa edad, que no ha terminado con su desarrollo físico, es mucho más riesgoso continuar con el embarazo que tener un aborto seguro, comenta la directora del Gire.
Citlali es una niña que vive en una comunidad a más de una hora de la capital y tiene una familia con escasos recursos, que depende de los ingresos del padre.
De acuerdo con el testimonio, recogido por el GIRE, el lunes 16 de mayo Citlali no acudió a clases por ser día feriado: se festejaba a los maestros. Mientras estaba sola en su casa, un compañero de trabajo de su padre entró a la vivienda y abusó sexualmente de ella.
Unas horas después, la adolescente acudió a la comisaría del pueblo acompañada de sus hermanos para levantar una denuncia. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico, por lo que el Ministerio Público imputó al agresor por el delito de violación agravada.
