El narcotráfico ha vuelto a mostrar su poderío al atacar al Ejército. Expertos cuestionan la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto para solucionar la expansión del crimen organizado en el territorio nacional. El viernes pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que elementos de las fuerzas armadas que escoltaban a un herido sufrieron una emboscada por parte del crimen organizado. El saldo: cinco soldados muertos y 10 lesionados. El Comandante Alfonso Duarte diría después que el herido era Julio Óscar Ortiz Vega, presunto primo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La violencia en los casi cuatro años del actual Gobierno no cesa: ¿El Presidente repite el guión de su antecesor Felipe Calderón?

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo). — Los hechos ocurridos el viernes en Culiacán son la cresta de la ola de violencia que impacta a Sinaloa. Durante un homenaje a los cinco militares caídos el viernes, un enérgico Secretario de la Defensa condenó los hechos y llamó “bestias” a los atacantes. No obstante, en la práctica el general Salvador Cienfuegos Zepeda no ha hecho más que repetir una estrategia que no ha dado resultados.

Un fin de semana antes del altercado entre criminales y uniformados, Sinaloa sufrió 21 homicidios en tan sólo 48 horas.

El Gobernador Mario López Valdez llegó al cargo gracias a la coalición “El cambio es ahora por Sinaloa”, que incluyó al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a Convergencia. Actualmente está a punto de despedirse de su mandato con un repunte en los delitos de alto impacto.

En los primeros ocho meses del año hubo 720 homicidios dolosos, ocho por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Y políticos afines y de oposición no tienen empacho en señalar que se trata de los efectos colaterales del narcotráfico.

“Hay un enfrentamiento entre diversos cárteles. Nuevos líderes de cárteles como el de Jalisco [Nueva Generación] señalan como evidencia que sí hay una serie de confrontaciones”, refirió recientemente a este medio el Senador de Sinaloa por el PAN, Francisco López Brito.

Tras el abatimiento de sus soldados, Cienfuegos anunció que redoblaría esfuerzos para continuar la lucha contra el narcotráfico, pero el discurso parece haberse repetido hasta el cansancio desde tiempos del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

De forma invariable, el Presidente Enrique Peña Nieto ha continuado el ataque frontal al narcotráfico. Durante la inauguración de un Regimiento militar en Piedras Negras, Coahuila, refrió que su administración ha neutralizado a 100 de los 122 capos que se propuso derrotar desde principios de su mandato.

Sin embargo, estas acciones derivan en más violencia por la generación de células criminales más pequeñas pero con alta peligrosidad.

“Lo que ha pasado es la fragmentación, y empieza a generar violencia y problemáticas locales, porque estos grupos tienen que buscar mayores fuentes de financiamiento para mantener su capacidad delictiva”, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Datos de la Procuraduría General de la República del año pasado mostraron que en México operaban nueve cárteles y 45 células criminales.

En poco tiempo algunas de los brazos armados de los grandes cárteles se convirtieron en estructuras de gran envergadura como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), que surgió en el 2010. Un reciente informe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que en el 2015 el CJNG operaba en nueve entidades.

Por su parte, el investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes señaló que los cárteles del narcotráfico reponen a sus líderes con facilidad cuando los apoyos con los que cuentan estas bandas no son combatidos.

“Como hemos visto, no desarticulan a las redes del crimen. Tanto en el Gobierno, como en la iniciativa privada”, dijo, e hizo énfasis en la necesidad de perseguir a los aparatos financieros en los que se sostienen las operaciones criminales.

LA GUERRA FALLIDA

Felipe Calderón Hinojosa concretó sus intenciones de combatir de forma frontal al narcotráfico el 8 de diciembre del 2006 cuando declaró la guerra al narcotráfico.

Seis años después el panorama no era más alentador. “Diez años de panismo. Resultados”, un informe del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estimó que la iniciativa calderonista costó 467 mil millones de pesos.

Aquel 2012, Leon Panetta, Secretario de la Defensa de Estados Unidos, afirmó luego de una reunión con autoridades mexicanas que 150 mil personas habían muerto en la guerra contra las fuerzas criminales en México.

Sin embargo, a casi cuatro años de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha cambiado el curso de la estrategia de choque frontal, el Ejército sigue en las calles y el narcotráfico, también. ¿Por qué el Presidente sostuvo despliegue de su antecesor?

“El Gobierno federal nunca formuló en términos explícitos y concretos una nueva estrategia de seguridad. Como tampoco se han desarrollado a las policías. Entonces, su estrategia depende totalmente en las Fuerzas Armadas. No tiene un plan ‘b’”, dijo Cortez.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mil 240 agresiones en contra de elementos castrenses han sido registradas en distintos puntos del país. Del 2012 al 2015 hubo 57 militares asesinados y Sinaloa aparece entre las entidades donde se tienen más registros.

Al termino de agosto el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong instó a los gobernadores, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a desplegar medidas en el ámbito de seguridad.

Cortez señaló que el actual gabinete del Presidente Peña no ha tenido la intención de impulsar una nueva agenda en el tema de seguridad. Lo que ha enfrascado a la actual administración en los malos resultados para paliar la violencia.

En lo que va del año han sido asesinadas 23 mil 136 personas, de acuerdo con las averiguaciones previas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; cinco por ciento más que las registradas en el mismo periodo 2015.

Hoy el PAN, que impulsó el combate frontal, exigió al Gobierno que replantee las acciones contra la inseguridad.

El coordinador de la bancada de ese partido en el Senado Fernando Herrera Ávila dijo recién el domingo que las acciones han carecido de inteligencia, prevención y coordinación en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y en Sinaloa.

“Donde las organizaciones retan a un Gobierno federal ineficaz e indolente, con ataques directos a partidas militares”, señaló el legislador.

La prevención social de la violencia dejó de ser una prioridad para el Gobierno, señalaron críticos de la gestión del PRI, después de que el Programa Nacional sobre este tema, creado en el 2014, dejó de ser contemplado para el 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Roberto Campa [subsecretario de derechos humanos de la Segob] estuvo a cargo de la prevención en una primera etapa, y cuando salió empezaron las improvisaciones. La prioridad no era tener gente que supiera, sino que correspondía a compromisos políticos”, dijo Cortez.

Sin un modelo de prevención los sectores más vulnerables de la población pueden caer en las redes del crimen organizado.

En el 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detalló que el 46.2 por ciento de la población se haya en situación de pobreza.

Sin la inversión por parte de la entidades a la prevención de la violencia, las intervenciones del fuero federal en cualquiera de los estados terminan por ser insuficientes, ha señalado el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización que verifica el comportamiento de los delitos de alto impacto en el país.

En algunos casos el resultado indica nexos de los elementos con el crimen.

En los primeros siete meses del año, el 10 por ciento de los 54 mil 537 policías estatales evaluados en las 32 entidades del país resultaron reprobados en las pruebas de control y confianza.

Las entidades con mayores porcentajes de reprobados son: Nayarit, con el 66 por ciento de los evaluados en ese periodo; Hidalgo 54 por ciento; y Baja California Sur, 52 por ciento; Guerrero, 45 por ciento y Sinaloa 43 por ciento.

“No hay crimen sino hay complicidad de las redes gubernamentales”, resaltó Tirado.