La ONG responsabilizó al ex Presidente de realizar más de 272 mil 028 operaciones de ligaduras de trompas y 22 mil 004 vasectomías entre 1996 y 2001 a personas pobres e indígenas.

Las esterilizaciones forzosas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. Foto ilustrativa: Especial

Lima, 3 de octubre (EFE).- Un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales solicitaron hoy a la Fiscalía de Perú acusar al encarcelado ex Presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad al supuestamente haber esterilizado de manera inadecuada o forzosa a 236 mil mujeres durante su mandato.

Según un informe entregado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) al fiscal Luis Landa, 211 mil mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas, mientras que otras 25 mil mujeres no sabían que era una intervención irreversible.

Las estimaciones están basadas en el estudio “Política de esterilizaciones con información incompleta: Perú 1995-2000”, del economista Silvio Rendon, de la Universidad de Nueva York, y en otras investigaciones de Camila Gianella, del Instituto CHR Michelsen de Noruega.

Demus sostiene que su informe contiene pruebas que no habían sido consideradas hasta ahora por la Fiscalía para demostrar el carácter irregular o forzoso de las esterilizaciones, como por ejemplo el considerable número de intervenciones realizadas a mujeres menores de 25 años, analfabetas, quechuahablantes e indígenas.

Las esterilizaciones forzosas se realizaron casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, denuncia la ONG. Foto ilustrativa: Especial

De acuerdo a los datos del informe, el 11 por ciento de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años, edad para la que no es recomendable la ligadura de trompas como método anticonceptivo, según Demus, y el porcentaje se eleva hasta 15,6 por ciento en el caso de las mujeres quechuahablantes.

La ONG responsabilizó a Fujimori de mandar al Congreso la Ley Nacional de Población del año 1996, que despenalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método anticonceptivo, lo que permitió que solo en el año siguiente se alcanzara un pico de 100 mil esterilizaciones.

La directora de Demus, María Ysabel Cedano, explicó que “han transcurrido nueve meses y el fiscal superior Luis Landa aún no se pronuncia sobre las quejas interpuestas frente al archivo parcial de la investigación sobre el caso”.

“Existe suficiente evidencia para que el Ministerio Público denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue”, agregó Cedano, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por un grupo de mujeres que se declaran víctimas de esterilizaciones forzosas.

De acuerdo a los datos del informe, el 11 % de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años. Foto ilusrtativa: Especial

Esas esterilizaciones forzosas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272 mil 028 operaciones de ligaduras de trompas y 22 mil 004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

De esa cantidad, más de 2 mil mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

Fujimori ya cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras su “autogolpe” de Estado de 1992.