La orden de busca y captura lleva aparejada la prisión incondicional por las mismas razones que ya han llevado a prisión provisional al medio Govern.

Los autos piden su detención por un total de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia.

Madrid/Ciudad de México, 3 de noviembre (ElDiario.es/SinEmbargo).- La jueza ha dictado dos autos por cada huido. En uno, se cursa la orden de detención europea y se da traslado a la Fiscalía Federal de Bélgica. Esa Orden Europea de Detención se ha insertado también en el programa SIRENE de la policía. En el segundo se cursa una orden internacional de búsca y captura internacional para asegurar la detención de Puigdemont y los cuatro consellers estén donde estén.

Los autos piden su detención por un total de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia. Lamela además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia. Según explica la magistrada en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida, como la residencia fuera de España.

En los escritos, Lamela esgrime las mismas acusaciones por las que este jueves envió a prisión incondicional a Junqueras y otros siete exconsellers. Puigdemont y el resto del Govern “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español”.

LÍDER DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA

En auto del expresidente de la Generalitat, la jueza apunta que “los hechos imputados al reclamado, están referidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república”. “El reclamado impidió la aplicación de las leyes españolas, y desde luego la ley suprema que es la Constitución, impidiendo al tiempo, el cumplimiento de las resoluciones judiciales”, añade.

En el camino a la independencia, Puigdemont “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal”. Es más, el ya depuesto president “promovió actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña”.

Encontrándose Puigdemont y los cuatro consellers “en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio”, procede acordar, sostiene la jueza, la prisión provisional comunicada y sin fianza y su busca y captura, librándose “orden europea de detención y entrega con fines extradicionales”.

Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira habían solicitado la orden porque, argumentan, los consellers que están en Bruselas no han comparecido a pesar de que “es un hecho notorio y públicamente conocido” su citación. “Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, añade.

Puigdemont, Comín y Serret han pedido comparecer por videoconferencia “sin ofrecer dato alguno sobre su paradero”, escribe el fiscal. Por eso pide que se emita una orden de busca, captura y detención nacional e internacional contra ellos y el resto de consellers que no han comparecido.

Puigdemont y otros miembros del Govern ya habían avisado de que no acudirían a comparecer ante la jueza que les investiga por rebelión y malversación de fondos, como también señalan los fiscales. Según un comunicado publicado este miércoles, esperarán la acción de la justicia desde Bruselas.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes simplifican entre los países de la UE los procedimientos de extradición. Según recogen las leyes belgas, los ocho ex altos cargos catalanes serán detenidos de inmediato y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si Puigdemont y sus consellers aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero si no fuese así, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para decidir.

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