En menos de 24 horas, jueces del norte del país liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión con confesiones obtenidas a través de golpizas y abuso sexual por parte de policías estatales. Es el fracaso de la estrategia contra el crimen organizado, dijo la organización internacional.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La organización Amnistía Internacional consideró que la liberación de dos víctimas de tortura de cárceles mexicanas es una muestra de la estrategia fallida de las políticas de seguridad para combatir el crimen organizado en el país.

“Las injusticias en México se caen como fichas de dominó tras la liberación de dos víctimas de tortura en 24 horas por pruebas ilícitas”, dijo en un comunicado.

Y es que, efectivamente, jueces liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión luego de que a través de brutales golpizas, tortura y violencia sexual los policías los obligaron a incriminarse.

La organización alertó que con las liberaciones de Adrián Vázquez en Tijuana, y de Cristel Peña, en Ciudad Juárez, se da una “esperanza de justicia a un incontable número de personas torturadas detenidas injustamente”.

Amnistía Internacional sostuvo que ambos casos son comunes en México, donde “la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que torturan es casi total”.

Alertó además que esta situación “está empeorando”, pues, detalla, que las denuncias de tortura se duplicaron entre los años 2013 y 2014 y las autoridades no han sido capaces de mostrar una sola consignación que hayan presentado en contra de perpetradores a nivel federal en 2014.

Adrián Vázquez Lagunes, padre de cuatro niños, de oficio conductor de transporte, fue detenido mientras trabajaba en Tijuana el 26 de septiembre de 2012 y acusado de ser un narcotraficante de alto nivel por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante 12 horas, la Policía de Baja California lo sometió a amenazas, palizas y semiasfixia, incluso, narra Amnistía Internacional, los uniformados le introdujeron agua por la nariz hasta llenarle los pulmones.

Sus vecinos fueron testigos de cómo los elementos de seguridad lo golpearon cuando llevaron a Vázquez Lagunes a su domicilio para realizar un registro. Posteriormente, lo presentaron ante los medios de comunicación como un conocido narcotraficante de alto rango.

Sin embargo, desde que fue detenido, la defensa de Adrián demostró que el vehículo en el que viajaba no era robado, que en el registro de su atención había diversas irregularidades y que las autoridades no demostraron que las armas y drogas supuestamente halladas a Adrián Vásquez estuvieran relacionadas con él.

Finalmente, luego de que un juez local resolvió que no había evidencia para sostener los cargos en su contra, Adrián Vásquez fue liberado la madrugada del 2 de diciembre de una prisión en las cercanías de Tijuana, México, más de tres años después de ser arrestado y torturado por la policía estatal.

“El caso de Adrián es un ejemplo más de cómo la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano ha fallado en combatir el crimen organizado, y en su lugar está creando condiciones para torturar a las personas que son detenidas y para involucrarles en crímenes que no han cometido”, consideró Madeleine Penman, Investigadora para México de Amnistía Internacional.

“Adrián y su familia merecen una reparación integral por todo el sufrimiento físico y emocional que les ha sido causado”, recalcó.

Por su parte, Cristel Piña, una joven de 25 años de edad y madre de dos menores, permaneció durante más de dos años en una prisión de Ciudad Juárez por el delito de extorsión, el cual ella confesó en una grabación de video luego de que policías del estado de Chihuahua la golpearon brutalmente y la violaron.

Piña es de las primeras sobrevivientes de tortura sexual que testificó en el nuevo sistema de justicia oral. La joven madre tuvo que enfrentarse frente a frente con su torturador, un miembro de la Policía Estatal de Chihuahua que continúa activo como funcionario público, precisó la organización.

Cristel Piña levanta la mirada para encontrarse con los ojos de su torturador.

“¿Te acuerdas cómo me dijiste que nunca me iba a olvidar de tu cara?”, le pregunta la joven de 25 años a un Policía.

“Sí, me acuerdo”, responde el oficial.

“¿Te acuerdas cómo me obligaste a darte sexo oral mientras el otro Policía se masturba enfrente mío?”, continúa.

El Policía le mira de frente y responde: “No me acuerdo”.

Ese mismo Policía que Cristel tuvo que enfrentar, fue el mismo que en agosto de 2013 ingresó junto con otros uniformados a la casa de Piña, donde la arrestaron junto con su esposo, a ambos los golpearon, y a ella le quitaron la blusa y la violaron.

“Vamos a divertirnos, pendeja”, le dijeron.

Cristel fue acusada de extorsión, y luego de ser torturada, fue obligada a que se autoincriminara ante una cámara de video, sin embargo tan pronto como fue puesta ante un juez ella se retractó y denunció las agresiones, e incluso se levantó el pantalón y enseñó sus heridas. Pero ni el juez ni el Ministerio Público le dieron seguimiento a sus denuncias.

“Esos detalles no vienen al caso”, fue la respuesta del Ministerio Público ante las acusaciones de tortura.

“Nadie te va a creer que te golpearon”, le dijo el médico oficial cuando la examinó.

Ese mismo elemento de seguridad se encontraba sentado con cara solemne ante una juez, confirmando que llevó a cabo el arresto en agosto de 2013, cuando Cristel testificó en su contra y le dijo:

“Me hiciste mucho daño. Y ahora no te vas a olvidar de mi cara”.

Cristel pasó los últimos dos años en prisión, mientras que el hombre que ella denuncia por haberla torturado, sigue libre y continúa trabajando como funcionario público. La semana pasada una juez absolvió a Cristel y concluyó que no había evidencia para condenarla, y finalmente fue liberada ayer.

“No entiendo porque me pasó todo esto”, declaró Cristel con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que “como Cristel y Adrián, hay miles de casos de personas injustamente detenidas a lo largo y ancho del país que han sido torturadas hasta que accedieron a aceptar su culpa por un crimen que no cometieron. La liberación de estas dos víctimas nos muestra que ya es tiempo de que las autoridades abran sus ojos a esta realidad vivida por tantas otras personas torturadas que se encuentran tras las rejas en todo México”.

“El hecho de que jueces de diferentes Estados del país puedan desmontar acusaciones débiles que solo se sustentan en confesiones obtenidas tras torturas demuestra que puede haber esperanza de justicia para otros casos”, agregó Guevara Rosas.

La organización recordó también el caso de Yecenia Armenta, quien lleva tres años y medio en una prisión acusada del asesinato de su esposas, pese a que se ha denunciado que al momento de su detención la mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Sin embargo, los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

“Yecenia Armenta comparte con Adrián y Cristel la misma historia de sufrimiento e injusticia, y le pedimos a todas las autoridades que permitan que como las otras víctimas de tortura recientemente liberadas, Yecenia pueda estar en su casa con sus seres queridos para estas Navidades”, finalizó Erika Guevara.