Los gastos de publicidad del Presidente Enrique Peña Nieto durante su época como Gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011, quedaron extraviados en alguna dependencia de gobierno. A través de tres solicitudes de transparencia, SinEmbargo intentó obtener los datos. Las respuestas llevaron hasta la Secretaría estatal de Transporte. Obvio, allí tampoco había nada.
El Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal plantea: “Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información que generen en el ejercicio de sus atribuciones”. Pero en Edomex esos datos están extraviados.
El gobierno de Eruviel Ávila Villegas, que intentó ocultar la información sobre la matanza de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya en junio del año pasado, respondió al formalismo de las solicitudes de transparencia, pero como si no lo hiciera: no entregó las cifras.
En diciembre de 2014, cuando se hizo la primera petición, hubo inconsistencias en las respuestas que envió la Dirección de Comunicación Social, que remitió a la Secretaría de Transporte que, a su vez, envió al solicitante nuevamente a Comunicación Social. Y en los informes de gobierno, correspondientes al periodo de Peña Nieto, tampoco aparecen los datos.
Según la normatividad del Estado de México, tampoco es posible acceder, vía Saimex (portal de transparencia mexiquense), a la información de administraciones anteriores…
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– México aún no cuenta con la normatividad necesaria para guardar y ofrecer a los ciudadanos el acceso a la información de administraciones gubernamentales concluidas, coinciden especialistas en la materia. Y quedó plenamente confirmado con la data de los gastos de publicidad ejercidos durante la gestión de Enrique Peña Nieto como Gobernador en el Estado de México (2005-2011): permanece oculta, a pesar de tres solicitudes de información que SinEmbargo emitió desde diciembre de 2014.
El gobierno del actual mandatario, Eruviel Ávila Villegas, no permite, aun si se le pide por distintas vías, el transparentar los gastos ejercidos durante la administración de su antecesor bajo el Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, que plantea:
“Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información que generen en el ejercicio de sus atribuciones”.
Esa fue la respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social a la solicitud que requería información sobre los gastos de publicidad efectuados a lo largo de la administración de Peña Nieto en la entidad mexiquense, desagregados por medio de comunicación, montos, campaña y fecha.
Sin embargo, previo a esta respuesta, hubo dos solicitudes de información que tuvieron respuestas inconsistentes. La primera fue realizada a la Coordinación General de Comunicación Social y se obtuvo una respuesta que dirigía a la Secretaría de Transporte, cuando la solicitud pedía informe de gastos que son efectuados por esta Secretaría.
La respuesta a la solicitud que se envió a Transporte, refirió de nueva cuenta a la Comunicación Social del Estado de México.
Finalmente, la última respuesta fue que la información solicitada no se había encontrado, ya que corresponde a la administración anterior.
DEBILIDAD ESTRUCTURAL
En entrevista para SinEmbargo, María Marván Laborde, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), expresó que esta problemática no recae por completo en el tema de la transparencia, sino en la ausencia de una Ley General de Archivos, en la que los legisladores no han trabajado y la sociedad no ha exigido, por lo que no se sabe si actualmente hay al menos algún borrador que establezca el manejo de la información que las administraciones van dejando tras concluirse su periodo.
“No tenemos una política pública definida en esos términos, que diga qué documentos tienen qué estar y cuánto tiempo en los archivos administrativos vigentes y en qué momento y cómo se hacen depuraciones […] Es una debilidad estructural la que tenemos en la administración pública en nuestro país, en que no le damos importancia a estas normas de archivo.
“Cualquier administrador que haya ocupado un puesto público en el momento de la entrega recepción los contralores están más preocupados porque se quede el mobiliario que está inventariado que porque se queden los documentos que estaban a su cargo”, dijo la politóloga Marván.
De acuerdo con lo expresado por la ex comisionada, parece lejano el momento en el que se puedan hacer solicitudes de información vía electrónica de archivos de administraciones pasadas, la única vía es acudir al archivo del Estado y revisar si la información aún existe.
Por lo menos, de acuerdo con la normatividad del Estado de México, no es posible acceder vía Saimex (portal de transparencia mexiquense) a la información de administraciones anteriores.
LOS DATOS QUE SE CONOCEN
De acuerdo con el informe de Fundar “Ficha de análisis de Gasto de Publicidad Oficial en el estado de México”, publicado en 2012, el gobierno de Enrique Peña Nieto realizó gastos en comunicación social y publicidad gubernamental, por un monto total de 646.6 millones de pesos.
En lo que respecta a la información de campañas publicitarias, que también fue obtenida a través del sistema de transparencia estatal, la organización obtuvo los gastos de tres campañas que se realizaron en la administración del ahora Presidente, la del cuarto y quinto informe de gobierno, y la de los logros.
En la primera se pagó un total de 20 millones 126 mil 940 pesos.
En la del quinto informe, de un total de cinco contratos celebrados con Televisa, Tv Azteca, Milenio Televisión, Imagen y Soluciones Integrales y Tele Fórmula tuvo el gasto total fue de 17 millones 423 mil 599 pesos.
En lo que respecta a la campaña de los logros de la administración de Peña Nieto, se reportaron gastos por 64 millones 237 mil 351 pesos; estos datos también fueron obtenidos a través de una solicitud de información de Fundar.
En suma, con los datos que fueron recuperados de tan sólo tres campañas, Enrique Peña Nieto gastó 101 millones 788 mil pesos.
En las cifras de 2010, Fundar detectó una serie de inconsistencias entre las cifras que la Coordinación de Comunicación del Estado tuvo que dar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por una sentencia sobre la difusión de spots.
Tan sólo en ese año, los gastos ascendieron a 66 millones, 858 mil 347 pesos; en respuesta a una solicitud de información que Fundar lanzó, sólo se notificó de dos contratos, uno a Televisa por 61 millones 16 mil 592 pesos, y otro a Tv Azteca por 16 millones 814 mil 347 pesos.
Sin embargo, en lo que Comunicación Social del Estado reportó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , el contrato de Televisa es de 60 millones 476 mil pesos, el de Tv Azteca es de 23 millones 200 mil pesos, más de 6 millones de pesos más que la cifra que se obtuvo por transparencia.
Además se añaden otros tres contratos, de nueva cuenta con Milenio Televisión (1 millón 392 mil pesos), Imagen Soluciones Integrales (1 millón 160 mil pesos) y Tele Fórmula (1 millón 500 mil pesos).
De 2005 a 2010, Fundar señaló que en el Estado de México los gastos totales en publicidad oficial se duplicaron.
SIN LEGISLACIÓN DE HISTÓRICOS
Para Marván, hay, efectivamente, un problema para guardar documentos en papel o en digital; dijo que actualmente no hay institución que pudiera cargar con la información de los últimos cinco sexenios, por decir un ejemplo.
“Llega un momento en que la documentación tiene que irse a archivos históricos. La legislación mexiquense debe establecer cómo se depuran archivos, cada cuando y cómo se hace […]. Por eso es importante que en la nueva ley de transparencia, la legislación obligue a los funcionarios a documentar todos sus actos de autoridad y a mantenerlos en activo, tener claridad de cuánto tiempo tienen que estar en los archivos vigentes, y una vez que se depuren, establecer dónde van a quedar”, comentó.
Desde su perspectiva, si no hay una adecuada ley de archivos, la ley de transparencia no estará completa, “en la reforma constitucional se ha promovido una ley [de archivos] que está dormida”.
“No se sabe si ya está en el Senado, si al menos ya hay un borrador; tampoco se sabe en qué está trabajando el Archivo General de la Nación y justamente se deben establecer reglas claras sobre qué documentos y cuánto tiempo tienen que estar vigentes, cuáles se tienen que quedar en la institución en forma electrónica y cuáles hay que mandar al Archivo Histórico o darlos de baja […] No habrá una buena ley de transparencia si no se tiene una buena ley de archivos”, concluyó.
