Por Shaila Rosagel, Mayela Sánchez, Linaloe R.Flores, Sergio Rincón y David Martínez

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El sistema político en México está caduco y el de los alcaldes es un ejemplo de la falta de compromiso democrático y cultura cívica, plantearon analistas y activistas consultados por SinEmbargo, y quienes analizaron los recientes escándalos protagonizados por los munícipes de San Blas, Nayarit y de Saltillo, Coahuila.

Para los académicos y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los alcaldes y autoridades locales son un ejemplo no sólo de que el sistema está corrompido sino de que sus excesos son producto de años de impunidad y de la falta de Estado de Derecho.

“Son como emperadores romanos de pueblo que creen que pueden hacer lo que sea”, afirmó Jorge González de León, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

José Fernández Santillán, doctor en Historia de la Ideas por la Universidad de Turín y actual profesor–investigador del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, expuso que si bien el comportamiento de los alcaldes de San Blas, Nayarit y Saltillo, Coahuila es lamentable, hay una opinión pública vigilante. “Antes, este tipo de actos no se conocía, o se sabía mucho después. Hoy, los funcionarios públicos ya saben a lo que están expuestos. Ya hay un contrapeso ganado después del Movimiento de 1968”.

Fernández Santillán planteó que ese contrapeso no debe limitarse al escándalo. “La opinión pública no sólo debe señalar. Debe exigir que se aplique la ley. El final de este tipo de escándalo debe ser el castigo. Al final, se trata de actos inmorales o de corrupción”, dijo.

Para el politólogo Enrique Toussaint, la descomposición del sistema político mexicano ha llegado a un grado en el que el abanico de abusos es cada vez más amplio y con tintes de cinismo más marcados. Para este analista formado en la Universidad de Guadalajara impera “un discurso deplorable” que ya no resistirá más porque ha tocado fondo de manera dramática y vergonzosa.

Ayer se hizo público que el Edil de Saltillo, Coahuila, Isidro López Villarreal, convirtió la explanada de la Presidencia Municipal en un patio de fiestas, en horario laboral.

Durante la celebración de su cumpleaños 59, el Presidente municipal utilizó personal de la Policía Preventiva para vigilar su festejo, de acuerdo con Zócalo. Los centros comunitarios cerraron sus puertas como en día inhábil para que su personal acudiera al festejo. Empleados y directivos de las áreas de Desarrollo Social, Tesorería, Salud Pública y el DIF Saltillo también dejaron sus puestos para acudir al festejo del Edil. La banda “La Machaca” se encargó de amenizar la fiesta. Se repartieron tres pasteles gigantes y refrescos para todos los asistentes.

El Alcalde dijo primero no estar enterado de su festejo. Pero al llegar a la Presidencia Municipal, de acuerdo con el periódico Zócalo, se dirigió directamente a la explanada en lugar de llegar a sus oficinas, para dar un mensaje a quienes acudieron al festejo. De acuerdo con versiones, regidores del Partido Acción Nacional (PAN) se cooperaron para los gastos y para movilizar a los asistentes. Algunas áreas de atención ciudadana dejaron de funcionar para agasajar al edil.

Otro caso es el de Hilario ‘Layín’ Ramírez Villanueva, Alcalde San Blas, Nayarit, quien ha sido ampliamente criticado ya que el domingo pasado, durante un largo festejo, bailó con distintas mujeres que se encontraban presentes pero a una de ellas le levantó el vestido delante de una multitud; y no fue una, sino tres veces, a pesar de que desde la primera vez la mujer se bajó la prenda en señal de rechazo a la actitud del funcionario.

Ramírez Villanueva festejó su cumpleaños con una celebración valuada en unos 15 millones de pesos. Se trata del mismo político “ciudadano” que aceptó el pasado mes de junio, cuando aún no era reelecto, que robó dinero de las arcas municipales durante su mandato. “¡Que le robé a la Presidencia! ¡Sí le robé, sí le robé, sí le robé! Pero poquito porque está bien pobre. No’más una rasuradita, una rasuradita”, dijo.

Pese a estas declaraciones, el pasado 7 de julio fue electo nuevamente para el cargo.

El polémico Alcalde se festejó su cumpleaños 44 en su rancho del poblado de Huaristemba. Dispuso 50 mil cartones de cerveza cuyo costo se estima en al menos 13 millones de pesos y 50 reses para birria, equivalentes a 600 mil pesos, según calculó el periódico Reforma. El diario, supo que Ramírez Villanueva gastó por concepto de meseros y mobiliario 250 mil pesos y 1.2 millones de pesos para que la Banda El Recodo amenizara el evento.

Reforma publicó que el evento tuvo un costo de 15 millones de pesos, lo que es cercano a los 15.9 millones de pesos que recibe el municipio de San Blas, Nayarit, para seguridad.

Pero el Alcalde se defendió y dijo que sus amigos costearon la celebración y que no utilizó dinero del erario público.

UN SISTEMA “PODRIDO”

Para Jorge González de León, el actuar de varios alcaldes en México es síntoma de un sistema político mexicano que “está podrido”.

“El grado de cinismo, impunidad es terrible y cada vez ratifica más la descomposición de la clase política en México. Son como emperadores romanos pero de pueblo, creen que pueden hacer lo que quieran y lo hacen”, indicó.

Otro ejemplo, según el activista. es el de José Luis Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala, Guerrero, encarcelado por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hace cinco meses y quien aún no ha exlicado con claridad cuál fue el móvil para actuar en contra de los jóvenes.

“No hay móvil, simplemente es porque ‘se me da la gana y porque puedo’, es lo peor del autoritarismo del país y de la descomposición total de la clase política”, explicó.

La responsabilidad añadió, no sólo está en la cancha de los partidos políticos, sino también del gobierno federal y del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El gobierno federal es como una avestruz: ve lo que quiere ver. Él gobierno y el INE deben estar preocupados por poner controles para que no llegue esta gente delincuente al poder”, detalló.

El activista agregó que debido a la corrupción que vive el sistema político en México, la sociedad civil puede darle la espalda a los procesos electorales.

Un “boicot”, una negativa a participar y validar procesos sucios, advirtió.

“Definitivamente que el sistema ya dio todo lo que tenía que dar, ya está colapsándose porque es altamente corrupto, y hace falta una que llegue una nueva generación que llegue a cambiar las cosas. Desafortunadamente eso no se ve que vaya a suceder pronto si veos a los candidatos que se están postulando [en este proceso electoral”, dijo Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.

“Se requiere que la clase política verdaderamente represente a las voluntades del pueblo, porque prácticamente lo que están haciendo algunas camarillas que llegan al poder es autoprotegerse en contra incluso de intereses del mismo pueblo”, agregó.

En opinión de Eduardo Bueno, académico de la Universidad Iberoamericana, esta situación es un problema de cultura cívica, de compromiso democrático y de ausencia de un proyecto de desarrollo local, que se relaciona con la visión “mercantilista” y “patrimonialista” de los alcaldes al llegar al poder.

La “mercantilización”, explicó en entrevista Bueno León, “consiste en que consideran al gobierno local de su propiedad, como una instancia que les puede permitir seguir avanzando en sus aspiraciones políticas pero sin dejar de lado esta visión patrimonialista”. Mientras que la “patrimonialización”, de acuerdo con el especialista, ocurre porque los ediles creen que por haber invertido recursos en las campañas políticas que los llevaron al poder, al llegar al cargo pueden disponer abiertamente de los recursos del ayuntamiento y neutralizar los controles que se los podrían impedir.

“Esta visión mercantilista y patrimonialista es consecuencia de una falta de cultura cívica, pero fundamentalmente de una ausencia de proyecto de desarrollo local”, consideró el profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UIA. Esta situación es más notoria en entidades donde no ha habido alternancia ni a nivel municipal ni estatal, pues ahí “se ha mantenido la estructura política y patrimonial y clientelista de esos regímenes”.

El politólogo y sociólogo apuntó que a nivel municipal hacen falta sistemas de contrapesos, como el desarrollo de una participación ciudadana real, dotar de un mayor peso a los cabildos abiertos, una efectiva rendición de cuentas y la posibilidad de revocar el mandato a los alcaldes.

“Eso puede provocar una reacción de los ciudadanos ante los excesos evidentes de los alcaldes”, manifestó. Sin embargo, dijo, actualmente no existen esos contrapesos a los poderes municipales.

“Yo no veo que existan esos contrapesos ni tampoco que el marco normativo de los municipios permita su desarrollo”, expresó.

EL PRINCIPIO DE LA “PODREDUMBRE”

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que se “está descubriendo la podredumbre de los sótanos del poder” y el discurso “engañoso y de doble cara” de la clase política mexicana.

“Tienen un desprecio a la población. Es gente que sin ningún respeto a la dignidad de las personas, se sienten dueños del poder y creen que con dinero pueden usar y abusar de las personas. Darle un trato indigno a las mujeres como el Alcalde de San Blas”, expuso.

El poder, explicó, es un “cheque en blanco” para los políticos. El caso de Iguala en Guerrero, donde se ubica Tlachinollan, es emblemático.

“Pero hay más alcaldes de la región de Tierra Caliente –en Guerrero– que han sido investigados por el uso indiscriminado de los recursos. Un uso ilícito de estos recursos con grupos del crimen organizado. Alcaldes que aparecen cantando narco corridos y participan en negocios de corridas de toros y gallos”, aseguró.

Para el doctor Vidal Fernando Romero León, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no existe alguna autoridad que le ponga un freno a los presidentes municipales en México, por varios factores: las alcaldías no recaudan y por tanto los ciudadanos no pueden castigar por medio de sus impuestos, el gasto público descentralizado les otorga poder absoluto de gasto ante un pésimo sistema de fiscalización federal, además que impera el encubrimiento por parte de autoridades estatales que atiende a un intercambio de favores.

“En las reglas actuales, literalmente, no hay quien les ponga el alto. En todo caso, las legislaturas locales, que son las que formalmente tendrían que hacer algo no lo hacen porque hay un mercado negro impresionante de intercambio de favores, de cuentas públicas municipales”, dijo Romero León.

“Es un intercambio entre los partidos políticos: tengo un Alcalde que se robó, te lo cambio por el tuyo y no pasa nada para ninguno de los dos. Las cuentas corruptas, los escándalos, se guardan en el cajón para cuando se puedan intercambiar. Por eso es que no pasa nada. Y lo saben los alcaldes, por eso hacen lo que quieren”, agregó el politólogo.