Santiago de Chile, 4 mar (dpa) – La Fiscalía chilena solicitó hoy los primeros arrestos y arraigos de empresarios y políticos en el marco del emblemático juicio contra el banco Penta por evasión tributaria y financiamiento ilegal de campañas políticas.
“Penta es una máquina organizada para defraudar”, subrayó en los alegatos el fiscal Carlos Gajardo, considerado un independiente que suele comentar en redes sociales la necesidad de acabar con la corrupción.
El órgano persecutor pidió a los tribunales ordenar la prisión preventiva de los controladores del grupo, Carlos Lavín y Carlos Alberto Delano. Además demandó la reclusión domiciliaria de los gerentes Hugo Bravo, Manuel Tocornal y Luis Irrarázaval, así como arraigo nacional para el ex senador Carlos Bombal, líder de la opositora Unión Demócrata Independiente.
La audiencia, que el juez Manuel Escobar previó que durará hasta el domingo, continuará este jueves cuando la Fiscalía formalice las medidas que pedirá para los demás imputados, incluido Pablo Wagner, ex viceministro de Minería de Sebastián Piñera.
“No somos Al Capone”, se defendió en tanto Delano, cuya defensa consideró exageradas las peticiones de la Fiscalía.
El banco Penta, uno de los principales grupos económicos del país, es investigado desde el año pasado, luego de que su ex gerente Hugo Bravo denunciara los hechos en medio de un juicio laboral contra la empresa, grabando incluso en secreto conversaciones con sus antiguos jefes, Carlos Lavín y Carlos Alberto Delano.
La Fiscalía, tras la revisión de correos electrónicos y facturas, descubrió que los actuales senadores Iván Moreira y Ena von Baer, ambos de la conservadora UDI, demandaron pagos irregulares a Penta para sus campañas políticas.
Penta, un holding con inversiones en los negocios inmobiliarios, de la salud y la banca, financió además irregularmente las frustradas campañas presidenciales de Laurence Golborne y Pablo Longueira, también líderes de la UDI.
Las pesquisas, sin embargo, revelaron colateralmente operaciones similares en empresas como la minera Soquimich, el banco Corpbanca y la empresa de retail Rupley.
Los nombres de diputados y senadores del gobierno de Michelle Bachelet asomaron en esas indagaciones, las que aún no están en etapa de acusación.
La crisis derrumbó a mínimos históricos el apoyo de la ciudadanía a las élites políticas, hecho que coincidió con la revelación de prestamos bancarios millonarios al hijo de la presidenta Bachelet, el politólogo Sebastián Dávalos, incidente lamentado por la mandataria.
En medio de los hechos, Bachelet se comprometió a enviar al Congreso una propuesta para regular la relación entre negocios y política.
