En una gran cantidad de instituciones públicas se han creado Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Foto: Archivo Cuartoscuro

El poder corrompe, es una máxima que suele cumplirse en la mayor parte de los seres humanos a la que debe sumarse otra: el poder enloquece. Sólo una profunda mezcla de sabiduría y humildad puede evitarlo, un hecho excepcional, no común, en especial entre quienes tienen el propósito de hacerse del poder. Sin embargo, la corrupción y la perdida de cordura en quien detenta el poder es por mucho una consecuencia de la falta de controles sociales sobre el poder, es la falta de empoderamiento social la que permite que esto ocurra al no tener los ciudadanos las herramientas para evitarlo.

La antropología política ha demostrado que las sociedades que no tienen mecanismos y herramientas específicas para vigilar y controlar el ejercicio del poder llevan a quienes detentan el poder a hacerlo en su propio beneficio, llevan a la corrupción y al autoritarismo.

La corrupción del poder en México y su ejercicio degenerado, así como la penetración del crimen organizado y desorganizado en sus instituciones, no puede enfrentarse sin la participación y vigilancia de la sociedad en el ejercicio del poder. Ningún candidato, por mayor compromiso que tenga con la trasparencia y contra el conflicto de interés, podrá hacerlo. Desde el municipio al Gobierno federal, desde la escuela a los congresos, es necesario que la sociedad se empodere a través de una serie de instancias que creen la cultura democrática que urge a nuestra sociedad. No será un camino inmediato ni fácil, pero cada paso nos alejará positivamente de la situación terrible en la que estamos y que el cambio en el poder transforme a la sociedad, dándole el control sobre el mismo poder, sin depender quien lo ejerza.

¿Cuál partido, cuál candidato, se atreverá a proponer la creación de estructuras de control efectivo ciudadano de su ejercicio del poder como una premisa básica de su plataforma política? ¿quién está dispuestos a ir más allá del limitado acceso a la información existente y de las designaciones de ciertos funcionarios controladas por la partidocracia? ¿quién o quiénes están dispuestos a abrir al escrutinio público a sus organizaciones políticas a partir del 2018?  ¿qué candidato, qué partido está dispuesto a que sea obligación exponer el conflicto de interés de sus funcionarios, de sus candidatos, de sus propios asesores?

¿Qué candidato?, ¿qué partido suscribe los principios establecidos como buena práctica de designaciones de servidores públicos por organizaciones como Fundar y Artículo 19? Quién se compromete al establecimiento de un procedimiento que instituya que las designaciones de funcionarios públicos deben cumplir con: las definiciones de los perfiles ideales de acuerdo al contexto de la institución y el país; las definiciones de los mecanismos de evaluación de los candidatos al cargo, estableciendo que debe ser público el proceso de selección; hacer pública y amplia la discusión entre los encargados de la decisión en el proceso de selección; la clara correspondencia entre el perfil del cargo y la selección; la participación ciudadana en audiencias y que el grupo de acompañamiento esté conformado por notables, académicos, expertos y organizaciones especializadas, libres todos de conflicto de interés.

¿Cuál candidato se atreve a deshacerse de sus cuates, de sus incondicionales, para la formación de su Gobierno? Los grandes estadistas se han rodeado de los mejores hombres y mujeres, de los más profesionales y expertos, de aquellos claramente definidos en el interés público. Los hombrecitos se rodean de sus subordinados, de sus cuates, de sus parientes, no los vayan a cuestionar, no los vayan a opacar y, sobretodo, no los vayan a exhibir. Con hombrecitos solamente tenemos pasitos que se hunden en un mundo extremadamente agitado. Las tormentas de nuestro tiempo requieren capitanes e ingenieros abordo extremadamente hábiles y que tengan por único fin llevar la nave a buen puerto o al menos acercarnos a él. Que cuenten con la confianza de los marineros y que tomen en cuenta su experiencia. No debemos tener en el timón ni en el cuarto de máquinas a personajes que están viendo cómo, llenos de riquezas, abandonar el barco, piratas que tienen el pie puesto en otras naves.

¿No le ayudaría a un gobernante, para el buen desempeño de su administración, contar con controles ciudadanos que le garanticen funcionarios preparados, expertos, sin conflicto de interés? Sin duda, le ayudaría que existieran procesos de transparencia y vigilancia que eviten los piratas, la corrupción, el contubernio y el conflicto de interés en su gobierno y en su organización política. ¿Puede un gobernante, por más honesto que sea, controlar la corrupción en su gobierno?, ¿puede hacerlo un candidato en su partido.?

Ante la caída libre del país en la corrupción y la violencia, el sector empresarial se ha lanzado a demandarle al gobierno una política efectiva frente a la corrupción y el conflicto de interés. Estamos de acuerdo en ello, sin embargo, parte poderosa del sector empresarial no está de acuerdo en que los órganos reguladores estén conformados por funcionarios y grupos de trabajo en los que se garantice la exclusión del conflicto de interés. No es de extrañar que en México los órganos reguladores han estado bajo la captura de los regulados, es decir, bajo la influencia de la industria que debe ser regulada. El contubernio ha estado ahí entre funcionarios y empresarios para que las normas y las regulaciones estén elaborados a su gusto. Algunos pasos se han dado en materia de telecomunicaciones y podemos ver los beneficios que esto nos ha traído al tener más ofertas y bajar los costos de los servicios. Pero no es así en muchas otras áreas.

El tema del conflicto de interés en la política mexicana ha sido reconocido para únicamente simular que se combate. En una gran cantidad de instituciones públicas se han creado Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Sin embargo, estos comités están dominados por los propios funcionarios, no tienen una representación ciudadana independiente, sirve únicamente para simular que se vigila el conflicto de interés.

Existen múltiples ejemplos de políticas para enfrentar el conflicto de interés alrededor del mundo y que son una herramienta muy necesaria, entre otras más, para garantizar que la política se ejerce con la única finalidad de proteger el interés púbico. Desde el establecimiento de regulaciones que obligan a hacer del conocimiento público los encuentros de funcionarios y legisladores con representantes de los poderes económicos, como el contenido de estas reuniones. Se establece también prohibiciones a que legisladores o funcionarios públicos, al dejar sus cargos, puedan realizar actividades que beneficien a un actor privado a partir del conocimiento y vínculos que crearon en su cargo público. Esta última regulación que ha sido establecida, entre otros países, en Canadá, hubiera sido suficiente para dejar sin empleo a un gran número de personajes que han dejado sus cargos para fundar las agencias de cabildeo más influyentes. Existe una lista larga de estos personajes en México. Es un hecho que las más importantes agencias de cabildeo en México fueron creadas por exfuncionarios o los han empleado.

En este sentido, preguntamos: qué candidato, qué partido u organización política se compromete a establecer que: 1) todas las personas que participen en la elaboración de políticas públicas presenten una declaración de intereses, desde funcionarios hasta invitados a grupos de trabajo; 2). todos los consultores, expertos, analistas que emitan opiniones relacionadas con alguna política pública deban presentar una declaración de intereses; 3). las instituciones y actores participantes en la elaboración de estas políticas o normatividades deban hacer públicas sus fuentes de financiamiento relacionadas con su labor para emitir recomendaciones de política pública. 4). estas declaraciones de intereses deban ser analizadas por un grupo establecido adhoc, libe de conflicto de interés, conformado por gobierno, academia y sociedad civil; 5). después de revisar las declaraciones de intereses, este grupo adhoc deba emitir una opinión sobre si: 1) los intereses declarados por los participantes en el diseño de la política pública o aquellos que están aportando su opinión, no presenten inconvenientes, 2) los intereses declarados no se consideren graves y por lo tanto la participación deba limitarse sólo a la emisión de opiniones y no a la toma de decisiones, y 3) los intereses declarados se consideran graves y no se permite la participación en ninguna etapa del ciclo de políticas públicas, incluyendo la aportación de opiniones.

¿Hay algún candidato que proponga establecer estos mecanismos para garantizar las capacidades y el interés público de los funcionarios en su propuesta de Gobierno? ¿Cuáles podrían ser las razones para que no acepten establecer estas políticas que ya se implementan en otras naciones? Las únicas razones para que un candidato/candidata no acepte estas políticas es que ha partido ya de un profundo conflicto de interés, de alianzas y favores que le han brindado diversos poderes fácticos, legales y/o ilegales, que deberán pagar, si se hacen del poder. En decir, tendrá que pagar los favores a través  de designaciones, de nombramientos, y tendrá que apoyar la elaboración de regulaciones y normas al gusto de sus aliados innombrables o al menos bloquear aquellas que no sean de su gusto.

Esta nota no va a favor ni en contra de ningún candidato, expone lo que consideramos herramientas necesarias para ejercer una administración eficiente y sin conflicto de interés, una democracia más real. Si a alguien molesta esta propuesta es porque algo anda mal en su candidato. Hasta el momento ningún candidato se ha pronunciado en detalle sobre esta política, esta es una invitación a que lo hagan. Sabemos que no basta sólo con la declaración, demagogia sobra en este país.